La propuesta, que será votada en abril, se enmarca dentro de la revisión de la política penitenciaria y de la lucha contra el narcotráfico del Gobierno de Obama
EVA SAIZ Washington 13 MAR 2014 - 19:18 CET,El País
El fiscal general de EE UU, Eric Holder. / YURI GRIPAS (REUTERS)
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha defendido este jueves la reforma del sistema de penas para los delitos menores de drogas que en enero propuso la Comisión de Sentencias -el organismo autónomo encargado de establecer las recomendaciones sobre los límites máximos y mínimos de las condenas que deben observar los jueces federales al redactar sus fallos- y que se votará a principios del próximo mes. El respaldo de Holder se enmarca dentro de la revisión de la política penitenciara y de la lucha contra las drogas de la Administración Obama, encabezada por el propio responsable del Departamento de Justicia.
El nuevo plan propuesto por los miembros de la Comisión prevé la reducción de las penas mínimas relacionadas con delitos menores relacionados con el tráfico y la posesión de estupefacientes en 11 meses, pasando de 62 a 51 meses. De adoptarse, la nueva pauta afectaría al 70% de los delincuentes implicados en este tipo de infracciones, de acuerdo con los cálculos de la citada comisión. La reforma provocaría la reducción de la población carcelaria de EE UU, la más alta del mundo, en 6.550 reclusos a lo largo de los próximos cinco años, según la Administración de Justicia. En EE UU, uno de cada 100 ciudadanos está entre rejas, de los 215.556 reclusos que cumplen condena en una cárcel federal, la mitad lo hace por un delito relacionado con las drogas.
En EE UU, uno de cada 100 ciudadanos está entre rejas, de los 215.556 reclusos que cumplen condena en una cárcel federal, la mitad lo hace por un delito relacionado con las drogas
“El ajuste racional de los límites de las condenas enviará un potente mensaje sobre la justicia de nuestro sistema criminal y ayudará a reducir el gasto federal en el sistema penitenciario para poder centrar nuestros escasos recursos en las amenazas que verdaderamente ponen en riesgo la salud pública”, ha declarado Holder. El Departamento de Justicia dedica 80.000 millones de dólares, un tercio de su presupuesto.
El respaldo de Holder, es el último jalón de la estrategia para revisar el sistema de justicia criminal que su departamento ha puesto en marcha en esta segunda legislatura. El fiscal general ha encabezado los esfuerzos de la Administración Obama por recortar el tiempo en prisión de los reclusos acusados por delitos no violentos y favorecer su reinserción; ha solicitado a los Estados que permitan el derecho a voto de los presos y, a finales de enero, puso en marcha una iniciativa para que los reos convictos por delitos de posesión menor de drogas puedan preparar la solicitud de indultos. “Esta excesiva dependencia de las encarcelaciones no solo es insostenible financieramente, sino que conlleva unos costes morales y humanos incalculables”, se ha lamentado Holder.
La reforma penitenciaria que persigue el Departamento de Justicia no sólo pretende reducir el hacinamiento en las cárceles estadounidenses. Para Holder es un asunto que tiene que ver directamente con los derechos civiles. Cuando el pasado mes de agosto presentó la nueva política en este sentido, el fiscal general aludió a la discriminación del sistema de justica. “Hay una historia de disparidades raciales a la hora de aplicar las leyes, desde la pena de muerte hasta las relacionadas con los delitos de drogas”, señaló. Los afroamericanos constituyen el 13% de toda la población de EE UU, pero conforman el 37% de la de las prisiones.
Esta excesiva dependencia de las encarcelaciones no solo es insostenible financieramente, sino que conlleva unos costes morales y humanos incalculables”
Eric Holder
El apoyo de Holder también se vincula estrechamente con el viraje en la estrategia de lucha contra la droga de la Administración Obama. El Gobierno estadounidense ha decidido abordar el problema del tráfico y el uso de estupefacientes desde una perspectiva de salud pública antes que de un tema de seguridad. El Departamento de Justicia ha dado orden a sus fiscales de que no exijan penas mínimas obligatorias a los procesados por delitos menores de narcotráfico que no estén relacionados con bandas criminales o cárteles y ha solicitado la excarcelación de 100.000 presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitación -del total de la población reclusa, el 53% sufre problemas de adicción, opero solo el 15% recibe tratamiento-.
En el país dos Estados han legalizado el consumo, la producción y la venta de la marihuana para fines recreativos y la medicinal está permitida en 22 territorios de la Unión, más el Distrito de Columbia. El mes pasado, el Departamento de Justica y el del Tesoro dieron luz verde para que los bancos pudieran prestar servicios financieros a los centros autorizados para la venta de esta sustancia, en agosto Holder publicaba un memorándum en el que se acordaba tolerar “los experimentos” de Colorado y a Washington , siempre y cuando cumplieran con ocho prioridades federales, entre ellas prohibir la venta a menores o enviar marihuana a otros Estados. Cualquier incumplimiento de estos principios daría lugar a un procesamiento federal.
El fiscal general, sin embargo, no quiere dar la impresión de que está aparente laxitud o permisividad significa un paso atrás en la intención de EE UU de luchar contra el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas. “El apoyo a la propuesta de reducir las penas por tráfico de drogas no debería ser visto por nuestros colegas mexicanos como una retirada”, ha señalado para acallar las posibles dudas del otro lado de la frontera y garantizar la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico.
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