Evaluaciones educativas en Chile

Una amenaza a la reforma educacional de Bachelet

Gregory Elacqua, Humberto Santos y Matias Martinez
Instituto de Políticas Públicas
Facultad de Economía y Empresa
Universidad Diego Portales

 Mientras ha habido mucho debate sobre los componentes de su reforma escolar -prohibir el lucro, fortalecer la educación pública y eliminar el financiamiento compartido-, hasta ahora hemos escuchado poca reflexión sobre políticas para mejorar la calidad de las escuelas de bajo desempeño y la efectividad de los mecanismos que se han implementado para cumplir con este objetivo.

Recientemente la Contraloría aprobó la metodología de "ordenación" de escuelas contemplada en la Ley de Aseguramiento de la Calidad que comenzará a regir a partir de diciembre, la cual clasifica a todos los colegios en cuatro categorías según los resultados del Simce y otros indicadores. Aquellas escuelas clasificadas en la categoría de desempeño "Insuficiente" sufrirán dos consecuencias. Primero, enfrentarán la amenaza de ser cerradas si no logran salir de dicha categoría en los siguientes cuatro años, y segundo, serán visitadas al menos cada dos años por la Agencia de Calidad, con el objetivo de promover una mejora continua en la escuela.

Si bien la metodología de clasificación es nueva, la lógica de amenazar a las escuelas de bajo desempeño con la posibilidad de cierre no lo es. Desde el 2012 la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) usa este mismo mecanismo, el cual está basado en el supuesto de que la presión por mejorar impulsaría a las escuelas a cambiar su forma tradicional de trabajo, implementando nuevas combinaciones de políticas y prácticas, lo que se traduciría finalmente en mejoras en el rendimiento.

En el Instituto de Políticas Públicas hemos desarrollado una línea de investigación que busca evaluar si la amenaza de cierre introducida por la Ley SEP ha generado cambios en los colegios. Nuestros resultados indican que las escuelas de bajo desempeño han implementado cambios que buscan influir en el rendimiento en el corto plazo, tal y como la reasignación de los docentes de mayor experiencia hacia los niveles incluidos en la clasificación y el reemplazo de la capacitación docente por tutorías focalizadas. Sin embargo, los mismos datos muestran que el 70% de los profesores desconoce la clasificación de su escuela y que no ha habido cambios significativos en las prácticas pedagógicas al interior del aula. Lo anterior puede ser una de las razones que explican por qué nuestros hallazgos muestran que los puntajes Simce no han mejorado como respuesta a la amenaza de cierre.

A partir de estos resultados, cabe cuestionarse por qué en el caso de Chile, a diferencia de otras experiencias (Ej., Inglaterra), la amenaza de cierre no ha contribuido a una mejora en los aprendizajes. Nuestra investigación sugiere que se debe al desproporcionado énfasis en el componente punitivo de la clasificación, en desmedro de la entrega de más apoyo a las escuelas, asumiendo que estas pueden mejorar por sí solas.

En este sentido, las visitas de la Agencia de Calidad deberían jugar un rol clave. Sin embargo, aún quedan abiertas algunas interrogantes, como, por ejemplo, en qué se diferenciarán estas del rol que actualmente juegan las entidades de Asistencia Técnica Educativa, y si una visita cada dos años será suficiente para revertir los resultados de escuelas con bajo desempeño crónico. Por otro lado, las escuelas que caerían en la categoría de desempeño "Insuficiente" serían alrededor de 700, tres veces más que aquellas que la Ley SEP define como "En Recuperación". Esto último haría aún más difícil que estos colegios reciban el apoyo suficiente para mejorar sus resultados y evitar el cierre.

Asegurar que las escuelas de bajo desempeño reciban un apoyo acorde a las exigencias del nuevo sistema debería ser un componente clave de cualquier reforma que tenga como meta mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo.
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La Tercera
¿Ganamos algo eliminando el Simce?

por Jorge Manzi, Director de Mide UC


DESDE el año pasado se han levantado voces para cuestionar la existencia del Simce. Aunque muchas de las inquietudes que se han expresado merecen ser analizadas, es para mí evidente que nuestro sistema educativo no ganaría nada eliminando una herramienta que ha contribuido a iluminar la naturaleza de nuestros desafíos educacionales.

Es importante decir que el Simce ha sido frecuentemente calificado como uno de los mejores sistemas de medición de logros escolares en Latinoamérica. Por tanto, el problema no está en su calidad.

La pregunta, entonces, se refiere a si es conveniente para un sistema escolar contar con este tipo de pruebas. Hace exactamente un año la Ocde publicó un importante informe acerca de los sistemas de medición educacional en el mundo, identificando una clara tendencia hacia el establecimiento de sistemas de medición como el Simce. El informe mostró, sin embargo, que en muchos países, como en Chile, existe una importante tensión entre el uso de las pruebas con fines de desarrollo (empleo de los resultados de las pruebas para orientar decisiones de mejoramiento pedagógico por parte de los profesores) y su uso con fines de responsabilización (establecer consecuencias para profesores, directores o sostenedores asociadas a los logros de las escuelas en las pruebas). Nuestro país muestra un desequilibrio entre estos aspectos, pues el fuerte énfasis que se ha puesto en el uso del Simce con fines de responsabilización no ha sido acompañado de un esfuerzo semejante para asegurar el uso formativo de las pruebas.

Entre otras consecuencias, el Simce se usa para establecer incentivos a docentes y directivos, para clasificar las escuelas que reciben subvención escolar preferencial y será próximamente empleado como la base principal para ordenar todos los establecimientos educacionales del país por parte de la recientemente creada Agencia para la Calidad de la Educación.

Esta última medida aumentará las consecuencias del Simce, pues ahora será posible cerrar escuelas si sus resultados son persistentemente insuficientes. Esta asimetría entre responsabilización y uso formativo debe ser abordada en forma decidida por las nuevas autoridades educacionales, revisando las consecuencias asociadas al Simce y profundizando su uso formativo. La experiencia vivida en la última década en Estados Unidos con políticas educacionales basadas en resultados de pruebas ha mostrado que hay riesgos de distorsiones escolares (por ejemplo, estrechamiento curricular o excesivo entrenamiento en la mecánica de las pruebas de selección múltiple), e incluso posibilidades de comportamientos deshonestos (adulteración de pruebas) cuando las consecuencias de las mediciones son muy elevadas. La experiencia internacional nos enseña que debemos revisar regularmente las consecuencias establecidas para el Simce y preparar adecuadamente a profesores y directores para que puedan aprovechar los resultados de las pruebas para analizar y mejorar sus prácticas docentes.

Si queremos avanzar seria y sostenidamente hacia una distribución más justa de las oportunidades de aprendizaje, Chile no se puede dar el lujo de eliminar el Simce.