No es razonable que en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto se marginen aquellas actividades, como las científicas, que están en la base de nuestras opciones de futuro
EVA VÁZQUEZ
En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional publicado recientemente aparece una vez más que los colectivos que merecen más confianza a los ciudadanos españoles son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En cambio, las profesiones que menos confianza producen son bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente resulta ser este en el que menos confían. En cambio, en estos momentos aquellos en quien más confían tienen problemas para llevar a cabo su trabajo e incluso para sobrevivir. ¿Deberíamos dar la vuelta al sistema y proponer que sean aquellos en quienes más confían los ciudadanos, científicos y médicos, los que gobiernen?
Algo así proponía Platón en su diálogoLa República. En esta obra célebre proponía que una aristocracia del saber fuera la que tomara las riendas del Gobierno. Este concepto ha ido rondando por las ideas políticas durante siglos y ha servido principalmente para justificar Gobiernos totalitarios. La historia nos enseña que no hay alternativa sensata a los sistemas democráticos aunque parecería apropiado hacer reformas para que la confianza del ciudadano en el sistema político se recupere. Es cierto que la presencia de científicos o médicos en los Gobiernos no es frecuente, pero tampoco extraña. Por ejemplo, el primer Gobierno socialista en 1982 tuvo una buena representación de miembros conformación científica y no deja de ser uno de los mejor recordados de los últimos años. El actual Gobierno solo tiene un miembro con formación médica y justamente en una función no relacionada con ello.
La relación entre ciencia y Gobierno se da en las dos direcciones posibles. Por una parte los Gobiernos se enfrentan cada vez más a cuestiones en las que deberían tener en cuenta los datos que proporciona la ciencia. Cuando hablamos de energía, de salud, de medio ambiente o de agricultura, por poner unos ejemplos, los Gobiernos necesitarían disponer de los mejores datos posibles sobre estas cuestiones, elaborados de forma transparente e independiente y para ello deberían contar con el consejo de los científicos. Es posible que sea este punto uno de los aspectos que los ciudadanos valoran de científicos y médicos. Si estos hacen bien su trabajo, los resultados deberían estar producidos con objetividad y estar dirigidos a ayudar a que la sociedad tome sus decisiones de la mejor manera posible. Distinguir entre quienes asesoran y quienes deciden es esencial en una sociedad democrática, pero que de forma transparente las decisiones se tomen tras valorar los mejores datos científicos disponibles parece imprescindible. Los Gobiernos de los países más avanzados suelen tener instancias para consultar a la hora de tomar decisiones, algo prácticamente desconocido en España.
Por otra parte la ciencia (como la sanidad o la educación) necesita del Gobierno. Es absolutamente ilusorio pensar que la iniciativa privada va a financiar la investigación científica en su totalidad. En parte pueden hacerlo fundaciones privadas, y en este sentido el mecenazgo es importante. Pero en todos los países avanzados está claro que hay una división del trabajo entre la financiación de la investigación de iniciativa autónoma de la que salen las ideas nuevas, y la financiación de la investigación dirigida a resolver cuestiones concretas de interés para la sociedad y la industria que tiene que estar basada en la financiación privada. La investigación creativa, en todos los países del mundo, es una competencia del Estado que tiene que velar, desde luego, para que sea de la mejor calidad posible. Y es en este punto en el que la realidad actual muestra su aspecto más descorazonador.
Curiosamente, entre las profesiones más afectadas por la crisis están aquellas en las que más confían los ciudadanos, que son científicos y médicos, a las que se añaden las pequeñas y medianas empresas, profesores de la enseñanza pública y las ONG. El año 2012 se termina con el anuncio de que la convocatoria para proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad se retrasa unos meses. Y 2013 comienza con que uno de los fondos financiadores de proyectos, los de investigación agrícola, que ya estaban aprobados no se van a financiar. Esto se añade a recortes en sueldos, en contratos temporales y en plazas de investigador y profesor, en un entorno en el que el sistema no se reforma para hacerlo más eficiente. La situación presente va a ser demostrativa de las contradicciones en las que nos encontramos. Va a haber millares de funcionarios a los que ni se les permite competir para conseguir medios para llevar a cabo su trabajo. Y como efecto colateral de consecuencias letales para el futuro, muchos investigadores jóvenes que dependen de contratos financiados por proyectos se van a ver incapacitados para continuar su trabajo.
Profesiones como las de científico o médico o profesor de la enseñanza pública no tienen sentido sin profesionales motivados por su trabajo y entregados a él. Las pequeñas y medianas empresas necesitan de emprendedores con ilusión. Y esta se puede estar perdiendo entre recortes y privatizaciones. Nadie duda de que haya que hacer todo lo posible para gestionar eficientemente los recursos públicos. Sin embargo, en este momento se mantienen los aspectos más burocráticos de la Administración mientras que se privatiza la gestión como por ejemplo en los hospitales. Si se elimina el espacio de creatividad y respeto a la vocación de estos profesionales va a haber efectos negativos que pronto se van a notar en cuestiones esenciales como la sanidad, la educación y desde luego en la ciencia. Y la credibilidad internacional de nuestro país, por muchos esfuerzos demarketing que se hagan, se va a encontrar por los suelos.
En el actual debate sobre quienes asumen el papel de gobernantes parecería que los que controlan actualmente la política española tienen aversión a lo científico y lo académico. En la situación de excepcionalidad que se está viviendo proliferan los análisis más o menos profundos o demagógicos sobre quien controla las decisiones políticas de los países. De algunos de estos análisis se podría sacar la conclusión de que los actuales gobernantes priman los aspectos corporativos de la burocracia sobre los aspectos creativos que representan la ciencia y la educación. O también que se aprovecha para sacar partido económico de actividades como la sanidad frente a las necesidades sociales o para promocionar algunas ideologías concretas en la educación. Seguramente son todas estas visiones excesivamente simplistas. En cualquier caso parece obvio que investigación, educación y cultura no son prioridades de los actuales gobernantes españoles. Y sería interesante conocer si hay alternativas concretas en alguna fuerza de la oposición.
Quizá podríamos proponer un partido de científicos para tratar de ganar el poder, aunque es previsible que no superar en votos al Partido Pirata. Ni los científicos harían campañas electorales eficaces ni tampoco hay ninguna evidencia de que los científicos fueran buenos gobernantes. Pero no parece razonable en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto, que se marginen o se arruinen aquellas actividades que están en la base de nuestras opciones de futuro. Sobre todo cuando son aquellas actividades que los ciudadanos más respetan. Quizá deberíamos encontrar vías para transmitir de forma clara a los ciudadanos cuáles son aquellas opciones políticas que respetan a aquellos colectivos que los ciudadanos respetan y cuáles las están hundiendo para que estos tomen sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Y si la ciencia no acaba controlando el poder podría exigirse que al menos este muestre algún nivel de respeto hacia ella.
Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.
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