El Gobierno aprueba los cambios en Educación para la Ciudadanía
Es el primer paso del Ejecutivo para eliminar la materia casi completamente del currículo escolar
J. A. A. Madrid 3 AGO 2012 - El País486
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria, primer paso del Gobierno para eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo del Ministerio de Educación es reformar la ley para eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.
Como eso puede tardar, el Gobierno ha aprobado este viernes el cambio de currículo para que desaparezcan inmediatamente de primaria y secundaria los contenidos que provocaron la oposición de algunos padres que, apoyados por la Conferencia Episcopal, promovieron la objeción de conciencia a esta materia nacida en 2006.
Así, se eliminan, entre otras, las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia —la principal exigencia de los obispos—, por considerarlas “cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico”, dice la nota del Gobierno. Los nuevos temarios hacen más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales y en muchos casos sustituyen contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas.
Andalucía, País Vasco y Cataluña expresaron el pasado mayo su intención de utilizar el margen que tienen las comunidades para completar los currículos escolares —un 35% en el caso andaluz y el 45% en las otras dos— para devolver la materia a su esencia anterior.
El Consejo de Ministros también ha dejado sentenciado el nuevo régimen para tener derecho a asistencia sanitaria pública. A falta de los detalles que pueda llevar el decreto, que este viernes no estaba en el BOE, se consagra que los inmigrantes en situación irregular se quedan sin ella, y para los españoles que nunca hayan cotizado se establece un límite de ingresos de 100.000 euros al año para tener tarjeta sanitaria.
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