"Cuando mi hija tenía 13 años fue abordada por un pedófilo que utilizaba juegos para chicos que había en Internet. Así la inició en la pornografía", dijo Roxana Domínguez, madre de la víctima. Como muchos padres, Roxana desconocía los riesgos inherentes para niños en la Web y trató de informarse y tomar todas las medidas posibles para mantener a su hija resguardada. Pero años más tarde, en 2012, cuando la chica tenía 15, fue raptada a la salida del colegio a raíz de que un pedófilo retomó el contacto con ella.
"Por suerte tenía un chip en el celular que me permitía rastrear su ubicación y, de esa manera, la policía pudo localizarla. Sólo estuvo cautiva seis horas, pero sé que otras chicas no tienen esa suerte y terminan siendo víctimas de grupos de trata de personas que las explotan sexualmente", continuó.
El caso de la hija de Roxana es uno más de los que investiga el Equipo Especializado en Delitos Informáticos de la fiscalía de la ciudad, creada en 2012 por el actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, cuando se desempeñaba como fiscal general porteño. Hoy, el 89% de las investigaciones corresponden a pornografía infantil. Hay 1803 casos de esta índole, sin contar los reportes que aún se encuentran a la espera del resultado de las primeras medidas encomendadas al Cuerpo Judicial de Investigaciones.
A partir de un convenio firmado en octubre de 2013 entre la Argentina y el National Centre for Missing and Exploited Children (Ncmec), un organismo norteamericano que aborda cuestiones relacionadas con niños desaparecidos y explotados sexualmente, el ingreso de casos de pornografía infantil en el país aumentó radicalmente.
"Estamos en contacto con la Homeland Security y el FBI, porque cuando ellos detectan una IP [enlace a una dirección de Internet] ubicada en el país con relación a un delito de explotación infantil, nos avisan para que podamos investigar", explicó a LA NACION la fiscal Daniela Dupuy, titular del área de Delitos Informáticos. La fiscalía trabaja juntamente con las distintas áreas de cibercrimen de las policías Metropolitana y Federal y del Cuerpo Judicial de Investigaciones.
La explotación sexual infantil no es un crimen nuevo. Sin embargo, estalla con el ingreso irrestricto a las redes sociales. Muchos delincuentes piensan que escondidos detrás de nombres falsos en sus perfiles de Internet no podrán ser detectados. Pero a través de los rastros que dejan online las fiscalías especializadas pueden descubrirlos.
Miembros de la división de cibercrimen de la Policía Metropolitana, una suerte de CSI porteño, dijeron que actualmente tienen 50 causas abiertas de pornografía infantil y que ingresan hasta 30 causas mensuales sólo de pedofilia. "Una causa no quiere decir una persona o un usuario, puede significar múltiples domicilios, desde uno hasta 50", explicó Juan Carlos Rodríguez, subcomisionado de la división. La mayoría de los casos les llegan a partir de informes de la Ncmec o de Interpol.
Con el dato de una cuenta de correo o de una dirección IP correspondiente a la Argentina comienzan una investigación. En el 80% de los casos trabajan con la fiscalía de la ciudad, porque es la que más experiencia tiene en pedofilia, por su antigüedad.
Una piedra en el camino
Los expertos consultados por LA NACION coinciden con que existen tres impedimentos procesales para profundizar las investigaciones de pornografía infantil. "La Justicia llega más lenta que la tecnología, porque no todo está tipificado legalmente", dijo Andrés de los Santos, oficial mayor y especialista operativo de cibercrímenes de la Metropolitana.
La tenencia de material pornográfico para uso personal no está penada en el Código; por lo tanto, muchos pedófilos alegan que tienen archivos de este tipo que no distribuyen (lo que sí sería delito). Además, se busca tipificar una figura de "agente provocador" para casos de explotación sexual infantil. "Esta figura sería ideal, pero por ahora solamente está permitida para casos de narcotráfico", dijo Dupuy.
Ezequiel Sallis, especialista en sistemas para la firma internacional FTI Consulting, sostiene que la dinámica de la investigación, desde un punto de vista procesal, necesita de la posición del agente encubierto o provocador. "La Justicia y las policías especializadas están limitadas en el campo de investigación por aspectos procesales, como éste, que no se adaptan a las formas de investigación que requieren los delitos modernos", explicó.
Daniel Monastersky, abogado especializado en cibercrimen, afirma que faltan capacitación y campañas de concientización para que los padres estén atentos a conductas extrañas en sus hijos que deriven a una posible relación con pedófilos.
En 2008 se promulgó una ley que castiga el grooming. Sin embargo, una gran mayoría de padres desconoce su existencia y qué significa. "El grooming consiste en el contacto que toman adultos con chicos, especialmente cuando se hacen pasar por menores", dijo Monastersky. Agregó que el 90% de este tipo de delitos que se cometen a través de Internet se realizan con identidad falsa.
El groomingpuede aparecer de diversas formas. A partir de un acercamiento inicial los pedófilos empiezan a participar en grupos de redes sociales de menores; luego establecen una intimidad para detectar sus intereses personales, la relación con sus padres, y si se encuentran solos en sus casas por largos períodos de tiempo.
Las conversaciones vía chat tienen un contenido erótico y pornográfico, en donde el mayor le pide al chico, a través de la webcam, que se saque fotos (que pueden ser pasadas a una red de pornografía infantil y ser diseminadas por todo el mundo). En una última instancia, cuando el menor se da cuenta de que lo que hace está mal, se lo llega a extorsionar con el propósito de un encuentro cara a cara.
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