(1)
Por: Pablo Gentili | 14 de mayo de 2012
La delincuencia y la violencia constituyen el principal problema nacional para gran parte de los latinoamericanos. Así lo evidencia una nueva encuesta de Latinobarómetro, cuyosresultados fueron presentados esta semana en Lima.
Aunque sabemos que la opinión de las personas no necesariamente se corresponde con la realidad de las cosas, los motivos que explican esta percepción parecen ser bastante contundentes. En efecto, Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Según datos de las Naciones Unidas, posee la más alta tasa de homicidios del planeta: de los 20 países con más asesinatos, 12 son latinoamericanos o caribeños. Una realidad que suele esconder evidencias aún más dramáticas. Las tasas de homicidio juvenil son, en América Latina y el Caribe, superiores al doble que las existentes en el continente africano, 15 veces más altas que las registradas en Asia y 30 veces más altas que las europeas.
De los 18 países encuestados por Latinobarómetro, Brasil es uno de los pocos que no considera la violencia su principal problema nacional, sino la salud pública. Entre tanto, 52% de los brasileños encuestados dice vivir en un país cada vez más inseguro y 84% sostiene que la delincuencia ha aumentado durante los últimos años. La sensación de inseguridad de la población brasileña es una de las más altas de la región.
La combinación de una realidad marcada por la violencia y la percepción de que la seguridad ciudadana es altamente precaria y vulnerable, explica que ningún político latinoamericano desprecie el tema. En Brasil, como en todo los países del continente, hacer de la lucha contra la violencia una promesa electoral o una prioridad de la acción gubernamental, constituyen prácticas tan recurrentes como la permanencia del país en las primeras posiciones de los ranking de homicidios e inseguridad.
Algo parece andar mal.
Si la gente se da cuenta que la violencia es un problema cotidiano, también suele darse cuenta que las políticas que tratan de controlarla son ineficaces o limitadas para garantizar su seguridad y protección. Que la sexta potencia mundial ostente, según datos oficiales,1.091.125 asesinatos entre 1980 y 2010 constituye un enorme problema en materia de derechos humanos y un inmenso desafío para el desarrollo de una política de seguridad pública democrática. Especialmente, si se considera que la tasa de homicidios ha crecido de forma sistemática desde 1980, cuando alcanzaba los 11,7 asesinatos cada 100 mil habitantes, llegando a 26,2 en el 2010.
El Mapa de la Violencia en Brasil, elaborado anualmente bajo la coordinación del investigador Julio Jacobo Waiselfisz, nos ayuda poner en perspectiva comparada esta realidad aterradora. Utilizando como referencia datos aportados por las Naciones Unidas, dicho estudio muestra que, entre el año 2004 y el 2007, 208.349 personas murieron en los 62 conflictos armados existentes en el mundo. Durante el mismo período, fueron asesinadas en Brasil, 192.804, una cifra bastante semejante a la primera y superior a la que sumaron los muertos en los 12 conflictos armados más importantes del planeta en esos cuatro años: 169.574. Entre 1947 y el año 2000 murieron como consecuencia del conflicto entre Israel y Palestina cerca de 125.000 seres humanos. Esto significa que, cada 10 años, perdieron la vida en dicho enfrentamiento 23.580 personas, menos de la mitad de las que son asesinadas cada año en Brasil. En una década han muerto en el conflicto entre Israel y Palestina la misma cantidad de jóvenes que mueren asesinados en Brasil en 16 meses. Así mismo, los muertos en la Guerra de Irak entre 2004 y 2007 constituyen el 40% de los que han muerto como producto de la violencia homicida en Brasil durante ese mismo período.
Sin lugar a dudas, los brasileños tiene motivos para estar preocupados.
Aunque las políticas gubernamentales han tenido un efecto muy limitado en contener la violencia, algunos buenos ejemplos se destacan en el campo de la seguridad pública nacional. El gobierno del Estado de Río de Janeiro, por ejemplo, ha implementado durante los últimos años una significativa política de control del tráfico de drogas en las comunidades más pobres. La intervención gubernamental ha tenido muy buenos resultados en la disminución de la violencia en las favelas y en la percepción de seguridad por parte de sus habitantes y del conjunto de la población. La implementación de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), iniciada en el año 2008, ha permitido combinar la intervención policial con iniciativas diversificadas de política social y comunitaria, con efectos muy positivos en el control y el desplazamiento del tráfico de drogas y de las milicias que comandaban los barrios más pobres de la capital estatal. Aunque hay muchos aspectos que aún deben ajustarse en esta innovadora política de seguridad pública, se trata de un gran avance en el ejercicio de una acción gubernamental responsable y comprometida con la protección de los ciudadanos.
