Recientemente se llevó a cabo en Brasilia el Congreso Internacional Educación: Una Agenda Urgente, organizado por el Movimiento Todos Pela Educação, cuya apertura estuvo a cargo de Fernando Haddad, ministro de Educación de Brasil, y de la que participaron representantes de la sociedad civil de 13 países de la región. Este auspicioso espacio pone en evidencia que América latina está tomando conciencia de la importancia de la educación como único camino hacia el desarrollo y la equidad, en el marco de una sociedad sustentable conformada por ciudadanos verdaderamente emancipados y con la posibilidad de construir su propio destino.
América latina está advirtiendo la dura realidad: nuestros sistemas educativos no están avanzando al mismo ritmo que el de los países emergentes con mejores perspectivas de futuro. Por eso mismo, la educación debe ser concebida como una agenda urgente, que requiere medidas consensuadas y de implementación inmediata, cuyos frutos se verán en muchos casos en el mediano y largo plazo.
En Brasil se ha comprendido que la educación es demasiado importante para dejar los desafíos que tenemos por delante sólo en manos de los gobiernos. Es imprescindible que la sociedad civil se involucre de lleno en la transformación de la educación en nuestros países.
El acceso a una educación de calidad es un derecho que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para lograr que este derecho pueda ser ejercido, no basta con el compromiso del Poder Ejecutivo y los ministerios de educación, sino que es imprescindible que se comprometan los tres poderes del Estado y, fundamentalmente, la sociedad civil.
Desde hace algunos años, en la Argentina se ha generado un movimiento importante en la sociedad civil por la educación con distintas manifestaciones concretas. Se trata de una importante cantidad de iniciativas de campo con encomiables y valiosos resultados. Sin embargo, los impactos obtenidos han sido hasta el momento más bien de carácter puntual que de orden sistémico (en contraste con la realidad brasileña).
Es el momento entonces para que estas organizaciones y otras nuevas que están surgiendo se articulen en una movilización que integre al Estado y permita impulsar las políticas necesarias para garantizar el derecho al acceso a una educación de calidad a todos los ciudadanos.
Asegurar este derecho básico supone, en primer lugar, definir las expectativas de aprendizaje de los alumnos, que determinarán luego la formación de profesores, la carrera docente y las características de la evaluación externa que permita contar con diagnósticos precisos para tomar las decisiones necesarias a fin de alcanzar el objetivo deseado.
Disponer de un sistema de información riguroso y transparente del acceso y el nivel de calidad del sistema educativo es una herramienta indispensable para avanzar en la dirección correcta. No debemos oponernos a la evaluación, sino fomentarla. Probablemente sea necesario extender la jornada escolar desde una perspectiva de educación integral, lo que supondrá necesariamente incrementar la inversión en educación. Sin embargo, aún más importante que el indispensable incremento de la inversión en educación es gestionar mejor los recursos actualmente disponibles. Este es otro de los grandes desafíos de la región.
La Declaración de Brasilia, firmada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas por la educación de 13 países de la región, es sumamente auspiciosa. Esta iniciativa permite potenciar el trabajo local de todos los movimientos nacionales que promueven una educación de calidad a partir de un trabajo colaborativo y un aprendizaje mutuo indispensable para alcanzar los objetivos buscados.
Evidentemente, corresponde al Estado asegurar la universalidad de una educación de calidad como derecho humano. De la misma manera, es responsabilidad de la sociedad civil monitorear que las autoridades avancen hacia las metas fijadas.
En el encuentro realizado en Brasilia hubo una conclusión muy clara: la sociedad civil sólo podrá cumplir con su rol de monitoreo e impulso de la acción del Estado en tanto y en cuanto actúe en forma unida y coordinada. La demanda de una educación de calidad para todos no puede ni debe ser monopolizada por un sector, grupo o actor social: es un asunto de todos y requiere una agenda urgente.
El autor es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa
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