Los maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán impiden el avance de la nueva ley
PAULA CHOUZA / LUIS PABLO BEAUREGARD México12 FEB 2015 - El País4
Maestros acampanan en la avenida Reforma (Ciudad de México) el lunes. / SAÚL RUIZ
A dos años de la aprobación en México de una nueva ley de educación, una de las reformas estructurales prometidas al comienzo de su mandato por el presidente Enrique Peña Nieto, el fantasma de las protestas continúa y la legislación apenas ha avanzado en el sur del país. La reforma educativa, una ley de rango constitucional que propone una remodelación de las condiciones laborales del magisterio y amplía la autonomía y participación de las escuelas se topó desde el comienzo de su tramitación con la oposición de una parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La mayor organización gremial en América Latina, otrora apoyo fundamental del Gobierno en turno, se vio debilitada tras laencarcelación en febrero de 2013 de su líder, La Maestra Elba Esther Gordillo, acusada de fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero. Desde entonces, la facción opositora del sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha mantenido un pulso con el Gobierno federal, lo que ha ralentizado la implantación de la reforma en varios Estados. Entre los escasos logros hasta ahora de la nueva ley, que promueve un sistema de evaluación para maestros -una de las medidas más rechazadas por el magisterio-, establece concursos oficiales y acaba con la herencia de plazas, ha sido la elaboración del primer censo de profesores en el país, que arrojó la cifra de 1.200.000 docentes.
El último conato de enfrentamiento entre Coordinadora y Gobierno se produjo esta semana cuando cientos de maestros hicieron un campamento durante tres días en la capital del país. En esta ocasión, la exigencia de los docentes pasaba por el pago inmediato de la nómina a más de 6.000 trabajadores de la educación que no se encuentran en el censo oficial que baraja la Secretaría de Educación Pública.
El SNTE y la CNTE
La reforma ha encontrado aliados y detractores. Los primeros se encuentran agrupados en el SNTE. Las secciones disidentes, que lucharon contra los cacicazgos y repudiaron el liderazgo de Elba Esther, se agruparon en la Coordinadora Nacional (CNTE), compuesta en su mayoría por maestros del sur. La CNTE y sus secciones más combativas (Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas) han mostrado su repudio a la norma.
“Estamos en la fase de la resistencia. Tenemos un programa alternativo de educación y cultura, nuestros propios planes, libros de texto y propuesta de evaluación”, señala Ortega, líder de la CNTE en Michoacán.
Uno de los errores que cometió el Gobierno de Peña Nieto fue usar de interlocutores a ambos bandos. Por un lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) negoció con el SNTE la implementación de la reforma, pero el presidente envió en 2013 a uno de sus hombres más cercanos dentro del ministerio de Gobernación (Interior), el subsecretario Luis Miranda, a hablar con la CNTE. “Ahí comenzó un juego perverso”, afirma Ricardo Raphael, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica. “Miranda les entrega muchos recursos para que la disidencia acepte la reforma con algunos candados. Ahí construyó su tumba”.
El censo de escuelas, maestros y alumnos.
Aunque parezca imposible, México comenzó el siglo XXI sin saber cuántos profesores tiene. La opacidad fue una herramienta en favor de los caciques gremiales que manipulaban la nómina a su antojo durante décadas. Una de las primeras acciones de la reforma fue esa: contar a los maestros que dan clase en las escuelas públicas del país. Los resultados fueron presentados en 2014 y pusieron en evidencia los desajustes y carencias del sector educativo. Se halló que nadie conocía a más de 39.000 maestros de los más de dos millones de empleados (profesores y administrativos) que se contaron. Asociaciones civiles como Mexicanos Primero creen que estos puestos fantasmas fueron usados para desviar cantidades “multimillonarias de dinero” a los aparatos de la cúpula sindical.
