Es un derecho humano, pero cada vez está más 'mercantilizado'
Los expertos debaten sobre quién y cómo deberá pagar las infraestructuras necesarias
ELENA G. SEVILLANO Madrid 21 MAR 2014 - 22:44 CET,El País
Una mujer india carga con agua cerca del río Brahmaputra, en Gauhati (India). / ANUPAM NATH (AP)
Vecinos de El Puerto de Santa María, en Cádiz, llevan más de una semana encerrados en el Ayuntamiento para evitar la privatización de la empresa municipal de gestión del agua. Alcázar de San Juan (Ciudad Real), inició ayer una polémica consulta ciudadana: ¿debe una empresa entrar en el accionariado de la compañía de aguas? En Bruselas, la Comisión Europea acaba de pronunciarse sobre la primera iniciativa popular ciudadana, respaldada por 1,9 millones de firmas. ¿Su objeto? Garantizar el acceso al agua.
Cada día que pasa crece la concienciación ciudadana en torno a la necesidad de cuidar la gestión de un bien esencial para la vida. Una inquietud compartida por muchos expertos, que coinciden en que el llamado problema del agua a menudo no está provocado tanto por la escasez como por la (mala) gestión.
“Hay países como Ecuador o Brasil con mucha agua y poco acceso a ella. Es un problema de gobernanza”, opina Nuria Hernández, economista de laFundación Nueva Cultura del Agua. Para Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, el principal reto que tenemos por delante es la superpoblación del planeta. “La ONU acaba de revisar sus previsiones. Y ya no son que en el año 2050 habrá 9.000 millones de personas, sino 9.500 millones. En virtud de progresos de los que no tenemos que avergonzarnos, sino justamente lo contrario, el consumo de agua es ahora de 900 metros cúbicos anuales per cápita, cuando a comienzos del siglo XX eran solo 300. Y bendito aumento, porque significa salud e higiene”, añade. “El problema es que las poblaciones crecen muy rápido y las soluciones no van al compás”, coincide Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Los expertos, reunidos en un debate en torno a la gestión del agua organizado por la Fundación Botín y el diario EL PAÍS, se muestran sin embargo convencidos de que la mayor concienciación social y política en torno a este tema, sumada a los avances provistos por la tecnología, permitirán aportar soluciones que garanticen el acceso al agua y al saneamiento de un número creciente de personas.
Para Asunción Martínez, directora de Concesiones de la empresa de aguasAgbar, “se trata de un tema de gobernanza del agua". "Lo que tenemos que racionalizar la demanda, evitar que los países o zonas que tienen mucha agua la derrochen y conseguir que la oferta del agua sea óptima”. La buena noticia, señala, “es que ya está en la agenda de los gobiernos. Los Objetivos del Milenio de la ONU incluyen la sostenibilidad del medio ambiente. Se ponen objetivos claros de reducir la ingente cantidad de personas sin acceso a fuentes de agua segura, 900 millones, y 2.500 sin acceso a saneamiento en condiciones".
Mientras millones de personas siguen sin tener garantizado el suministro de agua y saneamiento en los países más pobres, en las naciones desarrolladas se intensifica el debate sobre si el agua, reconocida por la ONU como un elemento esencial para los derechos humanos, puede o no ser tratada como una “mercancía”. Los expertos coinciden en general en que es un derecho que debe estar garantizado. El debate surge cuando se analiza quién, cómo y cuánto debe pagar por ella.
Los ciudadanos sabemos lo que cuesta. Lo vemos en la factura que nos llega a casa. Lo que no está tan claro es que seamos conscientes de su valor. Ni de los costes que se generan durante la gestión de este recurso. Costes que se prevé que se incrementen en los próximos años, para hacer frente a crecientes gastos de modernización y mantenimiento.
En España, hay casi tantas gestiones del agua como municipios. Cada ayuntamiento decide quién y cómo lleva el agua potable hasta los ciudadanos. Al no existir un regulador único que supervise la gestión , los sistemas son opacos y se desconoce lo que cuesta realmente el tratamiento, abastecimiento, reutilización y depuración. Lo cierto es que se pagan precios muy inferiores a los de otros países europeos con recursos hídricos muy superiores. Y sin embargo ello no ha impedido que con la crisis empiece a hablarse de la llamada pobreza hídrica, que es la que azota a aquellos que pierden el acceso al agua por no poder pagar la factura. Según la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), los cortes de agua por impago ascienden ya a 300.000 al año.
La situación para muchas familias puede agravarse si el precio continúa subiendo. Algo que parece ineludible, dado que las infraestructuras se han estado construyendo con dinero europeo que va a dejar de llegar. Es decir, que para financiar las inversiones futuras habrá que subir los recibos. Y ello reavivará sin duda el debate sobre si debe garantizarse el acceso subvencionado o gratuito a un mínimo de agua básico (Naciones Unidas calcula al menos 40 litros por persona).
“Esto no era un problema hasta que llegó esta crisis tan brutal, porque el agua es barata en España. Pagamos 1,27 euros por metro cúbico”, señala Hernández. “El problema es que no existe un regulador general de los servicios de abastecimiento y saneamiento”. En su opinión, “el servicio del agua nunca debería ser gratis. Para nadie, porque cuesta. Lo que sí hay que garantizar es que nadie se quede sin él por no poder pagarlo. Habría que definir cuál es ese mínimo vital elemental, si 80, 90 litros... Pero creo que sí hay consenso en que habría que garantizarlo y regularlo a nivel nacional”, añade.
