Uno de los pilares de la Reforma Educacional Escolar de Michelle Bachelet es efectivamente prohibir la selección por parte de las escuelas. Mientras hay bastante consenso entre los especialistas y los políticos que la selección tiene efectos negativos, algunos sectores, sobre todo la Iglesia Católica, opone tajantemente a esta medida. Su proyecto educativo gira en torno a la selección y - a pesar de que desde 2008 este prohibido por ley - siguen aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando certificados de bautismo y matrimonio. En la columna adjunto, Elacqua, Martinez y Santos analiza el tema con datos recientes.
Gregory
@gregoryelacqua
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El Mostrador
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28 de marzo de 2014
Escuelas católicas: ¿libertad para discriminar?
G. ELACQUA, M. MARTÍNEZ Y H. SANTOS
Instituto de Políticas Públicas Facultad de Economía y Empresa Universidad Diego Portales
Durante una entrevista para el programa “El Informante” de TVN, el Cardenal Ricardo Ezzati señaló que la reforma educacional que quiere realizar el Gobierno “tiene un peligro”, porque el Estado podría llegar a imponer un modelo de educación distinto al que las personas quieren. La propuesta de poner fin a cualquier tipo de selección, anunciada por el ministro de Educación en el mismo programa, sin duda preocupa a la Iglesia, ya que perjudicaría a la mayoría de los colegios subvencionados confesionales, quienes utilizan procesos de admisión que buscan elegir a aquellas familias que mejor se “ajustan” a su proyecto educativo.
Es importante recordar que ya hubo un debate a nivel nacional sobre este tema durante la discusión de la Ley General de Educación (LGE), en que se llegó al consenso de que la selección tiene efectos negativos profundos, tales como aumentar la segregación y discriminación, atentar contra la libertad de elección de las familias y generar incentivos a que las escuelas compitan por atraer a los mejores estudiantes y no por mejorar sus procesos educativos. Estos argumentos fueron el fundamento para que la LGE prohibiera la selección por parte de las escuelas según la habilidad (pasada o potencial) y el nivel socioeconómico de los estudiantes entre 1° y 6° básico.
Sin embargo, casi cinco años después de la entrada en vigencia de esta ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las escuelas no han disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de admisión, como las entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los datos del cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas continúan aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de 1.300 escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo de prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas. Específicamente, dentro de estas últimas, un 61% aplica pruebas de ingreso a sus postulantes, un 62% entrevista a las familias y un 48% exige la presentación de certificados de bautismo o matrimonio. Lo anterior contrasta radicalmente con lo que ocurre en los demás tipos de establecimientos. Para el caso de los particulares subvencionados laicos, estos porcentajes son 25%, 25% y 1%, respectivamente, mientras que para los municipales son 2%, 8% y 1%, respectivamente (ver gráfico).
Ver grafico: http://udp.us7.list-manage2.
Estas diferencias ayudan a explicar por qué las escuelas particulares subvencionadas católicas matriculan a una menor proporción de alumnos vulnerables que otros tipos de establecimientos. Por ejemplo, sólo el 19% de los estudiantes en este sector tiene una madre que no completó la educación media, comparado con el 30% del sector particular subvencionado laico y el 55% del sector municipal. Además, un estudio reciente indica que las escuelas católicas matriculan –en forma sistemática– a alumnos de mayor nivel socioeconómico que aquellos que viven en el barrio donde están localizadas (Elacqua & Santos, 2013).
Los datos anteriores justifican la preocupación de la Iglesia; el sector católico sería el más perjudicado con la eliminación de la selección. Tal como quedó en evidencia durante la tramitación de la LGE, la Iglesia Católica es un grupo de presión que podría condicionar los alcances de cualquier legislación sobre esta materia. Por ejemplo, en plena discusión de la LGE, el entonces presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Héctor Vargas, planteó sobre la eliminación de la selección: “Eso puede llevar a la destrucción de nuestros proyectos educativos (…). Yo no sé si en el futuro, con todo este tipo de cosas, podremos seguir ofreciendo a lo menos educación católica en este país”. Sin duda, la posición de la Iglesia influyó en el diseño e implementación de la LGE.
Casi cinco años después de la entrada en vigencia de esta ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las escuelas no han disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de admisión, como las entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los datos del cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas continúan aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de 1.300 escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo de prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas.
