Nacional |12 Jun 2011 - El Espectador
Preocupa el hacinamiento en Centro de Internamiento Transitorio de Medellín
Por: Maryluz Avendaño
Esta problemática social tiene en aprietos a las autoridades locales, que buscan soluciones a largo plazo. Nueva sede para recluir a infractores será inaugurada este mes.
Foto: Luis Benavides
Fachada del Centro de Internamiento Transitorio ubicado en el sector de La Floresta, en el occidente de Medellín. Ese es el primer punto a donde llegan los menores infractores después de ser capturados.El hacinamiento en los centros de reclusión de menores infractores en Medellín es directamente proporcional al índice que desde 2008 se observa en la participación de menores de edad en los delitos. Según estadísticas del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Medellín, el homicidio pasó de 30 casos en 2008 a 79 en 2010, el porte ilegal de armas de 103 a 268, el hurto de 224 a 318 y el tráfico, porte y fabricación de estupefacientes de 1.005 a 1.422. En lo corrido de este año van 27 casos de homicidio, 80 de porte ilegal de armas, 133 de hurto y 427 por tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.
“El problema, creemos nosotros, es que a pesar de que era previsible que se iba a incrementar el número de menores infractores, no se calculó bien y hoy estamos pagando las consecuencias”, explica Maritza Ortiz, presidenta de la Sala de Asuntos Penales para Adolecentes del Tribunal Superior de Medellín.
Los efectos de esta situación se reflejan en el hacinamiento que se presenta en los diferentes lugares de reclusión de menores. Muestra de ello es el Centro de Internamiento Transitorio (Cetra), donde los adolescentes deben permanecer allí máximo 36 horas mientras se les define su situación judicial. Aquí hay cupo para 27 muchachos que están en las condiciones adecuadas de alojamiento como lo estipula la ley, pero cuando este número se sobrepasa los jóvenes duermen en colchonetas o en el piso debajo de las escaleras en condiciones lamentables. Debido a que el número de detenidos varía constantemente, hay días en que el cupo de reclusión máximo puede excederse de 3 a 15 adolescentes.
“Este centro transitorio se convirtió en permanente”, advierte Ortiz, quien denunció que en el lugar hay sitio para 27 jóvenes y de allí deben pasar al centro de reclusión La Pola, donde hay 270 cupos. “Allá van los que tienen medida de internamiento preventivo y sanción por delito, pero la realidad es que La Pola está copada, por esa razón los muchachos permanecen en el centro transitorio conviviendo con malos olores, sin baños, sin las condiciones sanitarias para ellos”.
El problema para la atención de estos menores no es de recursos sino de un espacio adecuado para ello, pues la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín han girado los dineros necesarios. Esta situación de hacinamiento, especialmente en el centro transitorio La Pola se presenta desde 2009, pero en los últimos meses se ha vuelto crítica.
El asunto tendería a agravarse con la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que impone sanciones más drásticas a los menores infractores: quienes cometan delitos de homicidio (doloso), secuestro, extorsión o delitos sexuales no saldrán a los 21 años de los centros de internamiento y seguirán pagando su condena hasta terminarla. En este caso, la pena máxima contra los menores se mantiene en ocho años.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoce la difícil situación y asegura que trabaja en busca de una solución definitiva. Por el momento, se adoptaron algunas medidas para tratar de liberar cupos y mejorar las condiciones de reclusión.
Lina María Bernal, psicóloga del ICBF y encargada de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes en Antioquia, explicó que 10 menores fueron trasladados a Montenegro (Quindío) y Huila con el fin de abrir más cupos y descongestionar el centro de internamiento transitorio. “Nosotros hemos buscado muchos espacios, hemos visto colegios, monasterios, cárceles, pero no hemos encontrado inmuebles que cumplan con los requerimientos para estos menores”.
Debido a la gravedad de la situación, la Alcaldía de Medellín acordó con el ICBF que un edificio en el centro de la ciudad, donde antes se atendía a la población en situación de calle, será habilitado para atender hasta 180 muchachos, el proyecto será desarrollado en tres etapas de 60 cupos.
“Esta iniciativa forma parte de las soluciones a corto y mediano plazo que se gestionan para lograr una atención especializada, ante la creciente demanda que muestra el comportamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, sostuvo Isabel Cristina Patiño Mejía, directora regional encargada del ICBF Antioquia.
En este centro, que se espera entre en funcionamiento en la segunda quincena de este mes, permanecerán los menores que estén en internamiento preventivo hasta cuatro meses prorrogables a cinco, mientras se les define la situación judicial.
La otra medida está dirigida a La Pola, allí quedarían sólo los jóvenes sancionados con privación de la libertad, actualmente hay 270 cupos y en dos meses se habilitarán otros 45 en las instalaciones existentes. “La proyección son 180 cupos más, esto con la construcción de un nuevo edificio en los terrenos de La Pola, pues hay espacio suficiente para ampliarlos. La idea es que esté listo para finales de 2012”, explicó Lina María Bernal.