Resulta interesante observar que una de las razones que explican los progresos en Río de Janeiro ha sido la articulación entre los órganos de seguridad pública y la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos del gobierno estatal, cuyos programas han ganado relevancia nacional e internacional al poner en evidencia que la contención del delito y la violencia son siempre desafíos que exceden la represión y la intervención policial.
Por este motivo, sorprende sobremanera que sea en Río de Janeiro donde se haya comenzado a implementar un amplio programa de seguridad en las escuelas cuyos resultados prometen ser bastante menos eficaces que su impacto mediático. Las medida prevé la presencia de policías en el interior de los centros educativos y su entorno. El objetivo es proteger a alumnos y profesores, el patrimonio escolar, prevenir el consumo de drogas y el alistamiento de jóvenes y niños por parte de traficantes, el bullying y las peleas, así como los hurtos o robos. La medida aspira a llevar tranquilidad a la población y responder a una demanda de seguridad, especialmente, entre las familias más pobres.
El plan de acción se ha iniciado con 400 policías actuando en 90 centros escolares, beneficiando a más de 115.000 alumnos y 6.200 profesores. Además, permitirá que los agentes involucrados en la seguridad de las escuelas reciban un complemento salarial que los aleje de trabajos alternativos a la función policial. La Policía del Estado de Río de Janeiro suele trabajar 24 horas y pasar 48 de franco, período que los agentes aprovechan para realizar tareas que les permiten complementar sus ingresos, como servicios en empresas de seguridad privadas. Con el nuevo programa, los agentes recibirán un pago extra que oscilará entre € 78 y € 59, según la jerarquía, por ocho horas de guardia dentro de las escuelas.
La medida puede parecer, a primera vista, apropiada. La escuela es uno de los lugares que más se ve afectado por la violencia existente en la sociedad. Al mismo tiempo, suena mejor que los policías se ganen la vida en aquello que deberían hacer y se mantengan alejados de empleos eventuales o de tentaciones concupiscentes.
El problema, sin embargo, es bastante más complejo.
(1)
Por: Pablo Gentili | 14 de mayo de 2012
La delincuencia y la violencia constituyen el principal problema nacional para gran parte de los latinoamericanos. Así lo evidencia una nueva encuesta de Latinobarómetro, cuyosresultados fueron presentados esta semana en Lima.
Aunque sabemos que la opinión de las personas no necesariamente se corresponde con la realidad de las cosas, los motivos que explican esta percepción parecen ser bastante contundentes. En efecto, Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Según datos de las Naciones Unidas, posee la más alta tasa de homicidios del planeta: de los 20 países con más asesinatos, 12 son latinoamericanos o caribeños. Una realidad que suele esconder evidencias aún más dramáticas. Las tasas de homicidio juvenil son, en América Latina y el Caribe, superiores al doble que las existentes en el continente africano, 15 veces más altas que las registradas en Asia y 30 veces más altas que las europeas.
De los 18 países encuestados por Latinobarómetro, Brasil es uno de los pocos que no considera la violencia su principal problema nacional, sino la salud pública. Entre tanto, 52% de los brasileños encuestados dice vivir en un país cada vez más inseguro y 84% sostiene que la delincuencia ha aumentado durante los últimos años. La sensación de inseguridad de la población brasileña es una de las más altas de la región.
La combinación de una realidad marcada por la violencia y la percepción de que la seguridad ciudadana es altamente precaria y vulnerable, explica que ningún político latinoamericano desprecie el tema. En Brasil, como en todo los países del continente, hacer de la lucha contra la violencia una promesa electoral o una prioridad de la acción gubernamental, constituyen prácticas tan recurrentes como la permanencia del país en las primeras posiciones de los ranking de homicidios e inseguridad.
