La fiscalía pide para los acusados, de 14 años, un total de 70 horas de prestaciones comunitarias y que paguen 6.000 euros de indemnización
EFE San Sebastián 4 JUN 2012 - El País1
Tres alumnos de 14 años, que cursan estudios en un colegio de San Sebastián, han sido procesados por la Fiscalía de Gipuzkoa por acosar a uno de sus compañeros de aula, para el que acudir al centro escolar se convirtió en "una tortura" por los malos tratos a los que era sometido.
El Ministerio Público pide para los tres menores un total de 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, así como una compensación económica para la víctima que deben pagar conjuntamente con sus padres. Al tiempo solicita que se declare al colegio "solidariamente responsable, en su condición de guardador" del alumno perjudicado.
El escrito de alegaciones de la fiscalía señala que "el ambiente de violencia desplegado en el aula" contra este adolescente "llegó a ser tan insoportable para el resto de alumnos" que finalmente lo pusieron en conocimiento del tutor".
Los hechos, que provocaban en la víctima "sentimientos de desesperación y angustia", ocurrieron durante el último trimestre del año 2011 y el primero de 2012, "siempre en el ámbito escolar y de forma prácticamente diaria".
El documento de la fiscalía explica que los tres alumnos supuestamente acosaban "de forma consciente y querida" mediante "actos de violencia física" a su compañero, al que golpeaban con ánimo de "menoscabar su integridad física" entre las clases, mientras se producía el cambio de profesor en el aula. Los presuntos agresores, uno de los cuales ha cumplido 15 años este mes, actuaban la mayoría de las veces "en un grupo integrado por seis" escolares, aunque tres de ellos eran menores de 14 años y no pueden ser acusados por la Fiscalía.
De esta manera, los agresores supuestamente propinaban, "de manera conjunta y sucesiva", golpes en el hombro a su víctima, quien "a veces caía al suelo por el dolor" y, en ocasiones, sufrió hematomas en el hombro y la espalda.
El chico "muchas veces terminaba llorando", una circunstancia que era apreciada tanto por los agresores como por el resto de la clase, a pesar de lo cual los infractores no se conmovían y nuevamente, al día siguiente, volvían a atacar al menor, quien más de una vez pidió a uno de sus agresores que no continuaran con lo que ellos denominaban "juego", porque "lo pasaba muy mal".
Las súplicas de la víctima resultaron ineficaces y "el juego consistente en pegar todos" al adolescente se volvía a repetir la jornada siguiente "una o dos veces diarias", si bien las vejaciones no se producían cuando uno de los agresores no acudía a clase.
La víctima llegó a interiorizar "los actos de violencia física como parte normalizada de su vida" y sufrió "pérdidas y debilidad en el cabello", así como trastornos de sueño y su rendimiento escolar descendió notablemente. A consecuencia de estos hechos, el menor presenta un "miedo insuperable al encuentro fortuito con sus agresores" y se encuentra en tratamiento psicológico. La fiscalía añade que sufre un "estrés postraumático y ansiedad fóbica que no afecta a su vida cotidiana, a excepción del malestar en el contexto escolar y sobre todo dentro del aula".
Tras denunciarse las agresiones, el Juzgado de Guardia ordenó cautelarmente el alejamento e incomunicación de sus supuestos agresores, lo que "ha ayudado a la estabilidad del menor", según el informe pericial psicológico practicado.
La fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de trato degradante en concurso con una falta continuada de lesiones y el agravante de que los autores se prevalieron del auxilio de otras personas. Y solicita para ellos 70 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad con siete fines de semana de permanencia en un centro en caso de que no acepten voluntariamente la medida.
Igualmente demanda que se prohíba a los tres acusados acercarse al perjudicado, a su domicilio y al colegio a una distancia mínima de 50 metros, o comunicarse con él durante un año. Reclama también que en el próximo curso la víctima no comparta clase con los alumnos infractores ni con los menores de 14 años que presuntamente participaron en los hechos. Finalmente, pide que los tres menores, de manera conjunta y solidaria con sus padres, indemnicen al perjudicado con 6.000 euros en concepto de daño moral y que se declare al colegio solidariamente responsable, "en su condición de guardador".
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