Comenzó su incierto trasiego por el Congreso la reforma a la Ley 30 de 1992.
A pesar de que la actual ministra de Educación ha asegurado que ha mantenido una interlocución permanente con los diferentes estamentos universitarios, lo cierto es que las declaraciones de los directivos de Ascun, como agremiación, y el SUE, como instancia deliberativa de los rectores, revelan una visible insatisfacción con diálogo desigual. La versión final del proyecto de ley, pese a que incorporó parcialmente las propuestas, preserva la esencia del original.
La pretensión del Gobierno es elevar la cobertura de la educación superior del 35 al 50%, hasta alcanzar en 2014 una población de cerca de 2,3 millones de estudiantes, duplicando la matrícula de 2000. Una proporción mayoritaria de este incremento de la cobertura provendrá de las instituciones públicas, que albergaron, en 2010, el 55,4% de los cupos existentes. Dado que la ampliación de la cobertura de calidad requiere de una adecuada financiación, no se prevé un mayor esfuerzo del Estado en la financiación de la oferta, sino la contribución de la inversión privada, mediante la aparición de figuras como las instituciones con ánimo de lucro, “los contratos de asociación” y “las sociedades por acciones” con distribución de dividendos y eventuales situaciones equiparables a la “insolvencia empresarial”, cuyos resultados van en detrimento de la calidad. Si, con el actual esquema de financiación inercial —ajustes anuales por inflación general y no por los costos educativos—, los aportes de la Nación a las universidades públicas se han mantenido en 0,4% del PIB con una tendencia a decrecer en los próximos años, no obstante la retórica ministerial, los recursos adicionales, basados en indicadores de cobertura, calidad y eficiencia, no son sino un paliativo al rezago presupuestal que, recurrentemente, padecen las universidades públicas. Quizás una de las facetas novedosas del proyecto gubernamental es la inclusión de recursos del sistema de regalías para apalancar, a través del fomento de programas de ciencia y tecnología, la financiación de las instituciones educativas.
La versión remozada del proyecto de Ley, si bien reconoce la educación como un derecho fundamental, distinto al escueto enunciado de servicio público, y reivindica la noción multidimensional de la autonomía universitaria, sus inspiradores no renuncian a considerarla como una mercancía transable.
El documento presentado no ha sido consensuado. Las posiciones del Gobierno aún son distantes de las propuestas de las universidades y de Ascun, las cuales gravitan sobre una noción de autonomía con responsabilidad, y lo que es más, que la meta de ampliar la cobertura está condicionada a la transferencia de recursos suficientes y pasa por el tamiz de la calidad.
Edilberto Rodríguez. Director CENES de la UPTC. Tunja.
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