En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la entidad subrayó que el Estado nacional es responsable por no evitar el maltrato. Y reclamó que se garantice el acceso al aborto no punible.
22/05/13 - 20:14
Amnistía Internacional advirtió su "preocupación" por la situación de los pueblos originarios, la violencia contra las mujeres y las dificultades para el acceso al aborto no punible en Argentina, en el Informe Anual 2013 que presentó hoy sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
El organismo internacional, sin embargo, celebró la continuidad de los avances en las investigaciones y condenas a los responsables de las torturas y desapariciones durante la última dictadura militar en el país.
El informe sostuvo que "continúa preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres" y advirtió que "preocupa el hecho de que no se recopile información fiable".
Sin embargo, destacó como "un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales" la sanción de la ley que permite el cambio de nombre y sexo en el documento, sin la exigencia de contar con la aprobación de un juez o un médico.
El organismo internacional, sin embargo, celebró la continuidad de los avances en las investigaciones y condenas a los responsables de las torturas y desapariciones durante la última dictadura militar en el país.
El informe sostuvo que "continúa preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres" y advirtió que "preocupa el hecho de que no se recopile información fiable".
Sin embargo, destacó como "un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales" la sanción de la ley que permite el cambio de nombre y sexo en el documento, sin la exigencia de contar con la aprobación de un juez o un médico.
Respecto del derecho al aborto no punible para las mujeres y niñas víctimas de violación o cuya vida o salud corra peligro en caso de que se lleve a término el embarazo, contemplado en el Código Penal, el informe recordó el caso de una mujer víctima de trata, violada, a quien se le negó un aborto en la Ciudad de Buenos Aires. Y que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó la ley.
El organismo dijo que "son varias las provincias del país que no cuentan con Protocolos de interrupción del embarazo respetuoso de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal", procedimiento impulsado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el 13 de marzo de 2012.
Belski afirmó que los órganos de expertos independientes que interpretan los tratados de derechos humanos "apoyan cada vez más la postura de que debe garantizarse el acceso a un aborto legal y seguro si el embarazo de la mujer es consecuencia de una violación o si supone un riesgo para la vida o la salud de la madre, tal cual lo estableció la Corte Suprema en la Argentina".
En ese sentido, destacó que los expertos que mencionó "afirman la importancia de despenalizar el aborto, ya que restringe el control de la mujer sobre su propio cuerpo y podría exponerla a riesgos para la salud innecesarios".
"Tanto las mujeres como los hombres deben poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin coacción, discriminación ni violencia", manifestó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Por otra parte, en su apartado sobre Argentina, la organización internacional hizo hincapié en el "incumplimiento" de la Ley de Emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas mientras no se realice un estudio nacional para delimitar los territorios.
En ese sentido, mencionó "las amenazas y los actos de intimidación" que sufrieron el jefe de la comunidad toba qom La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y otros miembros de la comunidad en Formosa.
"Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial", advirtió Aministía Internacional en el informe.
La directora ejecutiva del capítulo de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, manifestó que "el incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacionaldel Estado argentino".
En el informe anual por países, Amnistía celebró que en noviembre del año pasado se haya aprobado la creación de un "mecanismo nacional para la prevención de la tortura". Y destacó que en el mes de julio del año pasado Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone fueron declarados "culpables del secuestro sistemático de niños y niñas y condenados a 50 y 15 años de cárcel, respectivamente", entre otros condenados.
Fuente: ANSA y DyN
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