EE UU planea liberar frecuencias, pero no crear una red pública inalámbrica universal. En España, la crisis pone en jaque los planes de los Ayuntamientos, constreñidos además por la ley
RAMÓN MUÑOZ / EVA SAIZ 17 FEB 2013 -El País
La wifi gratis es vista como una oportunidad por los grandes buscadores para colocar publicidad. / JOHN MOORE (GETTY IMAGES)
Una noticia algo confusa publicada por el The Washington Post hace una semana ha reabierto un debate que se inició casi en el mismo momento en que nacieron las comunicaciones inalámbricas: wifi gratis y para todos. Sin embargo, en contra de lo reflejado por muchos titulares, el “free superwifi” del que se ha escrito en EE UU no se refiere a un proyecto para crear una gran red pública gratuita que dé servicio universal sino, mucho más modestamente, dar libre acceso a las frecuencias que han desocupado las televisiones, en lugar de vendérselas a las operadoras. En este caso, el significado de “free” es libre, y no gratis, la otra acepción del vocablo. Esa liberación de frecuencias permitiría, eso sí, que se abarataran notablemente las conexiones inalámbricas e incluso que las empresas —telefónicas u otras ajenas al sector como Google— puedan aprovechar para dar gratuitamente wifi.
Aunque sea por esa confusión, y por el amarillismo de muchos de los titulares que provocó, el revuelo ha desempolvado la polémica sobre el wifi gratuito, que en España viene también de lejos. La crisis ha acabado de rematar el sueño de la conectividad permanente a costa del presupuesto público y ha puesto en jaque muchos de los proyectos de las 500 Administraciones (casi todas locales) que tienen licencia para prestar este servicio.
A esa falta de financiación se une la restricción normativa. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), mediante una circular de julio de 2010, permite la prestación gratuita pero siempre que no suponga una competencia desleal con las compañías privadas. Fundamentalmente impone dos condiciones para el wifi público gratuito: limitar el alcance a zonas que no incluyan edificios de uso residencial y restringir la velocidad (a 256 Kbps) muy por debajo de los umbrales comerciales (a partir de 1 mega). En la práctica, estas condiciones se han demostrado suficientes para invalidar que un organismo público preste wifi gratuito masivo.
Aún con esta protección, las compañías telefónicas están vigilantes para impugnar, incluso en los tribunales, cualquier intento de ofrecer un servicio gratis total. Su argumento es muy simple: “¿Por qué reclamar wifi gratis y no luz o agua gratis?”.
Frente a esta visión, Jenaro García, consejero delegado de Gowex, una empresa dedicada a crear espacios wifi gratuitos, cree que se abre una oportunidad: “Es cierto que la crisis ha disminuido los fondos que pueden dedicar los Ayuntamientos a estos proyectos, pero se pueden explorar modelos de negocio rentables como la coinversión con empresas privadas. Otra cosa es lo que los operadores españoles no los quieran ver”.
Gowex está presente en 18 ciudades españolas con proyectos como el que ha presentado esta semana de dar wifi gratis en los autobuses interurbanos de la EMT. Según explica la compañía, su financiación proviene de la publicidad geolocalizada, lo que le cobran a los operadores por el tráfico y la aportación de los entes locales, que debe ser temporal por exigencias de la CMT. Algunos Ayuntamientos como de Elche, que acaba de completar su proyecto de wifi gratuito, creen que el retorno a esa inversión se compensa, por ejemplo, con la atracción de turistas.
En EE UU, ya hubo varios intentos de ofrecer wifi gratis en ciudades como San Francisco, Orlando, Boston, Filadelfia, Houston, Chicago o Cincinnati que han fracasado o pasan por serios apuros económicos. Pero lo que está ahora encima de la mesa es distinto. Se trata de un plan del Gobierno federal para ampliar a lo largo de todo el país el uso sin necesidad de licencia del espectro radioeléctrico para favorecer el acceso gratuito a wifi y a otros tipos de conexión inalámbrica a Internet de nueva generación. Un proyecto a largo plazo que pasa por liberar frecuencias de una de las bandas en la que opera el wifi normal y otras que estaban reservadas a la emisión de la televisión terrestre y que, en determinados aspectos, aún no cuenta con la aprobación del Congreso.
Estas frecuencias tienen mayor alcance que aquellas en las que opera el wifi. “La conexión inalámbrica en este tipo de frecuencias bajas es ideal para hacer llegar Internet a zonas de difícil acceso, aisladas o montañosas y es mucho más barato para los operadores o las ciudades que quieran proveer el servicio”, explica Susan Crawford, especialista en política de telecomunicaciones y exasesora de Obama. Su mejor accesibilidad y su bajo coste ya han despertado el interés de varias ciudades que ven en esta nueva conexión una posibilidad de ahorrar dinero en la provisión de acceso a Internet a colegios u hospitales.