¿Por qué estas prácticas selectivas continúan? A nuestro juicio existen dos razones fundamentales. La primera es la ambigüedad en la legislación, pues la LGE, si bien prohíbe la selección por rendimiento académico y nivel socioeconómico, permite que las escuelas definan procesos de admisión que contemplen exámenes de habilidad y cobros por participar de ellos. A todas luces, una contradicción. Por otro lado, el hecho de que la ley permita a las escuelas rechazar a aquellos postulantes cuyas características no se “ajustan” a su proyecto educativo, abre la posibilidad de usar criterios arbitrarios para definir al tipo de familia que quieren matricular. Sólo las escuelas y Dios saben lo que se pregunta a las familias en las entrevistas y cómo se usa esa información. La segunda es que la fiscalización de los procesos de admisión, responsabilidad de la Superintendencia de Educación, ha sido pasiva y se ha basado, principalmente, en las denuncias de los padres más que en una investigación activa de lo que las escuelas hacen en la práctica.
A partir de este diagnóstico, queda claro que el proyecto de Ley que enviará el Gobierno debe, por un lado, corregir las ambigüedades de la LGE, especificando detalladamente lo que las escuelas pueden y no pueden hacer, y, por otro, diseñar mecanismos de fiscalización activos de estas prácticas. No obstante estos ajustes, mientras el proceso de admisión sea administrado por las escuelas, siempre existirá el riesgo de que surjan nuevos mecanismos para clasificar a los postulantes. Por ejemplo, cuando los padres llaman a la escuela para obtener información, inmediatamente el establecimiento puede recabar información sobre la profesión o el nivel educativo del apoderado. O en una simple reunión, al momento de formalizar los documentos de matrícula, la escuela puede caracterizar a las familias de acuerdo a su vestimenta o forma de hablar.
De esta forma, creemos que una solución estructural pasa por remover los procesos de admisión de los establecimientos educacionales, traspasando esa función a una agencia especializada, tal y como se aplica en algunas ciudades, como Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos, Nijmegen en Holanda y, más recientemente, Río de Janeiro en Brasil. En un mecanismo de esta naturaleza, los establecimientos informan sobre su proyecto educativo y la cantidad de cupos disponibles y las familias definen una lista con las escuelas de su preferencia. Luego, esta agencia distribuye a los estudiantes, respetando las preferencias de todas las familias, independientemente de sus características.
Eliminar efectivamente la selección que ejercen las escuelas logrará que sean las familias las que elijan el tipo de colegio que prefieren y que los establecimientos se enfoquen en el desarrollo de un proyecto educativo atractivo para ellas. De esta forma, se fortalece la libertad de enseñanza y se avanza hacia un verdadero sistema de libre elección. Tal y como señaló muy lúcidamente el Cardenal Ezzatti: “Quienes tienen que elegir el estilo, la forma, el proyecto educativo de sus hijos, son los ciudadanos” y no las escuelas.
Gregory
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28 de marzo de 2014
Escuelas católicas: ¿libertad para discriminar?
G. ELACQUA, M. MARTÍNEZ Y H. SANTOS
Instituto de Políticas Públicas Facultad de Economía y Empresa Universidad Diego Portales
Durante una entrevista para el programa “El Informante” de TVN, el Cardenal Ricardo Ezzati señaló que la reforma educacional que quiere realizar el Gobierno “tiene un peligro”, porque el Estado podría llegar a imponer un modelo de educación distinto al que las personas quieren. La propuesta de poner fin a cualquier tipo de selección, anunciada por el ministro de Educación en el mismo programa, sin duda preocupa a la Iglesia, ya que perjudicaría a la mayoría de los colegios subvencionados confesionales, quienes utilizan procesos de admisión que buscan elegir a aquellas familias que mejor se “ajustan” a su proyecto educativo.
Es importante recordar que ya hubo un debate a nivel nacional sobre este tema durante la discusión de la Ley General de Educación (LGE), en que se llegó al consenso de que la selección tiene efectos negativos profundos, tales como aumentar la segregación y discriminación, atentar contra la libertad de elección de las familias y generar incentivos a que las escuelas compitan por atraer a los mejores estudiantes y no por mejorar sus procesos educativos. Estos argumentos fueron el fundamento para que la LGE prohibiera la selección por parte de las escuelas según la habilidad (pasada o potencial) y el nivel socioeconómico de los estudiantes entre 1° y 6° básico.
Sin embargo, casi cinco años después de la entrada en vigencia de esta ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las escuelas no han disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de admisión, como las entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los datos del cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas continúan aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de 1.300 escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo de prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas. Específicamente, dentro de estas últimas, un 61% aplica pruebas de ingreso a sus postulantes, un 62% entrevista a las familias y un 48% exige la presentación de certificados de bautismo o matrimonio. Lo anterior contrasta radicalmente con lo que ocurre en los demás tipos de establecimientos. Para el caso de los particulares subvencionados laicos, estos porcentajes son 25%, 25% y 1%, respectivamente, mientras que para los municipales son 2%, 8% y 1%, respectivamente (ver gráfico).
Ver grafico: http://udp.us7.list-manage2.