Algo parece andar mal.
Si la gente se da cuenta que la violencia es un problema cotidiano, también suele darse cuenta que las políticas que tratan de controlarla son ineficaces o limitadas para garantizar su seguridad y protección. Que la sexta potencia mundial ostente, según datos oficiales,1.091.125 asesinatos entre 1980 y 2010 constituye un enorme problema en materia de derechos humanos y un inmenso desafío para el desarrollo de una política de seguridad pública democrática. Especialmente, si se considera que la tasa de homicidios ha crecido de forma sistemática desde 1980, cuando alcanzaba los 11,7 asesinatos cada 100 mil habitantes, llegando a 26,2 en el 2010.
El Mapa de la Violencia en Brasil, elaborado anualmente bajo la coordinación del investigador Julio Jacobo Waiselfisz, nos ayuda poner en perspectiva comparada esta realidad aterradora. Utilizando como referencia datos aportados por las Naciones Unidas, dicho estudio muestra que, entre el año 2004 y el 2007, 208.349 personas murieron en los 62 conflictos armados existentes en el mundo. Durante el mismo período, fueron asesinadas en Brasil, 192.804, una cifra bastante semejante a la primera y superior a la que sumaron los muertos en los 12 conflictos armados más importantes del planeta en esos cuatro años: 169.574. Entre 1947 y el año 2000 murieron como consecuencia del conflicto entre Israel y Palestina cerca de 125.000 seres humanos. Esto significa que, cada 10 años, perdieron la vida en dicho enfrentamiento 23.580 personas, menos de la mitad de las que son asesinadas cada año en Brasil. En una década han muerto en el conflicto entre Israel y Palestina la misma cantidad de jóvenes que mueren asesinados en Brasil en 16 meses. Así mismo, los muertos en la Guerra de Irak entre 2004 y 2007 constituyen el 40% de los que han muerto como producto de la violencia homicida en Brasil durante ese mismo período.
Sin lugar a dudas, los brasileños tiene motivos para estar preocupados.
Aunque las políticas gubernamentales han tenido un efecto muy limitado en contener la violencia, algunos buenos ejemplos se destacan en el campo de la seguridad pública nacional. El gobierno del Estado de Río de Janeiro, por ejemplo, ha implementado durante los últimos años una significativa política de control del tráfico de drogas en las comunidades más pobres. La intervención gubernamental ha tenido muy buenos resultados en la disminución de la violencia en las favelas y en la percepción de seguridad por parte de sus habitantes y del conjunto de la población. La implementación de Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), iniciada en el año 2008, ha permitido combinar la intervención policial con iniciativas diversificadas de política social y comunitaria, con efectos muy positivos en el control y el desplazamiento del tráfico de drogas y de las milicias que comandaban los barrios más pobres de la capital estatal. Aunque hay muchos aspectos que aún deben ajustarse en esta innovadora política de seguridad pública, se trata de un gran avance en el ejercicio de una acción gubernamental responsable y comprometida con la protección de los ciudadanos.
Resulta interesante observar que una de las razones que explican los progresos en Río de Janeiro ha sido la articulación entre los órganos de seguridad pública y la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos del gobierno estatal, cuyos programas han ganado relevancia nacional e internacional al poner en evidencia que la contención del delito y la violencia son siempre desafíos que exceden la represión y la intervención policial.
Por este motivo, sorprende sobremanera que sea en Río de Janeiro donde se haya comenzado a implementar un amplio programa de seguridad en las escuelas cuyos resultados prometen ser bastante menos eficaces que su impacto mediático. Las medida prevé la presencia de policías en el interior de los centros educativos y su entorno. El objetivo es proteger a alumnos y profesores, el patrimonio escolar, prevenir el consumo de drogas y el alistamiento de jóvenes y niños por parte de traficantes, el bullying y las peleas, así como los hurtos o robos. La medida aspira a llevar tranquilidad a la población y responder a una demanda de seguridad, especialmente, entre las familias más pobres.