El presidente de FCC, Julius Genachowski, ha destacado que “el espectro libre ha demostrado que favorece la innovación tecnológica y el crecimiento económico y ofrece grandes beneficios para los consumidores”. Algunos gigantes tecnológicos como Google o Microsoft se han mostrado entusiasmados ante las perspectivas que para el desarrollo de su negocio plantea la liberación de este tipo de frecuencias. Pero la iniciativa ha despertado los recelos de las grandes compañías de telefonía móvil. Los republicanos quieren que el espectro se venda a las compañías telefónicas para ingresar en las arcas públicas el dinero proveniente de las subastas.
“En EE UU apenas hay competencia en la comunicación inalámbrica. Las grandes telefónicas poseen todo el espectro de frecuencias móviles y mucho del de wifi y ahora quieren asegurarse el monopolio de las nuevas bandas que se liberen, limitando al máximo el espectro que se destine a usos sin licencia”, explica Crawford. La investigadora recela de la influencia que las compañías puedan ejercer en el Congreso para obstruir el plan de la FCC.
Jeffrey Silva, analista de Medley Global Advisers, sin embargo, considera que el debate no debería circunscribirse a una guerra entre compañías tecnológicas y proveedores de telefonía móvil. “Todas necesitan wifi. La solución pasa por determinar de una manera racional y equilibrada qué proporción de ese espectro debe destinarse a uso con licencia y cuál a uso libre para garantizar la competitividad y la innovación”.
Hay gobiernos locales que directamente o a través de proveedores están suministrando conexión de wifi gratuita a sus vecinos y en el caso de la nueva superwifi “nada les impide hacer lo mismo”, asegura Silva. Algunas empresas ya están ofreciendo wifi gratis. Google lo hace en el barrio de Chelsea, en Nueva York, donde el buscador tiene una de sus sedes, y en varias zonas de Silicon Valley. “Ofrecer el mismo tipo de acceso para el caso de wifi de nueva generación les reportaría una magnífica publicidad”, sostiene Crawford.
Una normativa estricta
Los Ayuntamientos pueden dar wifi gratis, pero siempre que lo limiten a zonas que no incluyan edificios de uso residencial y se restrinja la velocidad a 256 Kbps.
Para ofrecer ese servicio deben inscribirse en el registro de operadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
Cerca de 500 Administraciones cuentan con licencia, por la que pagan una tasa como las empresas privadas.
El acceso a Internet debe prestarse en régimen de “autoprestación”, es decir, para satisfacer las “necesidades propias” del servicio que reciben los ciudadanos del Ayuntamiento y no para “páginas web distintas de las vinculadas a la actividad del Ayuntamiento”, según la sentencia de la Audiencia Nacional que rechazó el recurso del Ayuntamiento de Málaga.
Las comunidades de vecinos también pueden ofrecer wifi siempre que no haya ánimo de lucro; que el servicio no esté abierto al público en general; y que el prestatario del servicio sea el operador. Los establecimientos comerciales sí pueden dar wifi gratis o de pago en sus locales, siempre que no sea su actividad principal.
En España el debate es muy distinto, porque las frecuencias que dejó libre la televisión analógica (el llamado dividendo digital) ya se subastaron en 2011, y las operadoras tuvieron que abonar por ellas al Estado 1.650 millones de euros. A falta de espacio radioeléctrico, lo que está por ver es si los Ayuntamientos, las Administraciones o incluso las comunidades de vecinos pueden ofrecer wifi propio, más barato o gratis, en particular en un escenario de crisis.
La primera barrera de entrada que tiene en España cualquier Administración que desee prestar servicios de telecomunicaciones es que debe inscribirse en un registro de operadores de la CMT, llevar una contabilidad separada de esa actividad y operar “con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación”. No obstante, la norma exceptúa de la necesidad de inscribirse si el Ayuntamiento utiliza el wifi para su propio uso (no está abierto a terceros), bien para los funcionarios de esa administración o a los centros de educación (escuelas, institutos, colegios y centros universitarios), bibliotecas o centros culturales.
Algunos Ayuntamientos no han dudado en impugnar esta normativa en los tribunales. El conflicto más agrio y el que a la postre generó jurisprudencia fue el de la corporación de Málaga, que comenzó en 2008 a prestar wifi sin estar inscrita en el registro de operadores. Después de un largo proceso, la CMT sancionó a la corporación local con 300.000 euros por no inscribirse en ese registro, y no porque el servicio fuera gratuito. El Ayuntamiento recurrió ante la Audiencia Nacional, que dio la razón a la CMT, confirmando la sanción. La sentencia, de septiembre de 2011, se basa en que las Administraciones sólo pueden dar wifi gratis en régimen de “autoprestación”, es decir, si su uso está vinculado al desempeño de las funciones de la institución.
