Por: Paloma Valencia LasernaQue haya más de 1,2 millones de jóvenes sin empleo es una alarma que no puede pasar desapercibida y que está resaltando temas que tienen que ser discutidos y resueltos para que el país pueda desarrollarse de una manera más justa.
Por una parte, está la fuga de cerebros. Según las cifras hay entre 4 y 6 millones de colombianos viviendo en el exterior; dejaron el país porque encontraron mejores oportunidades por fuera. La violencia, la depresión economica y los demás efectos de los años caóticos de Colombia dejaron como resultado una perdida significativa de oportunidades. Ahora, cuando todo ha mejorado y la economía del país crece las cosas deberían estar bien, pero no lo están. Las causas son diversas.
Hay una gran farsa en la educación pública. Los estudiantes se gradúan con conocimientos pobres y sin ninguna habilidad que les permita ganarse la vida. Por eso no sorprende que tengamos pésimas notas en estudios sobre la calidad de la educación. En el Índice de Talento Global obtuvimos el puesto 40 entre 60, asegura el estudio que para el 2015 habremos empeorado y señala la mala proporción de número de estudiantes por profesor y la pobre inversión en educación en relación con el PIB per capita. Aunado a esto están los estudios que muestran la falta de habilidades de los escolares colombianos en lecto-escritura y matemáticas. Y para completar el cuadro, después de esta pésima educación, muy pocos acceden a la universidad.
Si ello no fuera suficiente, además tenemos casi un millón de niños por fuera del sistema educativo. A pesar de los esfuerzos estatales para escolarizar a los menores, con programas como Familias en Acción donde se invierten 1,5 billones de pesos; hay 1,8 millones de niños trabajando. Muy pocos tienen permiso de Minprotección y por eso el 50% trabaja sin ninguna remuneración. Así, prohibición del trabajo infantil es una consagración formal, que en Colombia sólo garantiza que los niños trabajadores lo hagan por fuera de la ley y sin garantías.
La juventud colombiana está mal preparada, su talento se desperdicia. El país tiene que hacer un esfuerzo; un bachillerato que desarrolle competencias para quienes no van a la universidad y calidad para competir con el mercado laboral del mundo. Debemos realizar todos los años la evaluación de profesores y reemplazar aquellos que no sean de gran nivel. El derecho al futuro de las nuevas generaciones no puede capitularse por prebendas sindicales; la prioridad corresponde a los niños.
Esto también nos hace pensar en la estructura de las oportunidades. El crecimiento de la economía no parece estar dando el correlativo aumento de puestos de trabajo. Las conquistas laborales como la estabilidad en el trabajo, no son absolutas y deben ser negociadas frente a principios y derechos que, al menos, tienen la misma envergadura e incluso mayor repercusión social. La falta de flexibilidad en el mercado hace que quienes tienen trabajo lo mantengan, pero los jovenes recien llegados quedan por fuera. El caso de la carrera administrativa lo ilustra.
La inamovilidad de los funcionarios se creó para evitar la politización de los cargos públicos. El remedio es peor que la cura, pues ahora se patrocina la ineficiencia e inactividad burocratica alegando la estabilidad laboral. Aquel principio tiene sentido en la medida en que el trabajador este cumpliendo adecuadamente con su función. Pero en el contexto de ineficiencia estatal y desempleo que vive el país, donde además son los jóvenes los más afectados, la estabilidad debe ceder ante los principios de igualdad de oportunidades. Es prioritario adelantar los concursos de provisión de cargos públicos y establecer periodos de permanencia para que quienes apenas ingresan al mercado laboral puedan competir por ellos. Sólo así alcanzaremos la excelencia en el servicio público y le daremos opciones a la juventud.
El Espectador
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