Debemos asumir que los presupuestos destinados a ciencia y tecnología van a mantenerse austeros por muchos años. Hay que apostar por la calidad o la excelencia en lugar de la cantidad
PERE PUIGDOMÈNECH 25 JUL 2012 - 00:02 CET, El País
RAQUEL MARÍN
Llevamos tiempo lamentándonos de los recortes que se han hecho en los Presupuestos del Estado destinados a ciencia y tecnología. Probablemente es hora de que vayamos asumiendo que los presupuestos van a mantenerse austeros por muchos años y para muchos quedarán tal cual durante lo que queda de vida profesional. Hay que asumir que la recuperación se va a producir a medio o largo plazo. Mientras tanto deberíamos pensar cómo utilizamos los recursos de forma más eficiente para sobrevivir ahora y para que en cuanto la oportunidad se presente nuestra ciencia sea mejor que antes de la crisis.
En los últimos años pasamos del crecimiento continuado con altibajos que tenía el sistema de ciencia y tecnología desde los años ochenta, a un incremento que casi dobló algunos fondos entre 2003 y 2006 para acabar acumulando reducciones sistemáticas que siguen en 2012. Pasamos de incrementos significativos de plazas y contratos en centros de investigación y en universidades a una congelación de las convocatorias y una eliminación casi completa de contratos temporales. Se afirma que el sistema había crecido sin control y es muy probable que el sistema fuera ineficiente y despilfarrador. Se dice que es una oportunidad para ponerlo en una dimensión adecuada aunque su tamaño es, se mire por donde se quiera, inferior al de los países que cuentan en ciencia. Pero los recursos son lo que son, el paro y los intereses de la deuda son enormes y debemos prepararnos a vivir con lo que hay.
A partir de esta constatación podría haber como mínimo dos tipos de soluciones. Una de ellas sería reducir todo el sistema por igual. De este modo todo seguiría igual pero con menos dinero. Rebajamos los sueldos a todos, cerramos los establecimientos dos semanas o un mes y reducimos el dinero que se da a los proyectos de investigación, todos por igual. Esto quiere decir que rebajamos nuestras ambiciones y nos quedamos a la espera de que la tormenta amaine y el ladrillo vuelva a tirar del carro. La otra solución sería concentrar esfuerzos y dinero en unos centros, unos grupos y unos proyectos, al tiempo que eliminamos cualquier elemento del sistema que haga perder tiempo y dinero. Es decir, se trataría de apostar por la calidad o la excelencia, definidas de alguna forma, en lugar de la cantidad. Se dice que solo la investigación de frontera es la que vale y debemos concentrar nuestros esfuerzos en ella. Parece que todo el mundo apuesta por la segunda solución, pero la realidad es que todos los hechos van hacia la primera.
Y es que actuar priorizando unos proyectos sobre otros, unas disciplinas sobre otras o unos centros sobre otros implica evaluar y priorizar, tomar decisiones y esto es muy comprometido y todo el entramado administrativo está montado para impedirlo. El anterior presidente del CSIC afirmó, sin explicar cómo había llegado a esta conclusión, poco antes de dejar el cargo, que habría que cerrar el 30% de sus centros. Desde luego desde entonces no ha pasado nada. Se afirma que hay duplicaciones en universidades y que habría que suprimir actividades docentes, pero tampoco nadie parece actuar en consecuencia. Los rectores no tienen mecanismos para reestructurar sus plantillas o sus asignaturas y si lo hicieran se enfrentarían no únicamente a los afectados sino también a las leyes vigentes. Quienes evalúan los proyectos son en España científicos españoles y en estas condiciones los resultados dependen de las personalidades de los que intervienen en la evaluación y sus resultados son impredecibles. Y además todos los actores somos funcionarios, y por tanto, según la legislación vigente, intocables. Sin embargo puede ocurrir que cuando se hagan recortes de salarios lo que se acabará haciendo es reducir los complementos que son los que justamente marcan la diferencia hacia aquellos que pueden demostrar una cierta productividad.