“La Audiencia viene a atender el criterio de la CMT y excluye la actividad del Ayuntamiento como autoprestación, al entender que no puede calificarse de autoprestación un servicio que permite el acceso y la navegación del usuario por páginas distintas de las estrictamente vinculadas a la prestación del giro o tráfico de la Administración municipal de que se trate”, señala en su blog Alex Touriño, abogado experto en nuevas tecnologías.
La normativa de la CMT también abre la puerta a que las Administraciones financien su red de wifi mediante patrocinios o publicidad, aunque recuerda que no debe distorsionar la libre competencia, e impide por ejemplo, que esos fondos vengan de empresas que contratan con la Administración.
Redtel, la asociación que agrupa a los principales operadores con red propia (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono), tiene claro su rechazo: “Los recursos de las Administraciones Públicas deberían centrarse en estimular la demanda y favorecer el uso de los servicios de las telecomunicaciones por parte de los ciudadanos y empresas facilitando el despliegue de redes. La inversión en la infraestructura ya la están haciendo las empresas privadas. El hecho de que las Administraciones destinen una parte de sus presupuestos (hoy más escasos que nunca) a desplegar redes y prestar servicios genera en muchas ocasiones una distorsión de la competencia. Además, puede provocar inseguridad jurídica al ciudadano, porque no siempre esos proyectos cumplen con toda la normativa (protección de datos, derechos de los usuarios, conservación de datos, etcétera) y a menudo son contrarios a las directrices europeas sobre ayudas de Estado en vigor. Su efecto puede ser contraproducente y expulsar del mercado la inversión privada”, indican en la asociación.
Los operadores apelan a las encuestas para intentar desmontar el argumento de que el principal motivo para no usar Internet es la conectividad o el precio. Los resultados de un Eurobarómetro publicado en junio de 2012 muestran que, entre los europeos que no tienen un acceso a Internet en sus hogares, el 63% no está interesado, el 18% no accede por motivos económicos y tan sólo el 1% por falta de cobertura. Por su parte, la Encuesta INE sobre Equipamiento y uso de TIC en los hogares 2011 indicaba que los dos principales motivos para no usar Internet son la falta de interés del usuario (66,7%) y la falta de conocimientos para usarlo (29,1%).
“La mayor parte de los encuestados que no tienen acceso a Internet se debe a una falta de interés, y el porcentaje que no lo hace por motivos de cobertura (que sería el problema que trataría de resolver el wifi municipal) es residual”, dicen en Redtel.
Paloma Llaneza, abogada socia de Razona experta en tecnologías, también cree que los contribuyentes no deben sufragar el wifi gratuito. “Entre las funciones de servicio público que tienen fijados los Ayuntamientos en su ley reguladora está limpiar las calles, no dar servicios que, siendo de interés general como las comunicaciones (y por eso están regulados), no son servicios públicos y han de prestarse en libre competencia. Igual que los Ayuntamientos no regalan las llamadas de teléfono, entre sus funciones no está la de utilizar el dinero de los contribuyentes en algo que es más una moda que una necesidad, cuando funciones que le son propias están desasistidas. Sé que muchos alegan que eso facilita la administración electrónica, pero eso se solventa poniendo terminales al servicio de los ciudadanos”.
En el lado opuesto, Jenaro García entiende que “el wifi gratis es el final del camino y es inevitable, porque se trata de una necesidad. Nosotros hemos decidido colocar esa prioridad en el principio. Los operadores deben hacerse la pregunta al revés ¿Y por qué no wifi gratis? Gowex ha desmostrado que se puede hacer y ganar dinero”.
Otra de las posibilidades muy poco explotada en España es la del wifi comunitario para compartir con los vecinos. Solo está sujeta a tres condiciones: la inexistencia de ánimo de lucro; que tanto la red como el servicio no estén abiertos al público en general; y que la comunidad de propietarios no sea la prestataria del servicio, sino el operador.
Los establecimientos privados como hoteles, cafeterías o centros comerciales sí que están cada vez más concienciados de que el wifi es un reclamo poderoso para la clientela. Lo pueden dar gratis o de pago, siempre que este servicio sea una actividad accesoria, aunque cobre por ella, que los destinatarios sean únicamente los clientes y que la cobertura solo afecte a sus instalaciones.
El wifi gratuito para todos sigue siendo pues un objetivo lejano. Aunque, si nadie se extraña de que haya fuentes públicas de agua, tal vez alguna vez veamos normal que también se navegue libremente en el banco de cualquier parque.
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