Hernández considera que “no hay que olvidar que la agricultura es la gran subvencionada. Consume el 80% y paga el 15%, siendo generosos, de llevar el agua. Y aquí no hablamos de derecho humano, sino de un uso económico del agua”. Para Enrique Cabrera la respuesta al problema que se plantea tiene que ser global y no compartimentado en agricultura o agua urbana. “Hay que hacer una gestión integrada de toda el agua”, resume. Y para ello es básico contar con recursos. “Hay unas inversiones que tienen unos plazos de amortización. En muchos ayuntamientos se quejan de que no tienen dinero para nuevas tuberías. Recaudan menos de lo que gastan. Al final, es un problema de ingresos”, asegura.
El experto alerta de que muchas infraestructuras necesitan ser renovadas o sustituidas. Antonio Embid coincide en que esto supondrá “un problema fundamental”: “Las depuradoras que teníamos nos las ha construido, entre comillas, Europa. Las nuevas tendremos que construirlas nosotros pero con unas tarifas de un impuesto que se han calculado exclusivamente para los gastos de conservación y mantenimiento, no para los gastos de inversión. Eso es una bomba. La vaca no ha dado para más”.
No se trata de inversiones indeterminadas, de amenazas lejanas. Los planes de cuenca que el Gobierno está aprobando —el último, el del río Ebro— recogen con precisión millones de euros en inversiones (en depuración, en reutilización…) para los próximos años. “Son una necesidad, están ahí, y eso quiere decir que al final tendrán que pagarse, de una forma u otra, bien sea a través de impuestos estatales o locales”, alerta Asunción Martínez.
Según Cabrera, “habrá que ver si se subsidian, si se paga vía impuestos generales del Estado (IRPF, IVA…), o si se pone en tarifa, para que pague directamente el usuario. ¿Qué es mejor? A mi entender, que lo pague el usuario, porque así sabe lo que cuesta el servicio y se gestionará mejor”.
La Comisión Europea dio un aviso a España en 2012 cuando comprobó que las costosas plantas desaladoras que había financiado con cargo al erario europeo (unos 1.500 millones de euros) no funcionaban ni al 20% de su capacidad. Le recordó el enorme contrasentido que supone ser uno de los países con mayor estrés hídrico de Europa y a la vez tener las tarifas de agua más bajas. Hernández, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, lamenta que todavía perviva "una cultura de grandes infraestructuras subvencionadas por el sector público”. A cualquier problema, inundaciones, sequías, regadíos ineficientes, se aplica la misma respuesta: gran infraestructura, critica. “Cuando una y otra vez vemos que no es la solución”. Un ejemplo son los llamados filtros verdes para la depuración de aguas residuales. “Más baratos, flexibles y sencillos”, dice Hernández, “pero resulta que las diputaciones y las confederaciones no saben gestionar estos contratos porque no son hormigón”.
Mientras, arrecia el debate sobre si el agua debe ser o no gestionada por empresas privadas. En los últimos 15 años decenas de ciudades han revertido las concesiones privadas y han devuelto la gestión a manos públicas. Entre ellas París —a la postre sede de las dos grandes multinacionales del agua, Veolia y Suez— y Berlín. El 50% del abastecimiento está en España en manos privadas, básicamente en las de dos empresas, Agbar y FCC. En Europa el porcentaje es del 30%, en el mundo, el 10%.
Nuria Hernández asegura que la Fundación ha cambiado su parecer sobre este tema en los últimos años: de creer que lo importante es que la gestión sea eficaz y eficiente, a defender una gestión totalmente pública. Y explica por qué: "En España la privatización de los servicios no responde, en la mayoría de los casos, a una elección a favor de la mejor gestión, con un análisis riguroso que permita saber si será más barata y más eficiente. Se trata de quitarse un problema de en medio y conseguir un ingreso por la concesión", asegura. Lo complementa con un dato: antes de la crisis el 33% de las concesiones estaban en manos privadas; en estos cuatro años el porcentaje ha subido alrededor de 20 puntos. "Con la privatización se pierde información y democracia", asegura.
"Soy todo dudas", comenta al respecto Embid. "He visto los procesos de privatización en Sudamérica de los años 80, fracasados todos ellos. Ahora se están remunicipalizando. Lo que me importa es la eficacia en la gestión. No creo que sea un tema de democracia ni de derechos humanos. El derecho humano consistirá en los 30, 40 o 50 litros que se reconozcan. Pero no el suministro de agua que se hace a las empresas o el riego de los jardines. El derecho humano es lo que es, y es una cosa muy concreta", señala. "Por mi experiencia, el problema de la privatización es cómo se hace, qué tipo de contratos se han firmado, sobre todo en Latinoamérica; con qué falta absoluta de controles se ha entregado la gestión de aguas en ciudades como Buenos Aires y otras, a manos de la empresa que ha llegado. Pero creo que es perfectamente posible hacer una privatización todas las garantías para el ayuntamiento y los ciudadanos".
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