Carlos Fuentes
Para LA NACION
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas es encabezada por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, e incluye a personalidades como Javier Solana, Amartya Sen, Graça Machel y William Perry.
El primer informe de la sección latinoamericana de la Comisión Global indica de entrada que la política contra la producción, el tráfico y la distribución de droga, que criminaliza al consumo ha fracasado, si consideramos que en América latina han aumentado el consumo, la violencia y el crimen organizado, que condujeron a la criminalización de la política, a la politización del crimen y a la creación de múltiples vínculos que favorecen la corrupción de funcionarios y policías, y la infiltración del crimen en las instituciones.
La comisión Cardoso-Gaviria-Zedillo pide que, en primer término, se reconozca el fracaso de las políticas vigentes y se propongan nuevas políticas más seguras. Ello no implica -importante inciso- desconocer las políticas actuales, sino ofrecer estrategias alternativas, subrayar los temas de la prevención y el tratamiento, aunque aplicando acciones represivas cuando sean necesarias.
Las políticas prohibicionistas de los Estados Unidos y las europeas de reducción de daños no lograron ni reducir los mercados ni reducir el consumo: ambos han aumentado. Colombia, primero, y México, hoy, se convirtieron en epicentros de un negocio que depende de la demanda de los consumidores. Se trata, en consecuencia, de disminuir la demanda.
¿Cómo? Convirtiendo el consumo, de actividad criminal, en problema de salud pública, y a los adictos en pacientes en vez de compradores. Con ello se reduciría la demanda y bajarían los precios. La solución "carcelaria", por así llamarla, de los Estados Unidos, no puede funcionar en América latina. Contamos ya -Brasil y México son amplio ejemplo de ello- con una superpoblación carcelaria, sistemas penitenciarios anticuados, extendidas redes de corrupción, como lo demuestran los hechos recientes de la cárcel de Gómez Palacio, Durango, en México, en la que la dirección permitía a un grupo de reclusos salir de noche, perpetrar crímenes y regresar al amanecer a la penitenciaría.
El simple prohibicionismo no ha reducido ni la producción ni el consumo. Las políticas en vigor han atacado la oferta más que el consumo. Nos hemos dado cuenta, en otras palabras, de que eliminar la oferta no elimina la demanda, y la demanda se traduce a menudo en muerte por sobredosis y transmisión de infecciones. Doscientos cincuenta millones de seres humanos, globalmente, usan drogas. Sólo veinticinco millones son dependientes, lo cual, en sí, indica que el tratamiento es más importante que el castigo. La Comisión piensa que así como las campañas contra el tabaco, el alcohol y las enfermedades de transmisión sexual han tenido éxito, lo tendría una campaña preventiva que se dirigiera a la demanda tanto como a la oferta.
Resulta claro que hay que multiplicar las campañas de información y de prevención, dirigidas sobre todo a la juventud, que mayoritariamente representa el mercado de las drogas. Hay que hacerles entender a los consumidores -sobre todo a los jóvenes- que la drogadicción afecta el poder de decisión, la inteligencia y el trabajo, y a la sociedad en su conjunto, pedir la cooperación contra la violencia, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el control de territorios, hechos que nos afectan en la vida privada y en la vida social y nacional. ¿Cómo se mide, al cabo, la infiltración del crimen en todos los niveles de la vida política de un país, en gobiernos municipales, estatales y aun nacionales? Si esto no se puede ni saber ni atacar frontalmente, entonces aumenta la importancia de lo que sí se puede hacer, por modesto, aunque iniciático, que sea.
Además, América latina en su conjunto y México, muy particularmente, tienen una población juvenil extensa que se plantea problemas de futuro profesional. Muchos escogerán el camino fácil, del crimen y la droga, si nuestras sociedades no les ofrecen horizontes mejores en países en gran medida democráticos, pero estancados en cuanto a su dimensión social de servicio. Tenemos una población juvenil y de trabajo que puede poner al día las infraestructuras, la educación, la salud y las comunicaciones a menudo inservibles o anticuadas de
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