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Por: Rodrigo Uprimny
La discusión sobre drogas que tendrá lugar en la Cumbre de las Américas no debería limitarse a constatar el fracaso y los costos de la prohibición. Debería también avanzar en la búsqueda de alternativas razonables.
El prohibicionismo ha fracasado pues, a pesar del incremento de recursos y sanciones para eliminar la oferta de drogas ilícitas, el mercado se encuentra bien abastecido. Por ejemplo, según el Informe Mundial sobre Drogas de 2011, de la ONU, entre 1990 y 2008 las interceptaciones anuales mundiales de cocaína aumentaron de 291 toneladas a 712 toneladas; sin embargo, en esos mismos años, la producción potencial de cocaína pasó de 771 toneladas en 1990 a 865 en 2008. Los mercados de heroína y marihuana han tenido evoluciones muy semejantes.
El prohibicionismo no reduce la oferta de drogas, pero en cambio provoca sufrimientos enormes. Este mercado ilícito, por su gran rentabilidad, ha alimentado mafias con una terrible capacidad de corrupción y violencia, como lo sabemos los latinoamericanos.
La prohibición también ha llenado las cárceles de personas que no han cometido crímenes violentos ni graves. Son simplemente consumidores o pequeños traficantes. La criminalización ha agravado también los problemas de salud pública pues evita cualquier control de calidad de estas sustancias y hace que los consumidores queden sometidos a las redes de distribución ilegal, lo cual profundiza sus problemas de marginalidad y salud.
La prohibición es entonces ineficaz y provoca terribles sufrimientos, pero ¿existen alternativas razonables?
Desde hace años, quienes hemos criticado la prohibición, hemos esbozado sistemas regulatorios alternativos.
Comienzo por despejar un equívoco o una caricatura sobre las propuestas alternativas. Nadie ha pensado en reemplazar la prohibición por un mercado libre de drogas, en donde cualquiera, incluso un adolescente, pudiera comprar heroína en el supermercado. Las sustancias psicoactivas, como la cocaína, la marihuana o el alcohol, son riesgosas y pueden producir daños individuales y sociales graves. Un mercado libre y sin controles estrictos de estas sustancias, como el que existía antes en Colombia con el cigarrillo o el alcohol, es inaceptable, por los riesgos sanitarios que implica.
La idea es entonces pensar en estrategias de salud pública, que busquen minimizar los daños ocasionados por el abuso de sustancias psicoactivas, pero que tomen en serio los derechos humanos de los consumidores de drogas y los costos y efectos perversos de las propias políticas de control.
Esas estrategias alternativas podrían basarse en la experiencia acumulada de muchos años de las políticas de “reducción del daño”, desarrolladas en países como Holanda o Portugal, y que han mostrado resultados positivos en términos de salud y control del consumo. Por ejemplo, a pesar de haber descriminalizado en 2001 el consumo de toda sustancia psicoactiva, Portugal hoy tiene tasas de consumo menores a las que tenía cuando penalizaba ese comportamiento y ha habido una reducción radical de la infección por VIH de sus usuarios de droga. Igualmente, el consumo de sustancias ilegales y la prevalencia de VIH en los consumidores en Holanda, que ha despenalizado de facto el consumo de alguna drogas, ha sido siempre menor que en Estados Unidos, que opta por la represión pura y dura.
La “reducción del daño” es una experiencia positiva, pero es insuficiente pues se mantiene la prohibición frente a la producción y distribución, con lo cual se perpetúa el problema del narcotráfico y de las mafias que le están asociadas, que es el principal problema en nuestros países. Es pues necesario replantear en el ámbito internacional el prohibicionismo. Y eso es posible, como lo plantearé en la siguiente columna.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
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