Estas diferencias ayudan a explicar por qué las escuelas particulares subvencionadas católicas matriculan a una menor proporción de alumnos vulnerables que otros tipos de establecimientos. Por ejemplo, sólo el 19% de los estudiantes en este sector tiene una madre que no completó la educación media, comparado con el 30% del sector particular subvencionado laico y el 55% del sector municipal. Además, un estudio reciente indica que las escuelas católicas matriculan –en forma sistemática– a alumnos de mayor nivel socioeconómico que aquellos que viven en el barrio donde están localizadas (Elacqua & Santos, 2013).
Los datos anteriores justifican la preocupación de la Iglesia; el sector católico sería el más perjudicado con la eliminación de la selección. Tal como quedó en evidencia durante la tramitación de la LGE, la Iglesia Católica es un grupo de presión que podría condicionar los alcances de cualquier legislación sobre esta materia. Por ejemplo, en plena discusión de la LGE, el entonces presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Héctor Vargas, planteó sobre la eliminación de la selección: “Eso puede llevar a la destrucción de nuestros proyectos educativos (…). Yo no sé si en el futuro, con todo este tipo de cosas, podremos seguir ofreciendo a lo menos educación católica en este país”. Sin duda, la posición de la Iglesia influyó en el diseño e implementación de la LGE.
Casi cinco años después de la entrada en vigencia de esta ley, la evidencia muestra que las prácticas selectivas de las escuelas no han disminuido e, incluso, en el caso de algunos requisitos de admisión, como las entrevistas a las familias, han aumentado. De acuerdo a los datos del cuestionario de apoderados del SIMCE de 4° básico, las escuelas continúan aplicando exámenes de admisión, entrevistando a los padres y solicitando certificados de bautismo y matrimonio. A nivel nacional, cerca de 1.300 escuelas municipales y particulares subvencionadas aún ejercen este tipo de prácticas, siendo las católicas quienes más recurren a ellas.
¿Por qué estas prácticas selectivas continúan? A nuestro juicio existen dos razones fundamentales. La primera es la ambigüedad en la legislación, pues la LGE, si bien prohíbe la selección por rendimiento académico y nivel socioeconómico, permite que las escuelas definan procesos de admisión que contemplen exámenes de habilidad y cobros por participar de ellos. A todas luces, una contradicción. Por otro lado, el hecho de que la ley permita a las escuelas rechazar a aquellos postulantes cuyas características no se “ajustan” a su proyecto educativo, abre la posibilidad de usar criterios arbitrarios para definir al tipo de familia que quieren matricular. Sólo las escuelas y Dios saben lo que se pregunta a las familias en las entrevistas y cómo se usa esa información. La segunda es que la fiscalización de los procesos de admisión, responsabilidad de la Superintendencia de Educación, ha sido pasiva y se ha basado, principalmente, en las denuncias de los padres más que en una investigación activa de lo que las escuelas hacen en la práctica.
A partir de este diagnóstico, queda claro que el proyecto de Ley que enviará el Gobierno debe, por un lado, corregir las ambigüedades de la LGE, especificando detalladamente lo que las escuelas pueden y no pueden hacer, y, por otro, diseñar mecanismos de fiscalización activos de estas prácticas. No obstante estos ajustes, mientras el proceso de admisión sea administrado por las escuelas, siempre existirá el riesgo de que surjan nuevos mecanismos para clasificar a los postulantes. Por ejemplo, cuando los padres llaman a la escuela para obtener información, inmediatamente el establecimiento puede recabar información sobre la profesión o el nivel educativo del apoderado. O en una simple reunión, al momento de formalizar los documentos de matrícula, la escuela puede caracterizar a las familias de acuerdo a su vestimenta o forma de hablar.
De esta forma, creemos que una solución estructural pasa por remover los procesos de admisión de los establecimientos educacionales, traspasando esa función a una agencia especializada, tal y como se aplica en algunas ciudades, como Cambridge, Massachusetts en Estados Unidos, Nijmegen en Holanda y, más recientemente, Río de Janeiro en Brasil. En un mecanismo de esta naturaleza, los establecimientos informan sobre su proyecto educativo y la cantidad de cupos disponibles y las familias definen una lista con las escuelas de su preferencia. Luego, esta agencia distribuye a los estudiantes, respetando las preferencias de todas las familias, independientemente de sus características.
Eliminar efectivamente la selección que ejercen las escuelas logrará que sean las familias las que elijan el tipo de colegio que prefieren y que los establecimientos se enfoquen en el desarrollo de un proyecto educativo atractivo para ellas. De esta forma, se fortalece la libertad de enseñanza y se avanza hacia un verdadero sistema de libre elección. Tal y como señaló muy lúcidamente el Cardenal Ezzatti: “Quienes tienen que elegir el estilo, la forma, el proyecto educativo de sus hijos, son los ciudadanos” y no las escuelas.
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