Docentes y expertos reclaman más especialistas que vigilen la adaptación de los alumnos y la convivencia en los centros
PILAR ÁLVAREZ / CAMILO S. BAQUERO Madrid / Barcelona 21 ABR 2015 - El País
ATLAS
La muerte del profesor presuntamente apuñalado por un alumno de 13 años en el instituto Joan Fuster de Barcelona supone un hecho “absolutamente excepcional” que abre un debate hasta ahora inédito en las aulas españolas. Los expertos consultados no reclaman policías apostados en las puertas de los institutos para controlar los accesos. Piden más información para las familias y que se procuren más especialistas que puedan detectar problemas psicológicos en los alumnos.
La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, ha dicho públicamente que el alumno sufrió un “brote psicótico” y añadió que en su expediente “no constaba” ningún problema mental. ¿Es posible que nadie detectara nada raro en el centro?
“Hay mucho videojuego en el que los chavales están matando constantemente y mucha violencia en las familias”, añade María Alberti, pedagoga práctica experta en niños con problemas emocionales. “La escuela puede hacer poco en este tema más allá de facilitar mucha información y atención a los padres y a sus hijos, más formación humana que ayude a los chicos a preguntarse cuestiones como ‘¿qué pasa con nosotros?’, ‘¿a qué tenemos miedo?”.“La pregunta es quién hablaba con ese niño”, se cuestiona la catedrática de Psicología Rosario Ortega Ruiz. Esta experta en violencia escolar considera que las aulas “no cuentan con toda la atención de los poderes públicos” para su funcionamiento. “Este crimen es un hecho aislado que no nos debe llevar a replantearnos que tenemos el yihadismo escolar al lado de las puertas, pero sí que hace falta más educación, más atención al desarrollo psicológico de los niños, mayor presencia de psicólogos, orientadores y otros perfiles muy bien preparados que ayuden a los maestros”.
“Quizá lo que se necesitan son más recursos para prever si hay chavales inadaptados, pero se debería estudiar con un debate sosegado”, reclama Francisco García, responsable de Educación de CC OO. El sindicato USTEC, mayoritario en Cataluña, comparte que “la mejor solución es más educación”, lo que implica destinar más recursos para el acompañamiento escolar, en muchos casos retirados tras los recortes educativos. El sindicato catalán de profesores de secundaria ASPEPC-SPS va más allá y cree que el crimen de ayer es “la expresión más trágica de una dinámica que ha estado yendo a más. La inmensa mayoría de agresiones a profesores, verbales o físicas, acostumbran a quedarse en la absoluta impunidad o con una pequeña sanción”.
En el último año se han presentado tres agresiones a maestros en Cataluña, pero por parte de padres de familia. Hace dos semanas, una madre pegó a la profesora de su hija a la salida de un colegio en Badalona (Barcelona). No existen datos oficiales del Ministerio de Educación que midan la evolución de la violencia en las aulas españolas. Otro sindicato docente, ANPE, elabora cada año una estadística con las llamadas que reciben en la denominada oficina del defensor del profesor. El 7% de las 3.345 llamadas que gestionaron el curso pasado hacían referencia a casos de agresiones de alumnos a docentes y el 1% de padres.
“Nos llegan casos de amenazas y de invasión de espacio del profesor, de enfrentamientos con los padres y de falsas acusaciones e injurias”, señala Inmaculada Rosales (ANPE). Distintos sindicatos docentes reclaman desde 2009 una protección de la figura del profesor. Los docentes acaban de ser reconocidos como autoridad pública en el nuevo Código Penal. Agredirles puede conllevar hasta cuatro años de cárcel.
Educación, en colaboración con el Ministerio del Interior, impulsó también la figura del agente tutor para vigilar la seguridad en las aulas en 2000. Es un policía que está en contacto con todos los componentes de la comunidad educativa. Los asuntos que acaparan gran parte de sus visitas son amenazas, agresiones, peleas, problemas de conducta y drogas. Vigilan a alumnos agresivos y median en la relación entre padres y profesores si esta se tuerce.
Conmoción en el aula
Un alumno de 13 años mata a un profesor: la sociedad está obligada a reflexionar seriamente
La muerte de un profesor a manos de un alumno de 13 años —que también hirió a dos profesoras y dos alumnos— en el instituto Joan Fuster del barrio de La Sagrera, en Barcelona, es un trágico suceso que debe ser analizado con mucho cuidado cuando se confirmen todos los detalles, especialmente los relativos al estado mental del agresor. Las primeras valoraciones indican que el chico podía estar bajo un brote psicótico, caracterizado por una disociación del pensamiento lógico y una incapacidad para discernir la realidad. Se trata, como todos los sucesos similares, de algo excepcional, pero eso no debe impedir el análisis, ni tampoco facilitar conclusiones simples o apresuradas.
Pese a que lo ocurrido recuerda a sucesos que con alguna regularidad ocurren en EE UU, sería inadecuado concluir que estamos ante un problema consolidado de seguridad en los centros escolares. El hecho de que el alumno acuda a su centro con una ballesta, un puñal, un pico y elementos para hacer un cóctel molotov apuntan a un factor de imitación, pero dentro de una situación mental anómala.
Lo importante en este caso es que las autoridades docentes analicen si ha habido muestras de alerta que no han sido atendidas. Los servicios psicopedagógicos deberían poder detectar señales tempranas de este tipo de trastornos: en los casos de brote psicótico suele darse un proceso de creación de una realidad delirante que puede dar síntomas en forma de comportamientos anómalos. Hay que analizar en este sentido si las actuales dotaciones son suficientes para una labor preventiva; en los últimos años se han reducido medios para estos servicios que afectan a la red pública de salud mental infantil y juvenil.
La administración educativa debe tener en cuenta estas demandas y analizar posibles medidas adicionales, como la figura de la orden de alejamiento para padres que hayan agredido o amenazado a profesores y otras normas, sin caer en reacciones ligeras al calor de sucesos tan trágicos como el de ayer.Por otra parte, el suceso se produce después de episodios de violencia relativamente numerosos contra profesores, que han llevado a los colectivos docentes a pedir medidas legales de mayor protección. De confirmarse un trastorno mental, lo ocurrido en La Sagrera quedaría relativamente fuera de esta problemática, pero en todo caso contribuirá lógicamente a acentuar la sensación de inseguridad.
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