El plan de acción se ha iniciado con 400 policías actuando en 90 centros escolares, beneficiando a más de 115.000 alumnos y 6.200 profesores. Además, permitirá que los agentes involucrados en la seguridad de las escuelas reciban un complemento salarial que los aleje de trabajos alternativos a la función policial. La Policía del Estado de Río de Janeiro suele trabajar 24 horas y pasar 48 de franco, período que los agentes aprovechan para realizar tareas que les permiten complementar sus ingresos, como servicios en empresas de seguridad privadas. Con el nuevo programa, los agentes recibirán un pago extra que oscilará entre € 78 y € 59, según la jerarquía, por ocho horas de guardia dentro de las escuelas.
La medida puede parecer, a primera vista, apropiada. La escuela es uno de los lugares que más se ve afectado por la violencia existente en la sociedad. Al mismo tiempo, suena mejor que los policías se ganen la vida en aquello que deberían hacer y se mantengan alejados de empleos eventuales o de tentaciones concupiscentes.
El problema, sin embargo, es bastante más complejo.
La violencia, la policía y las escuelas (2)
Por: Pablo Gentili | 15 de mayo de 2012
Buenos diagnósticos no garantizan buenas políticas, pero malos diagnósticos producen siempre malas políticas. En tal sentido, si de lo que se trata es de generar un espacio de seguridad y protección para las escuelas es bueno saber qué es lo que las ha vuelto inseguras y por qué. Sin un buen análisis de las causas que producen la violencia escolar no podremos encontrar buenos caminos para limitar sus efectos y consecuencias.
Mencionaré cinco aspectos que ponen en evidencia que la decisión de destacar policías dentro de las escuelas no contribuirá con la necesaria construcción de un clima de seguridad y paz para los alumnos y sus docentes, generando, además, nuevos y quizás inusitados problemas.
1. La especificidad de la violencia escolar.
La violencia escolar no posee la misma lógica que la violencia callejera. Esto es obvio para cualquiera que alguna vez haya trabajado en un centro educativo. En las escuelas hay violencia, aunque ella es producto de un conjunto de relaciones que poseen un alto grado de complejidad y una especificidad que la hacen substantivamente diferente a los actos de violencia o de delincuencia llevados a cabo fuera del espacio escolar.
No cabe duda que la escuela es una caja de resonancia de todo lo que ocurre fuera de ella. La violencia, del mismo modo, es uno de los factores que interfiere de manera directa o indirecta en la cotidianeidad de todos, especialmente de los más pobres. Sin embargo, cuando la violencia entra en el ámbito escolar es procesada y filtrada por un conjunto de factores y de relaciones que la hacen portadora de una idiosincrasia y de particularidades muy características. De cierta forma, podemos decir que la violencia se traduce en clave pedagógica y su intervención obliga a poner en práctica un conjunto de saberes y conocimientos generalmente alejados del universo de las percepciones y de la formación que poseen los agentes policiales. Controlar la violencia en las calles no es igual que controlar la violencia escolar. Es discutible si la primera se garantiza con la represión y la ostentación policial. Entre tanto, es absolutamente evidente que la segunda no se logracon esos métodos, sino con un tipo de intervención de naturaleza específicamente educativa y pedagógica.
Podría, sin lugar a dudas, cuestionarse si los docentes y los directivos de los centros escolares poseen las condiciones y la formación necesaria para abordar los graves problemas de violencia que pueden producirse en la educación. Si la respuesta fuera negativa estaríamos frente a un serio problema y deberíamos actuar con rapidez. Poner policías en el interior de las escuelas no resolverá ese déficit y transferirá a los propios agentes de seguridad pública una responsabilidad que no les corresponde.
Uno de los más graves problemas que enfrenta la escuela es que ella se vacía de las funciones que le son inherentes y se le imponen responsabilidades que son ajenas. Quizás a la Policía le pasa lo mismo. Mal puede, en América Latina, controlar el delito, las altísimas tasas de homicidio, las muertes por accidentes de tránsito o la seguridad misma de los ciudadanos, y ahora deberá intervenir en los centros educativos para enfrentar los problemas de violencia que tanto preocupan a padres, alumnos y profesores. La justificativa de que los agentes de seguridad sirven para eso, no parece ser muy convincente, dada la naturaleza de la violencia escolar y las propias limitaciones que los policías tienen para controlar la violencia en los mismos barrios o en el entorno que rodea las escuelas.
