La tasa de arrestos y de ejecutados duplica y triplica el peso de las personas de color en la población
La ONU denuncia que la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense
JOAN FAUS Washington 21 ABR 2014 - 05:05 CET, El País
Una joven estudiante observa una transmisión del expresidente George W. Bush en el marco de la Cumbre de Derechos Civiles / ASHLEY LANDIS (EFE)
Lo más grave del drama de la discriminación racial en Estados Unidos es que no es una problemática aislada, que se circunscribe a un ámbito determinado, sino que es una profunda cadena interconectada que se replica en múltiples frentes y con el elevado riesgo de condicionar enormemente la vida de una persona. La ONU denunció en marzo que, pese a los progresos alcanzados, 50 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles "en la práctica" en EE UU la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad. La esfera judicial y policial es, sin duda, una de las más representativas y está ampliamente condicionada por la disparidad educativa y económica.
"La policía es racista. Ahora mismo al ver a una persona negra hablando con una blanca siempre creen que es porque hay un intercambio de drogas, y van a por el negro", lamenta Troy, un veinteañero de color que vive en Anacostia; un barrio al sudeste de Washington que duplica los estándares de desempleo, pobreza e inseguridad del resto de la capital estadounidense.
La retahíla de estadísticas corrobora la esencia de su diagnóstico. Del total de detenidos en 2012 en EE UU, un 28,1% eran de color -más del doble de su proporción demográfica (13,1%)-, según las cifras del FBI. Por ende, un hombre de raza negra tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado que uno blanco, y 2,5 veces más que uno latino, según los últimos datos oficiales recopilados por The Sentencing Project, una organización civil con sede en Washington. Son tasas incluso peores que en los años de segregación racial. Todo ello tiene una traslación directa en la composición de las cárceles: en 2012 un 36,5% de los reclusos eran negros -casi tres veces más que su peso en el conjunto de la población del país ese año-, un 33,1% eran blancos -casi la mitad de su proporción del 63% en el censo- y un 22% eran latinos -el 16,9% de la población-. Dicho de otro modo, un 3,1% de los negros están presos; un 1,3% de los latinos; y un 0,5% de los blancos.
Vistas en perspectiva las divergencias son aún más escalofriantes. De cada 100.000 reos masculinos en 2012, 463 eran blancos; 2.841, negros; y 1.158, latinos. Entre las mujeres la distribución era de 49, 115 y 64 respectivamente. Por pura aritmética, estas profundas diferencias hacen que los ciudadanos de color tengan muchas posibilidades que los blancos de ser condenados a cadena perpetua o a pena de muerte. Así, mientras uno de cada 111 hombres blancos pasa toda su vida en la cárcel, entre los negros es tan solo uno de cada 18.
En el corredor de la muerte, la proporción de reclusos negros (del 41,7%) también triplica su peso en la población estadounidense; mientras la de los blancos (43,1%) y latinos (12,6%) se sitúa por debajo, según el Centro de Información de la Pena de Muerte. Una realidad que fue duramente criticada por la ONU. "La discriminación es mala en cualquier circunstancia, pero es inaceptable cuando lleva a la muerte", clamó Walter Kalin, uno de los integrantes del comité, quien pidió a las autoridades revisar todas las condenas capitales pendientes, teniendo en cuenta que se ha detectado que en los últimos años ha habido 144 sentencias erróneas.
Kalin preguntó a la delegación estadounidense cómo pretende evitar la Administración de Barack Obama que la pena capital se aplique con un sesgo racial. A lo que Bruce Swartz, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, replicó de forma genérica asegurando que los casos son minuciosamente revisados, que el Gobierno está "preocupado" por la desproporción racial en las cárceles; y que cada año se destinan 100.000 dólares a compensar a personas indebidamente presas. Pese a ello, 16 estados carecen de un sistema de indemnización, como alertó la ONU.
Pero más allá de las posiciones de unos u otros, ¿qué explica, en definitiva, que 50 años después del fin de la segregación existan estas tristes divergencias en la primera potencia mundial? Nazgol Ghandnoosh, investigadora de The Sentencing Project, lo atribuye principalmente a dos motivos. Por un lado, achaca a diferencias socioeconómicas, que lastran el acceso a oportunidades, el hecho de que más ciudadanos negros cometan delitos graves, por lo que están sobrerepresentados en las cárceles. Pero, por el otro, sobre todo en los delitos menores, a un "prejuicio racial" en las decisiones policiales y judiciales que puede llevar a la paradoja de que un negro sea tratado de un modo distinto que un blanco por los mismos hechos.
"Las leyes se deberían aplicar de una manera más justa, para que no se apunte únicamente a determinados colectivos", afirma por teléfono. Menciona, por ejemplo, que apenas haya detenciones por posesión de drogas en las universidades; mientras en determinados barrios deprimidos, como el de Anacostia, sean mucho más rutinarios los cacheos policiales. "¿Esto significa que hay poco consumo de drogas en las universidades? Probablemente no. Lo que pasa es que aún que lleven encima las mismas drogas, es más probable que una persona de esos barrios sea identificada y detenida". Según un estudio de la American Civil Liberties Union, entre 2001 y 2010 un negro tenía 3,7 veces más posibilidades que un blanco de ser detenido por posesión de marihuana. En Washington DC la probabilidad era de ocho veces.
En este sentido, Ghandnoosh sostiene que la experiencia demuestra que ha sido fútil la estrategia, impulsada tras la epidemia de consumo masivo de crack en los años 80, de creer que las drogas eran la principal causa de violencia en los barrios más inseguros de EE UU y que había que actuar con mayor contundencia en lugar de ir al origen y mejorar las condiciones de vida. "Esto adentra a la gente en un círculo judicial, lo que luego les hace más difícil encontrar un trabajo o una casa", lamenta.
Algo en lo que coinciden tanto los testimonios recogidos en Anacostia como Antonio Ginatta, director de defensa de Human Rights Watch en EE UU. “El sistema judicial está entrelazado con una historia de discriminación racial y los esfuerzos para desvincularlos han sido insuficientes”, subraya. En concreto, critica que las alegaciones de discriminación solo puedan prosperar si se logra demostrar que ésta fue intencionada y no solo cuando los resultados “claramente” lo indican. “Es mucho más probable que una persona negra sea condenada a pena de muerte si la víctima es blanca”, pone de ejemplo. Un factor clave, comenta, es si la selección del jurado popular es lo suficientemente heterogénea.
Pese a que queda mucho por hacer, el panorama ha mejorado ligeramente en los últimos años. Ghandnoosh destaca que 2010 fue el primer año desde 1973 en que no creció la población carcelaria de EE UU, la más alta del mundo, lo que se repitió en los dos siguientes. Además, mientras en 2009 un negro tenía 6,4 veces más posibilidades que un blanco de estar preso; en 2012 se redujo a 6,1. En el terreno político también ha habido avances. La Administración Obama rebajó en 2010 la amplia diferencia de sentencias entre la posesión de cocaína y crack, y apuesta por aminorar más las penas por delitos menores de drogas. Y en el Congreso, la voluntad de atajar el gasto público junto a la caída de la criminalidad ha unido a muchos demócratas y republicanos a tomar medidas para reducir la población carcelaria. Pero aún así las estadísticas y comentarios como los de Troy revelan que la disparidad sigue muy enquistada
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