Jorge Werthein

Cómo gastar mejor en la ciencia española

Ante el debate sobre la próxima ley, las lecciones de otros países recomiendan cambiar la naturaleza de los centros de I+D, el modelo de reclutamiento y carrera, e incrementar su autonomía y capacidad de gestión



En el debate sobre el cambio de modelo productivo, las reformas en el sistema público de investigación son un aspecto central. Tras la Ley de la Ciencia que se debate debe vislumbrarse el "modelo" de referencia en el que mirarnos y esbozarse adónde nos conducen las propuestas.

Los centros de I+D con personalidad jurídica independiente son polos de atracción de talento

El CNIO de Barbacid está considerado como uno de los mejores y más productivos del mundo

Hablar de reformas exige un diagnóstico de los problemas y un esbozo de los resultados deseados. Por el volumen de trabajos científicos somos la novena potencia mundial, pero cuando analizamos su calidad ocupamos la posición decimonovena. Los problemas de nuestro sistema de ciencia e innovación son complejos e interdependientes pero, en mi opinión, los desafíos centrales son:

Excelencia: ¿Cómo transformar la cantidad en calidad investigadora?

Relevancia: ¿Cómo potenciar la transferencia, valoración y utilización del conocimiento?

Autonomía y responsabilidad: ¿Cómo flexibilizar y desburocratizar el funcionamiento de las instituciones y organizaciones de I+D?

En España, existe la necesidad de coordinar las 18 políticas de ciencia del Estado y las Comunidades Autónomas, más allá de la retórica o la firma de declaraciones. En esto conviene mirar a países descentralizados que han sido capaces de crear instituciones para la ciencia en las que participan conjuntamente los gobiernos federales y regionales: las fundaciones de la ciencia de Alemania (DFG) o Suiza (FNS) son jurídicamente entidades privadas y constituyen mecanismos unitarios de apoyo al sistema de ciencia. Deciden qué financiar sobre la base de la excelencia y la relevancia.

Para afrontar estos desafíos España debe aumentar los recursos que dedica a la ciencia (el gasto medio en I+D por investigador en el sector público es un 80% de la media de la Unión Europea), pero también gastar mejor. Incluso sin aumentar mucho los recursos invertidos, ciertas reformas organizativas pueden producir importantes avances en el sistema.

Aunque los enfoques son variados, las reformas en otros países se han centrado en mejorar las condiciones de funcionamiento y la calidad de las organizaciones de investigación, mediante la creación de nuevos centros de excelencia y la fusión y/o reorganización de los tradicionales para dotarles de mayor autonomía.

Dinamarca estableció en 1991 la Fundación Nacional de la Ciencia, para promover la creación de Centros de Excelencia, con financiación y mecanismos de apoyo al reagrupamiento de recursos en las universidades; este camino también lo han seguido Austria, Australia, Holanda, etcétera.

El Gobierno danés aprobó en 2006 la integración de los centros gubernamentales de I+D dentro de las universidades; esfuerzos similares pueden encontrarse en otros países. La Universidad de Wageningen (Holanda), tras integrar 20 estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura, es uno de los mayores polos de investigación y formación en bio-economía.

Otros países han afrontado la reorganización de sus institutos públicos; Noruega ha reorganizado sus actividades de I+D en agricultura y pesca, que anteriormente estaban dispersas en cuatro institutos públicos, y Canadá fusionó tres institutos creando el mayor centro de investigación forestal del mundo, bajo la forma de institución privada sin ánimo de lucro.

Las fusiones y reorganizaciones, e incluso los cierres, son comunes cuando se quiere promover la investigación que combine excelencia y relevancia, pero los cambios también se han acompañado de una mejora en el funcionamiento de los centros y de la flexibilización del reclutamiento de sus investigadores; en Austria, Dinamarca o Alemania el personal de los centros públicos de I+D ha dejado de ser funcionario.

