El Gobierno defiende las evaluaciones a los maestros, suspendidas en vísperas de las elecciones, y que finalmente se llevarán a cabo este fin de semana
DAVID MARCIAL PÉREZ México 17 JUN 2015 - 20:39 CEST, El País
Maestros protestan en las calles del DF / ALEX CRUZ (EFE)
La reforma educativa, una de las medidas estrella del Gobierno, avanza a trompicones en la agenda política mexicana. Este fin de semana alcanzará uno de sus puntos más calientes, la ronda de exámenes a los profesores en activo, que han de aprobar para mantener sus puestos. Unas pruebas que despertaron la ira de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El Gobierno, ante el aumento de la tensión durante las vísperas de elecciones intermedias, decidió hace dos semanas una especie desuspensión cautelar “indefinida” de las pruebas. Tan solo un día después de los comicios se reactivó el calendario original, y desde entonces pesos pesados del Gobierno han salido en cascada para apuntalar una imagen de firmeza después del paso atrás.
Desde el presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, se han sucedido las declaraciones admonitorias. “Las evaluaciones ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan", dijo Peña Nieto el día después de que su gobierno reactivara las pruebas. "La norma es clara, las evaluaciones son obligatorias y para quién no las cumpla, habrá sanciones", subrayó Chong este martes.
La CNTE, la facción opositora del sindicato de maestros que con más determinación se está enfrentando a la reforma, elevó el nivel de la protesta durante las semanas previas a las elecciones. Amenazó directamente con boicotear los comicios y tras varios ataques a oficinas electorales y quemas de papeletas, focalizados sobre todo en el estado de Oaxaca, llegó el anuncio del Gobierno: las pruebas se suspendían "indefinidamente".
Desde el presidente Peña Nieto al secretario de Gobernación, Osorio Chong, se han sucedido las declaraciones admonitorias por parte del Gobierno
La decisión de echar marcha atrás en uno de los pilares de la reforma fuecriticada desde diversos flancos, que consideran que el sector educativo mexicano lleva décadas secuestrado por la cúpula del sindicato. La organización civil Mexicanos Primero presentó una demanda para que se restableciesen los exámenes. Pero más allá de estas críticas, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, justificó la suspensión de las pruebas en la necesidad de evitar conflictos en las elecciones: "La prudencia ha cumplido con sus dos propósitos: que se mantenga la evaluación en tiempo y forma y que no se vulnerara el derecho de todos los participantes en el proceso electoral".
Dos semanas después, pasada ya la resaca electoral, el titular de Educación también ha endurecido el tono. "Llueva o truene habrá evaluación en México”, señaló este martes, además de aportar nuevos matices a la explicación de porque se suspendieron las pruebas. “Se trató de cuestiones técnicas, como que los Estados no enviaron los domicilios de los lugares de aplicación, ni aseguraron los equipos para la respuesta de los exámenes”, añadió.
El sindicato respondió a la recuperación de las pruebas anunciando que piensa boicotearlas. Además, 60.000 de sus agremiados llegaron este lunes a Ciudad de México para avivar la protesta y engordar el contingente fijo de maestros que llevan acampados en la céntrica plaza del Monumento a la Revolución desde hace dos años. Especialmente arraigado en regiones pobres del suroeste del país, la CNTE defiende que se concedan plazas automáticas a los estudiantes de magisterio de escuelas rurales y a los hijos de los maestros jubilados, y reclama la liberación de los 25 profesores encarcelados durante las protestas contra la jornada electoral.
La CNTE tiene unos 100.000 miembros y es una escisión del mayoritario Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –que sí apoyó la reforma– y cuya líder histórica, Elba Esther Gordillo, permanece en prisión acusada de malversación de fondos sindicales en febrero de 2013.
La reforma, que fundamentalmente propone una remodelación de las condiciones laborales de los profesores –hasta ahora algunos maestros heredaban la plaza– y una recentralización en el Estado federal del pago de las nóminas para evitar alianzas fácticas entre gobernadores y maestros, tiene por delante el reto de sacar a la educación pública mexicana del último puesto de la lista de 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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