El censo también indicó que existen más de 200.000 escuelas. Entre ellas 2.241 fabricadas con materiales precarios, más de 14.444 que no tienen pizarrones en todas sus aulas, 36.264 sin agua, 20.152 sin baños y 18.564 sin energía eléctrica. Más de 100.000 no tienen conexión a Internet. En peores condiciones, la Secretaría de Educación valora que hay 20.000 colegios. Estos se encuentran en situación de alto y muy alto deterioro, con mayor grado de carencias en servicios básicos, infraestructura física y equipamiento.
Entre los pilares básicos de la reforma está el reducir la desigualdad en el acceso a la educación y aumentar la autonomía y participación de las escuelas
La información, sin embargo, se encuentra incompleta porque algunas secciones sindicales de la CNTE se negaron a participar en rechazo a la reforma. El conteo no se llevó a cabo en el 27% de las escuelas de Oaxaca y Michoacán. El 41% de las escuelas de Chiapas, un Estado que presenta mucho retraso educativo y altos índices de pobreza, también quedó fuera.
Centralización de la nómina.
Hasta 1992 el 80% de las escuelas del país eran responsabilidad del Gobierno federal. Ese año el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió transferir las responsabilidades a los gobiernos estatales. Esto incluía pagar la nómina a las plazas y escuelas nuevas. “La SEP enviaba a la Hacienda estatal las partidas para educación, un 90% destinado a salarios de maestros y los gobiernos usaban esos recursos para otros fines, como construcción de carreteras”, explica David Calderón, responsable de Mexicanos Primero.
La reforma educativa ha vuelto a centralizar la nómina para restar la capacidad de los gobernadores de manipular los recursos con fines políticos. Pero la SEP ha limitado el pago a los maestros que aparezcan en el censo que levantó. Los sectores disidentes, al haberse negado a participar en el conteo, han quedado sin cobrar. Esto ha generado manifestaciones multitudinarias, como la de esta semana en la capital exigiendo 6.000 salarios.
El subsecretario de Gobierno de Gobernación (Interior), José Luis Miranda, negoció con ellos y ha logrado, después de ofrecerles un monto que no ha sido revelado, que los maestros levantaran el campamento, aunque un 30% de los manifestantes se han quedado en la ciudad en un campamento improvisado. “La Sección 22 se ha convertido en un ente succionador de recursos. El Gobierno no ha hecho más que ceder. La CNTE sabe que presionando obtiene dinero”, afirma Raphael.
Evaluación de profesores
a Ley del Servicio profesional Docente establece un sistema de evaluación para los profesores en activo. El carácter obligatorio de las pruebas, que condicionan la permanencia en el servicio, es una de las medidas más polémicas de la reforma. En el segundo semestre de este año se celebrarán los primeros exámenes. La SEP evaluará en 2015 a tan solo 300.000 maestros. En cuatro años, 1.200.000 docentes pasarán los controles. El Instituto Nacional de Evaluación, un organismo que nació con la nueva ley, será el encargado de la organización de los exámenes, así como de certificar a los propios evaluadores que deberán dirigir las pruebas. La disidencia en Oaxaca, Michoacán y Guerrero no reconoce este sistema y se niega a participar.
La situación de la educación en México
Según los últimos exámenes del Informe PISA, de 2012, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel básico de habilidades matemáticas y el 41% no llega al de comprensión lectora. Con esos resultados, México se sitúa en el último lugar de los 34 países de la OCDE y en el 52 de los 65 países que participaron en la prueba.
Entre los pilares básicos de la reforma está el reducir la desigualdad en el acceso a la educación y aumentar la autonomía y participación de las escuelas y de los padres, pero los resultados son escasos. “Casi no se ha avanzado en este tema, sólo en algunos colegios aislados”, explica David Calderón. “Las familias no tienen tiempo y no se les ha facilitado tampoco desde las instituciones”.
La SEP desarrolla cuatro programas complementarios, entre los que destaca el de inclusión y alfabetización digital. En dos años el Gobierno ha entregado más de 900.000 ordenadores personales y tabletas a alumnos de quinto y sexto de primaria.
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