Elsa Llenderrozas
Para LA NACION
Jueves 30 de junio de 2011
Las diferencias entre los países de la región en temas de defensa y seguridad siguen siendo notables. Para empezar, no hay consenso sobre los asuntos que deben incluirse en la agenda respectiva, y son muchos los especialistas en el área que cuestionan el concepto multidimensional aprobado en la Organización de los Estados Americanos en 2003.Esto se confirmó en la VII Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa, un evento reciente celebrado en Quito en el que participaron académicos y funcionarios de la región, convocados para debatir sobre estas cuestiones y las relaciones multilaterales en el contexto de la Unasur. El encuentro se desarrolló, en general, en un clima de entusiasmo debido a la creación del Centro de Estudios Estratégicos, que depende del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) y cuya sede se estableció en Buenos Aires.Allí se vieron posturas dispares sobre las funciones de las fuerzas armadas y las policiales. Algunos defienden la discriminación estricta entre el ámbito de la defensa frente a amenazas externas, que corresponde a las primeras, y el de la seguridad interior, asignado a las segundas, aunque el Estado autorice el uso de los militares para roles de orden interno bajo circunstancias de excepción. Aquí podríamos ubicar, con matices, a los países del Cono Sur.
Para otros, en cambio, no existe tal diferencia y ambos instrumentos deben ser aplicados para enfrentar los desafíos a la seguridad en un sentido amplio (guerrilla, narcotráfico, pandillas y otras formas de crimen organizado). Si bien se acepta que, por la naturaleza de la formación y de los equipamientos, los militares y los policías "existen para tareas distintas", los Estados recurren a ambos porque están siendo desbordados por los fenómenos de la violencia. Tal es el caso de México, los países centroamericanos y Colombia, con las particularidades de cada caso.
Los países latinoamericanos también identifican distintas "amenazas" a su seguridad, y si bien hay problemas que son comunes, siguen estableciendo prioridades diferentes. Sin embargo, el crimen organizado continúa en ascenso hacia el tope de la lista, mientras América latina se consolida como la región más violenta del mundo, según un informe reciente de la OEA.
Desde España se sugirió otro paradigma sobre la relación defensa-seguridad, basado en las experiencias de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la OTAN y la Unión Europea. Se trata de entender la seguridad de un modo global, amplio, que abarca tanto a la seguridad externa como a la interna y que obliga al uso de recursos militares, policiales, civiles, económicos y diplomáticos. La aplicación de estos medios no se define por el ámbito geográfico sino por la naturaleza de la amenaza o del riesgo a enfrentar. El objetivo es abordar la seguridad desde una estrategia integral que comprenda una variedad de medios al alcance del Estado.
Una de las discusiones más interesantes se planteó alrededor del futuro de la arquitectura regional sobre defensa y seguridad, en particular la Unasur y su CDS. Aquí también se dividieron las aguas entre quienes subrayan viejos vicios y obstáculos a la integración regional y cómo éstos impactan en cuestiones sensibles, como lo son la defensa y la seguridad y, por otro lado, quienes ven una nueva etapa de cooperación regional que, aunque reconoce las diferencias entre las partes, se destaca por una renovada voluntad política que está impulsando el proceso.
La voluntad política es el motor imprescindible de todo proceso de integración, pero debe estar acompañada de alguna institución permanente que cuente con recursos materiales y humanos y tenga algún grado de poder efectivo. La voluntad de aprobar acuerdos y tratados debe implicar también su cumplimiento y seguimiento. De lo contrario, se cae en el voluntarismo. Sin un apoyo político decidido de los gobiernos, que incluya medios materiales y recursos humanos de calidad, las nuevas instituciones que se crean pueden convertirse en cáscaras vacías.
Estamos en el inicio de un proceso que, como todo intento de integración, es dinámico y puede tanto profundizarse como estancarse o retroceder. El desafío de los gobiernos sudamericanos es encontrar estrategias que logren superar la heterogeneidad en cuestiones de defensa y seguridad y permitan construir una política conjunta para la región.
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