Las reformas en centros públicos de I+D y en universidades que a nivel internacional pueden considerarse como buenas prácticas se podrían resumir en: a) Mayor autonomía de las instituciones y centros de I+D y más flexibilidad en su funcionamiento; b) Mejora de la capacidad de gestión de los recursos presupuestarios disponibles; c) Control de las plantillas propias, sin someterse a las reglas generales de las burocracias públicas; y d) Sistemas de relaciones laborales y salariales con capacidad de negociación en función de los resultados (y méritos) científicos.

Así pues, las lecciones de otros países recomendarían cambiar la naturaleza de los centros de I+D, el modelo de reclutamiento y carrera, e incrementar su autonomía y capacidad de gestión; así se facilita también la movilidad geográfica e intersectorial del personal investigador.

Aunque mirar al exterior es ilustrativo e inspirador, lo cierto es que en España hay ejemplos de actuaciones y políticas que son modelos exitosos para afrontar los desafíos señalados: unas pocas docenas de centros I+D de nuevo "cuño", creados en la última década. Entre ellos, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), fundado por Mariano Barbacid, el mejor ejemplo de institución de tamaño medio, especializada en cáncer e integradora de investigación fundamental y búsqueda de soluciones a problemas relevantes. El CNIO está situado entre los mejores y más productivos del mundo. En él no hay funcionarios, se ha reclutado el mejor talento sin preocuparse de su nacionalidad, y la autonomía (incluso para ajustarse a los recortes en tiempos difíciles) se acompaña de fuerte responsabilidad. Desafortunadamente, es casi una excepción en la Administración. A nivel autonómico, y salvando las diferencias, la Generalitat de Cataluña inició hace una década, animada por el consejero Andreu Mas Colell -hoy secretario general de la agencia europea de financiación de la investigación de excelencia (European Research Council: ERC)-, una política de creación de nuevos centros I+D, agrupados en el programa CERCA.

Éstos serían ejemplos de qué hacer y cómo hacerlo, dado que estos centros de investigación con personalidad jurídica independiente (fundaciones sin fines de lucro) son ya polos de atracción de talento y tienen resultados visibles. En el ranking de calidad investigadora de las instituciones, medido por "impacto normalizado" (ver www.scimagoir.com) se observa que las primeras instituciones de investigación españolas son centros de investigación de este tipo. Además, más de la mitad de los proyectos obtenidos por España en las convocatorias del European Research Council están residenciados en unos pocos centros de nuevo "cuño".

Hay una relación directa entre la calidad de la investigación de los países y el número de instituciones independientes de investigación de que dispone. La competencia por el descubrimiento, por el reconocimiento, por los mejores talentos y por los "recursos" son los mecanismos que dinamizan la creatividad y la innovación. La competencia entre instituciones (e investigadores) es un mecanismo esencial para lograr buenos resultados; y para poder competir con otras instituciones del mundo es necesario estar en condiciones similares.

A mi juicio, España debería disponer de unos pocos centenares de instituciones de investigación especializadas, autónomas y responsables. El resultado de las reformas debería ser el aumento del número de instituciones de investigación independientes y autónomas de tamaño medio, fuera de la carrera funcionarial, con flexibilidad, responsabilidad, supervisión de los mejores y participación de los actores económicos y sociales en su gobernanza; organizaciones capaces de afrontar los desafíos sociales, económicos y ambientales de nuestra sociedad. Como parte de esta estrategia, independizar jurídicamente institutos del CSIC o unidades de investigación de los OPIS, con tamaños y proyectos viables, aún manteniendo la coordinación estratégica, quizá podría ser un paso positivo, siempre que se acompañase del abandono del concepto funcionarial de carrera. Muchos de estos institutos podrían incluso ser integrados de forma beneficiosa en unas universidades que mejorasen su gobernanza.

En definitiva, creo que los resultados deseados de las reformas sólo llegarán con una mejora general de la cantidad y calidad de nuestras instituciones y organizaciones de investigación, desburocratizándolas y flexibilizándolas para que puedan realizar de forma adecuada su contribución al cambio de modelo productivo.

Luis Sanz Menéndez, profesor de investigación del CSIC, es director del Instituto de Políticas Públicas del mismo organismo y presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE.
El Pais