A Medellín llegan los menores infractores de todo el departamento, pero en especial del Área Metropolitana, Angelópolis y Armenia Mantequilla. El 85% de estos delincuentes son de la capital antioqueña. Con estas medidas se espera darle salida a una situación reiterativa. “Las soluciones se requieren de manera urgente y no a largo plazo porque el problema lo tenemos ya. El Estado no puede quedarse corto porque pagamos las consecuencias”, aseveró Maritza Ortiz.
Este tema no es exclusivo de Medellín y menos con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues en ciudades como Cali hace pocos meses se denunció que, según el Consejo Seccional de la Judicatura, había vigentes 480 órdenes de captura para menores de edad, pero en el centro de reclusión Valle de Lili sólo hay cupo para 250.
“El problema, creemos nosotros, es que a pesar de que era previsible que se iba a incrementar el número de menores infractores, no se calculó bien y hoy estamos pagando las consecuencias”, explica Maritza Ortiz, presidenta de la Sala de Asuntos Penales para Adolecentes del Tribunal Superior de Medellín.
Los efectos de esta situación se reflejan en el hacinamiento que se presenta en los diferentes lugares de reclusión de menores. Muestra de ello es el Centro de Internamiento Transitorio (Cetra), donde los adolescentes deben permanecer allí máximo 36 horas mientras se les define su situación judicial. Aquí hay cupo para 27 muchachos que están en las condiciones adecuadas de alojamiento como lo estipula la ley, pero cuando este número se sobrepasa los jóvenes duermen en colchonetas o en el piso debajo de las escaleras en condiciones lamentables. Debido a que el número de detenidos varía constantemente, hay días en que el cupo de reclusión máximo puede excederse de 3 a 15 adolescentes.
“Este centro transitorio se convirtió en permanente”, advierte Ortiz, quien denunció que en el lugar hay sitio para 27 jóvenes y de allí deben pasar al centro de reclusión La Pola, donde hay 270 cupos. “Allá van los que tienen medida de internamiento preventivo y sanción por delito, pero la realidad es que La Pola está copada, por esa razón los muchachos permanecen en el centro transitorio conviviendo con malos olores, sin baños, sin las condiciones sanitarias para ellos”.
El problema para la atención de estos menores no es de recursos sino de un espacio adecuado para ello, pues la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín han girado los dineros necesarios. Esta situación de hacinamiento, especialmente en el centro transitorio La Pola se presenta desde 2009, pero en los últimos meses se ha vuelto crítica.
El asunto tendería a agravarse con la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que impone sanciones más drásticas a los menores infractores: quienes cometan delitos de homicidio (doloso), secuestro, extorsión o delitos sexuales no saldrán a los 21 años de los centros de internamiento y seguirán pagando su condena hasta terminarla. En este caso, la pena máxima contra los menores se mantiene en ocho años.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reconoce la difícil situación y asegura que trabaja en busca de una solución definitiva. Por el momento, se adoptaron algunas medidas para tratar de liberar cupos y mejorar las condiciones de reclusión.
Lina María Bernal, psicóloga del ICBF y encargada de la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes en Antioquia, explicó que 10 menores fueron trasladados a Montenegro (Quindío) y Huila con el fin de abrir más cupos y descongestionar el centro de internamiento transitorio. “Nosotros hemos buscado muchos espacios, hemos visto colegios, monasterios, cárceles, pero no hemos encontrado inmuebles que cumplan con los requerimientos para estos menores”.
Debido a la gravedad de la situación, la Alcaldía de Medellín acordó con el ICBF que un edificio en el centro de la ciudad, donde antes se atendía a la población en situación de calle, será habilitado para atender hasta 180 muchachos, el proyecto será desarrollado en tres etapas de 60 cupos.
“Esta iniciativa forma parte de las soluciones a corto y mediano plazo que se gestionan para lograr una atención especializada, ante la creciente demanda que muestra el comportamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, sostuvo Isabel Cristina Patiño Mejía, directora regional encargada del ICBF Antioquia.
En este centro, que se espera entre en funcionamiento en la segunda quincena de este mes, permanecerán los menores que estén en internamiento preventivo hasta cuatro meses prorrogables a cinco, mientras se les define la situación judicial.
La otra medida está dirigida a La Pola, allí quedarían sólo los jóvenes sancionados con privación de la libertad, actualmente hay 270 cupos y en dos meses se habilitarán otros 45 en las instalaciones existentes. “La proyección son 180 cupos más, esto con la construcción de un nuevo edificio en los terrenos de La Pola, pues hay espacio suficiente para ampliarlos. La idea es que esté listo para finales de 2012”, explicó Lina María Bernal.
A Medellín llegan los menores infractores de todo el departamento, pero en especial del Área Metropolitana, Angelópolis y Armenia Mantequilla. El 85% de estos delincuentes son de la capital antioqueña. Con estas medidas se espera darle salida a una situación reiterativa. “Las soluciones se requieren de manera urgente y no a largo plazo porque el problema lo tenemos ya. El Estado no puede quedarse corto porque pagamos las consecuencias”, aseveró Maritza Ortiz.
Este tema no es exclusivo de Medellín y menos con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues en ciudades como Cali hace pocos meses se denunció que, según el Consejo Seccional de la Judicatura, había vigentes 480 órdenes de captura para menores de edad, pero en el centro de reclusión Valle de Lili sólo hay cupo para 250.
Nenhum comentário:
Postar um comentário