Ahora bien, si de lo que se trata es que los agentes de seguridad, como en el caso de la propuesta del Estado de Río de Janeiro, complementen su bajísimos salarios haciendo ronda dentro de las escuelas durante sus días de descanso, estamos ante un problema de naturaleza diferente. La justa preocupación de los órganos de seguridad pública acerca de los problemas que residen en la prestación de servicios "privados" por parte de los agentes policiales durante los días que no están en actividad, no puede transferirse a la escuela. Los policías que cuidan el orden público en las calles trabajan un día si y dos no. Que los días que "no trabajan" vayan a hacerlo a la escuela y, en particular, a las instituciones educativas de los más pobres, refuerza la idea de que cualquier cosa que se le ofrezca a la escuela está bien y debe ser aceptada con beneplácito.
La expresión "matar dos pájaros de un tiro" suele aplicarse para describir la sagacidad de quien resuelve dos problemas con una única solución. Quizás las autoridades de Río de Janeiro hayan pensado en eso cuando tomaron la decisión de poner policías dentro de las escuelas.
2. Los casos de violencia escolar cotidianos no justifican la presencia policial dentro de los centros educativos.
Generalmente, suelen presentarse situaciones extremas para justificar conductas o prácticas represivas. Es curioso que, cuando esto ocurre, el discurso oficial apela a la supuesta pertinencia de políticas preventivas cuando lo que se defienden son acciones de intervención de cuño autoritario que no atacan las causas de la violencia sino sus efectos. En el caso particular del Estado de Río de Janeiro, aún está muy presente el trauma vivido hace algunos pocos meses, cuando un joven armado invadió una escuela pública en el barrio de Realengo, matando 12 niños e hiriendo a más de 20. De tal forma, se sostiene que si dentro de esa escuela hubiera habido un agente policial se habría prevenido la tragedia. Una afirmación por demás precaria en su eficacia demostrativa, pero de gran poder persuasivo: si cada escuela tuviera un policía apostado en su interior, serían prevenidos este tipo de delitos horrendos.
La masacre mencionada, totalmente inusual en la historia criminal de Brasil, fue perpetrada por un joven que había sido alumno de esa escuela. Aquel día entró al establecimiento por la puerta principal, argumentando que iba a participar de una conferencia. Luego, ya en el interior de una sala de clase, abrió fuego, especialmente contra las niñas. Si la entrada de cualquier ex alumno a una escuela (o situaciones semejantes a ésta) requirieran de la asistencia policial para prevenir masacres, los centros escolares deberían disponer de un sistema de seguridad dotado de varios agentes, detectores de metales y cámaras. Aún así no hay evidencias muy concretas de que una matanza como la de la escuela de Realengo se hubiera evitado.
Por otro lado, como demostraron las investigaciones posteriores, el autor de la masacre,había sufrido acoso y diversas formas de humillación en su vida escolar. Odiaba la escuela y odiaba a las niñas, contra quien descargó su más brutal pulsión asesina, acabando también con su propia vida. Qué deberían haber hecho los docentes de ese jóven durante su tránsito por la escuela, es difícil saberlo. No cabe duda que hubo un enorme déficit de atención y cuidado. Dudo que la presencia de un policía en la escuela hubiera evitado que ese joven viviera las experiencias de sufrumiento y maltrato que lo llevarían a tranformarse en un brutal asesino. Para prevenir ese tipo de tragedias es fundamental que la escuela y sus profesionales estén en condiciones de actuar anticipadamente, creando condiciones de atención y apoyo especiales para los niños o las niñas que sufren acoso y se sienten humillados durante su permanencia en la escuela. Suponer que la Policía tendría las habilidades y los conocimientos necesarios para prevenir este tipo de acontecimientos es un error que puede tener consecuencias funestas.
(El análisis en este punto suele volverse pantanoso ya que, en América Latina, y presumo que en otros lugares del mundo, la demanda por la instalación de un sistema de hiper-seguridad en los centros escolares suele estar asociada a poderosos intereses económicos. No es menor el negocio que supone dotar a las escuelas de cámaras, monitores y detectores de metales. La vocación protectora de algunos expertos en seguridad escolar suele ser directamente proporcional a la ganancia que genera el enorme gasto en este tipo de equipamientos, sin que existan pruebas concretas acerca de su eficacia).
