Un Senado dividido aprueba la nueva Ley contra la Violencia de Género de EE UU

La reforma previsiblemente se estancará en la Cámara baja

El Partido Republicano presentará una propuesta alternativa en los próximos días

EVA SÁIZ Washington 27 ABR 2012 -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves por 68 votos a favor y 31 en contra la reforma de la Ley de la Violencia de Género. Es la primera vez, desde que fuera sancionada en 1994 y en sus sucesivas reformas en 2000 y 2005, que la norma no ha contado con un apoyo unánime por parte de los miembros de la Cámara alta —solo la han apoyado 15 de los 47 senadores republicanos—, una señal que evidencia el abismo que separa al Partido Demócrata y al Republicano en el Congreso en plena campaña por la presidencia del país. Ahora la disposición pasará a la Cámara de Representantes donde los conservadores, que tienen la mayoría, ya han anunciado que presentarán un texto alternativo.

En las últimas semanas, la reforma de la ley se ha convertido en el enésimo caballo de batalla en la guerra abierta entre ambas formaciones por atraer al electorado femenino. Los demócratas han insistido en presentar las objeciones de los republicanos a las nuevas medidas introducidas en la reforma como un ejemplo más de su “guerra contra las mujeres”.

La nueva versión de la ley, cuyo periodo de vigencia expira el próximo 31 de mayo, extiende la protección a gais, lesbianas y transexuales; prevé un aumento de los visados —de 10.000 a 15.000— para los inmigrantes que hayan sido víctimas de violencia doméstica, y permite a los nativos americanos procesar a cualquiera que haya abusado de miembros de su tribu, aunque no pertenezca a su comunidad. La mayoría de los republicanos se opone a estas modificaciones por entender que favorecen la inmigración ilegal y que, al incorporar a las minorías, se difumina el verdadero propósito de la norma. Entre las voces en contra —todas masculinas—, destaca la del senador de Florida Marco Rubio, uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia por el Partido Republicano.Estos, a su vez, acusan a los progresistas de usar su rechazo a la norma como un arma electoral creando, en plena campaña, un debate artificial sobre cuestiones sociales para desviar el interés de los problemas económicos. “El Partido Demócrata ha puesto la política por delante de las víctimas para ganar votos en un año en el que hay elecciones”, ha dicho esta mañana el senador republicano por el Estado de Iowa, Chuk Grassley.

Es la primera vez que la norma no ha contado con un apoyo unánime en el Senado, solo la han apoyado 15 de los 47 representantes republicanos

Otros dos senadores republicanos de Iowa y Texas, Chuk Grassley y Kay Bailey Hutchison, presentaron también este jueves una enmienda al texto de la reforma para reducir el número de visados, eliminar las referencias específicas a la protección de los homosexuales —“ya están amparados por la Constitución de EE UU”, se ha justificado Bailey—, y permitir a las autoridades tribales acudir a los tribunales federales para pedir órdenes de protección, en lugar de poder emitirlas ellas mismas, como prevé la nueva ley. El Senado no ha apoyado la propuesta de Grassley y Bailey, pero los analistas coinciden en que la alternativa que en los próximos días presentará el Partido Republicano en la Cámara de Representantes será muy similar a la de aquellos, según The Washington Post.

La aprobación final de la ley es vital en un país donde cada día mueren tres mujeres a manos de sus parejas, según datos del Departamento de Justicia. Demócratas y republicanos quieren llegar a un acuerdo antes de noviembre, pero las negociaciones se prevén tensas y difíciles, con la espada de Damocles acechando sobre cualquier decisión o declaración en un asunto tan sensible como el de la violencia de género, susceptible, además, de reportar un jugoso rédito político en vísperas de las elecciones presidenciales.

Los progresistas apelan a que la reforma que hoy se ha aprobado ha sido redactada tras consultar a víctimas y profesionales y destacan que cuenta con el apoyo de los fiscales generales de 47 de los 50 Estados. Los conservadores alegan que, una vez que presenten su propia propuesta, la pelota para demostrar quién se interesa de veras por las mujeres estará en el otro tejado.