Por otra parte, el sistema actual está basado en reglas administrativas que no están pensadas para la actividad científica y que hacen perder recursos por todas partes. La gestión de las subvenciones o del personal da lugar a unas rigideces burocráticas pensadas para otros usos que la reforma de la Ley de la Ciencia aprobada en 2011 no pudo arreglar suficientemente. Si la legalidad vigente impide la optimización de recursos se debería concluir que la ley está mal hecha y por tanto se necesitaría su reforma. Esto es lo que proclaman los Gobiernos, es algo que se está haciendo en algunos casos para favorecer la apertura de empresas y comercios pero no en la gestión de la ciencia. La ciencia necesita de mecanismos de gestión que no son los de la Administración General del Estado ni los de la Función Pública. En todos los países se han creado instancias intermedias para ello y veremos qué pasa en la Administración española.
El actual Gobierno afirmó en algún momento que tendría una agenda reformista agresiva. Si se lee el documento que cuelga del Ministerio de Economía sobre las reformas previstas, hay un párrafo de reducido tamaño dedicado a reformas en el sistema de ciencia y tecnología en el que la única prevista es la creación de una Agencia de Ciencia y Tecnología que hubiera debido estar aprobada antes de junio de 2012. La realidad es que se ha salvado in extremis en el Senado y ya se anuncia que tendrá una ambición reducida. Hay que recordar que la conversión del CSIC en la Agencia ha resultado tener efectos muy limitados. La reforma de las universidades se deja hasta tener el informe de una comisión formada al efecto. En los cajones de algún ministerio habrá informes diversos que analizan las debilidades de nuestro sistema y proponen soluciones, pero por ahora una nueva comisión hará un nuevo informe.
Cuando los recursos son escasos, lo que parece obvio sería optimizar recursos. En la vigente Ley de la Ciencia, aprobada a fines de 2011 con los votos de todos los partidos políticos, se habla de una “estrategia estatal” que debería proponer prioridades para la ciencia y que debería servir para coordinar los diferentes actores, incluyendo las comunidades autónomas. Es posible que alguien se haya reunido para hablar del tema, pero no parece que haya habido grandes efectos, al menos los investigadores y los gestores no nos hemos enterado todavía. Un efecto colateral de importancia al definir una estrategia científica debería ser nuestra política europea a la que los investigadores somos invitados a dirigirnos con urgencia. Para influir en Europa de forma que las decisiones que se tomen faciliten nuestro acceso a sus fondos se necesita saber lo que se quiere. El dinero de fondos europeos es sin duda interesante, pero en términos generales es relativamente marginal y a él se accede por una parte por la vía de la calidad excelente del investigador. Se trata de competir con cualquier grupo europeo y en ese contexto la dificultad de construir una carrera científica en nuestro país se demuestra de forma aplastante cuando se compara con la solidez de los grupos europeos. En general en esta competición ganan más fácilmente los jóvenes acabados de llegar del extranjero que aquellos que han construido su carrera en España. También se puede acceder a dinero europeo por la vía de consorcios de investigación en los cuales lo más frecuente es que se vaya a rastras de aquellos países que saben influir eficazmente en definir la política europea.
En estos momentos difíciles para la economía española, los científicos somos plenamente conscientes de que hay que hacer sacrificios. Ya se han asumido recortes de salarios que ya eran bajos en comparación con lo que ocurre en Europa. Se entiende que la construcción de nuevos centros puede detenerse y la compra de nuevo instrumental puede aplazarse por algún tiempo que no debería ser excesivo. Quizá había habido algunos excesos en ciertos programas, quizá se ha querido equilibrar el territorio con el dinero que iba dirigido a universidades, parques científicos y centros de investigación. Es cierto que se mantienen algunos programas de personal y se preserva algo de lo más esencial. Sin embargo, por debajo de un cierto nivel de financiación, el sistema no puede funcionar y sin ir renovando el personal los centros de investigación (la edad media del personal del CSIC es ahora de 47 años) y universidades van a envejecer irremisiblemente. Y sobre todo sin dar una indicación de cómo vamos a hacerlo en cuanto sea posible, las nuevas generaciones no van a ver ninguna razón para trabajar en nuestro sistema. En conjunto falta una actuación con reformas coherentes que permitan optimizar recursos y sobre todo indicar adónde se quiere ir si algún día la crisis remite. Sin actuaciones en esta dirección, el sistema va a ir entrando en un proceso melancólico de envejecimiento a la espera de que los mercados se calmen y volvamos a las viejas costumbres. Y en esta situación la función de la ciencia en la creación del conocimiento y su participación en una economía avanzada será imposible.
Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC.
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