México tiene un sistema educativo de grandes dimensiones: 33 millones de personas están inscritas en alguno de sus niveles. La expansión educativa experimentada a partir de los años sesenta del siglo pasado explica que el 98.6% de los alumnos entre 6 y 11 años esté matriculado en la escuela primaria y que la escolaridad promedio de la población de 15 años y más, sea de 9.2 grados (INEE, 2015) El sistema educativo mexicano opera en un contexto complejo. México es un país con una gran diversidad cultural y lingüística. 7.9 millones de personas hablan una lengua indígena, y 25 millones se consideran indígenas (INEGI, 2015). Ello representa una enorme riqueza, pero la atención educativa a la diversidad cultural y lingüística no ha sido la adecuada, lo que explica que estudiantes indígenas sean los menos beneficiados por el sistema educativo. Por otra parte, si bien tres cuartas partes de la población vive ya en comunidades urbanas, de 2,500 habitantes o más, existen 139,000 localidades con 100 habitantes o menos, a las que es difícil llevar el servicio educativo. De hecho, el 44% de las escuelas primarias son multigrado. El país es en extremo desigual – el decil de mayores ingresos percibe 26.6 veces más que el decil de menores ingresos (Banco Mundial, 2014), y ello se refleja en acceso, permanencia y resultados de la educación. 46% de la población vive en condiciones de pobreza.
Todavía hay problemas de acceso a la educación obligatoria, que en México es de 15 años (incluyendo 3 de preescolar). Sólo el 71.9% de los niños entre 3 y 5 años de edad asiste al preescolar. 87.6% de los que tienen entre 12 y 14 años asisten a la secundaria baja, y 57% de los jóvenes entre 15 y 17 años asisten a la secundaria alta.
El problema de la inequidad educativa quizás sea el más grave del país: éste se refleja en el propio acceso –son los más pobres los que menos acceden --, pero también en la permanencia en la escuela, en la regularidad de la trayectoria escolar, en la calidad de la infraestructura y de los recursos materiales y humanos, en la distribución del gasto educativo y, naturalmente, en el logro escolar. Quienes asisten a escuelas indígenas, viven en zonas marginadas y rurales, y proceden de familias con menores recursos, tienen también menores resultados de aprendizaje. Ante esta realidad, en México se modifica el Artículo 3° y 73° de la Constitución a fin de dar lugar a una reforma educativa importante en 2013. Esta reforma educativa descansa en tres pilares: la instalación de un servicio profesional docente, la evaluación educativa – se dota de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación – y la formación inicial y continua de los docentes. El Artículo 3° por primera vez define que el estado es garante del derecho a una educación de calidad. Se entiende por calidad el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Para lograrlo, dice el mismo Artículo 3°, habrá de mejorar los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos. La reforma da lugar a la modificación de la Ley General de Educación y de las leyes de educación en las entidades federativas, y genera dos leyes secundarias: la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
A tres años de la reforma, si bien se puede decir que se ha avanzado en todos los aspectos señalados por la Reforma, y también en la propuesta de un nuevo modelo educativo y de un estilo de gestión renovado que coloca la escuela en el centro, los resultados aún no se observan en indicadores de acceso, trayectoria y logro escolar. La reforma se ha enfrentado a importantes resistencias de parte de las estructuras burocráticas y de sectores del magisterio que han perdido privilegios fuertemente arraigados. La equidad sigue siendo un problema central, y se le ha dado menos importancia de la que merece su gravedad.
El país se enfrenta ahora a fuertes restricciones económicas que han afectado ya el presupuesto para atender los problemas que se propuso la reforma. Habrá que hacer esfuerzos por colocar adecuadamente las prioridades para poder avanzar en el cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad.
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[*] Socióloga, con maestría en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana en México. Ha sido investigadora desde 1970 en torno a los temas de educación rural, calidad de la educación, educación de adultos y educación intercultural, en torno a los cuales ha publicado más de 150 trabajos. Actualmente es Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México.
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