En suma, si de lo que se trata es de evitar masacres como la de Realengo, nada garantiza que la presencia de un policía en el interior del centro escolar sea suficiente. Más allá de este hecho trágico e inusitado, la violencia cotidiana en las instituciones educativas es de otra naturaleza y suele estar mediatizada por las relaciones, las funciones y los roles que juegan los diversos actores de la comunidad escolar. Nada que un agente policial pueda comprender o decodificar después de realizar una ronda o una revista de los sujetos que habitan la escuela, un espacio cuyos códigos, vericuetos, artimañas y sentidos desconoce.
Revista a la salida de una favela de Río de Janeiro. Los niños no escapan a la regla.
3. Los policías carecen de la formación necesaria para intervenir en el espacio escolar ante hechos de violencia o de cualquier naturaleza.
“Qué es un acto de violencia en la escuela y cómo reaccionar ante él”, constituye una pregunta de alta complejidad sobre la que se descarga una buena dosis de angustia y un sinnúmero de dudas entre los profesionales de la educación. Quizás un agente policial nunca se haya formulado semejante cuestión y, como hemos afirmado, muy probablemente los conocimientos y experiencias que disponga poco ayuden a responderla de manera adecuada. Por tal motivo, existe una alta probabilidad que, ante un determinado hecho, el policía apostado en el interior de una escuela carezca de elementos para ponderar la gravedad de lo ocurrido. Cómo evitar que el agente de seguridad no interprete de forma equivocada cierto tipo de intercambios o de relaciones entre los niños o los jóvenes, las cuales deben ser motivo de intervención pedagógica y bajo ningún aspecto de acción represiva.
Suponer que los polícias podrán prevenir "delitos" en las escuelas supone imaginar que las institucioones educativas son escenario de permanentes comportamientos fuera de la ley, donde todos los niños entran armados y consumen drogas en el recreo mientras depredan el patrimonio escolar. Un diganóstico semejante no hace otra cosa que contribuir a criminalizar la infancia y la juventud más pobre, sin que eso ayude en lo más mínimo a prevenir el consumo de drogas o la criminalidad fuera de la escuela. Por otro lado, confundir las acciones de violencia que ocurren en la escuela con un delito a ser reprimido constituye un inmenso riesgo, además de una persistente demostración de ignorancia. Del mismo modo, pensar que la forma más eficaz de prevenir actos de violencia o de indisciplina radica en la ostentación de armas y uniformes militares, no deja de ser penoso. Todo esto es una contribución tan pobre a la historia de la pedagogía como la que realizan las orquestas policiales a la historia de la música.
Los policías, en Río de Janeiro o en cualquier otro centro urbano latinoamericano, no están capacitados para intervenir en situaciones de violencia escolar porque las desconocen. Si hay que capacitarlos o no, es otro problema. Hoy, no lo están. Mientras tanto, su presencia puede empeorar las cosas. Un ejemplo de esto es el mandato atribuido para prevenir la práctica del bullying, una de cuyas funciones deberá ser asumida por los policías, según indica la propia Secretaria de Seguridad del Estado de Río de Janeiro. No tengo la menor duda que para cualquier docente enfrentar una situación de bullying es siempre un asunto complejo y delicado. ¿Tendrán los policías brasileños la respuesta a los dilemas que este tipo de práctica generan en el interior del espacio escolar? Estimo que no. Quizás acaben sumando un sufrimiento más al niño o la niña maltratados por esta práctica cruel y humillante. Cuándo y cómo intervenir será motivo de permanente duda para los agentes, lo que constituye también un grave riesgo. En efecto, en la acción policial, una mala evaluación de los condiciones existentes para la intervención pueden ser altamente peligrosas. Del mismo modo, la incertidumbre, la vacilación y el titubeo de un agente de seguridad puede acarrear consecuencias indeseadas y extremadamente graves. Es curioso que se afirme insistentemente que los docentes no saben cómo actuar para controlar la violencia en las escuelas, y se pretanda confiar esta delicada tarea a profesionales que, en su corta y muchas veces precaria formación, siquiera han analizado situaciones como las que enfrentarán en la cotidianeidad de un centro educativo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário