Varios países ya la aplican y la vinculan a los salarios; en la Argentina hay rechazo gremial
Viernes 03 de junio de 2011
Raquel San Martín
LA NACION
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Los docentes chilenos son eficientes para crear un buen clima en las clases, mantener la atención y demostrar autoridad, pero tienen déficits para evaluar a sus alumnos. ¿Cómo se sabe eso? Es una de las fotografías de la docencia chilena que se obtuvo gracias a su sistema de evaluación de docentes, que está en marcha de manera obligatoria desde 2005, por el que ya pasó casi la mitad de sus 140.000 maestros, y que influye en la promoción, el salario, la capacitación y hasta la posibilidad de conservar el puesto.
No es una excepción: en los últimos años, las evaluaciones docentes y las reformas a las carreras profesionales de los maestros se convirtieron en políticas encaradas por varios países latinoamericanos. México, Chile, Colombia, Cuba, y más recientemente Ecuador y Perú han desarrollado sistemas de evaluación masivos para los docentes, que tienen finalidad formativa, pero también influencia en salarios, ascensos e incentivos para la carrera y, en algunos casos, consecuencias como la pérdida del trabajo.
El tema, delicado y conflictivo, no parece ser parte de la agenda política local aún, sino del interés gremial y profesional: un seminario internacional realizado ayer para analizar las experiencias regionales reunió a más de 300 personas, que llevaron la impresión general de que evaluar a los docentes exige decisión política y capacidad de negociación: todas las reformas implementadas en la región fueron primero resistidas por los sindicatos.
De las exposiciones quedó claro ayer que tal discusión sería complicada, por decir lo menos, en la Argentina. Lo dijo el ministro de Educación, Alberto Sileoni: "La sociedad tiene derecho a saber cómo les va a sus hijos y quiénes los educan. Pero hay que debatir y definir con qué objetivo vamos a evaluar", afirmó. Criticó, además, la prueba de evaluación internacional PISA de estudiantes; llamó a "pelear contra la idea de tragedia en la educación argentina" y a "trabajar contra la impaciencia social" cuando se habla de calidad educativa.
La secretaria general de Ctera, Stella Maldonado, también sentó posición. "No vamos a apoyar ninguna evaluación que implique atar el salario a una calificación", dijo. Sin embargo, propuso un programa nacional de evaluación integral de la educación. "Entre el 15 y 28 de febrero, en todas las escuelas los docentes deberían definir los problemas, establecer metas para resolverlos y definir cuestiones de formación docente", describió.
Aunque fue organizador del seminario -junto con el Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)-, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, no habló de algún sistema de evaluación para la ciudad, a pesar de que, sin demasiadas precisiones todavía, la ciudad de Buenos Aires avanza en una evaluación del desempeño docente, que por ahora será exploratoria. Adelantó que en octubre habrá una instancia de prueba para docentes de primero a tercer grado de la primaria, que fue rápidamente rechazada por UTE-Ctera.
Quizá la exposición más desconcertante para quienes sostienen que la evaluación docente es un resabio de las políticas neoliberales de los 90 fue la de la ministra de Educación de Ecuador, Gloria Vidal, que se identificó como "representante de un gobierno de izquierda". Vidal comentó que el Sistema de Evaluación con Responsabilidad Ciudadana que implementó Rafael Correa, y que fue resistido con una huelga docente de 21 días, hoy ya incluye incentivos salariales para los mejores desempeños.
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