Los grupos violentos parecen quedarse cada día más solos en su cruzada contra el Mundial, las subidas del transporte, el sistema educativo y la corrupción
FRANCHO BARÓN Río de Janeiro 12 FEB 2014 - El País
Protesta contra el aumento de la tarifa del autobús este lunes en Río. / MARCELO SAYÃO (EFE)
La muerte del camarógrafo de TV Bandeirantes, Santiago Andrade, alcanzado fatalmente por un explosivo lanzado por un manifestante encapuchado durante la penúltima manifestación contra la subida del billete del autobús en Río, ha representado un punto de inflexión en la percepción y en la forma en la que el Estado lidiará a partir de ahora con la violencia de los denominados Black Bloc. Con la sociedad aun conmocionada y los principales líderes de opinión en contra desde la muerte de Andrade, los grupos violentos, que incluso llegaron a contar con el apoyo y compresión de parte de la población brasileña durante el estallido de las manifestaciones en junio pasado, parecen quedarse cada día más solos en su particular cruzada contra el Mundial, las subidas del transporte, el sistema educativo vigente, la corrupción y, en definitiva, lo que ellos llaman “sistema”.
La policía de Río está volcada en la búsqueda de la persona señalada como principal responsable de la muerte de Andrade, cuya identidad ya se ha hecho pública, foto incluida. El sujeto, de 23 años, responde al nombre de Caio Silva de Souza y en su ficha policial constan dos episodios relacionados con narcotráfico. Según el comisario encargado del caso, Mauricio Luciano Almeida, Caio Souza y el tatuador Fábio Raposo, ya detenido por haber participado en el lanzamiento del artefacto, responderán por los delitos de homicidio doloso cualificado por el uso de explosivos y crimen de explosión. “No me cabe la menos duda de que ambos actuaron con la intención de matar cuando lanzaron ese artefacto explosivo durante la manifestación”, declaró el comisario.
El secretario de Seguridad de Río, José Mariano Beltrame, volvió a poner sobre la mesa la laguna jurídica que existe actualmente en Brasil para castigar a los responsables de actos violentos en las manifestaciones. Según explicó Beltrame en una entrevista concedida al diario O Globo, la Constitución brasileña ya prohíbe el anonimato y el uso de armas en las manifestaciones, aunque el Código Penal aun no prevea estos delitos. La propuesta del secretario de Seguridad de Río presentada al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, el pasado 22 de noviembre, incluye la prohibición de máscaras y la tenencia de armas u objetos que puedan ser lesivos durante las protestas. Igualmente se pide una revisión de ciertos artículos del código que regulan los crímenes contra la paz pública y asociación con finalidad de causar desorden público.
Cardozo, reunido de urgencia con representantes de las principales asociaciones de prensa escrita, radio y televisión, anunció la creación de un grupo de trabajo que discuta medidas de protección a los periodistas en el ejercicio de su trabajo. También respaldó los proyectos del ley que endurecerían las penas y los procedimientos empleados contra los que protagonizan actos vandálicos durante las manifestaciones.
El alcalde de Río, Eduardo Paes, vino a echarle más leña al fuego al calificar de “nenes de papá mimados” a los dos responsables de la muerte de Santiago Andrade. “Lo que necesitan es estar en la cárcel mucho tiempo. Y nosotros necesitamos menos impunidad en Brasil y en Río de Janeiro”, remató.
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