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En los últimos años, nuestro país ha visto incrementarse su déficit comercial en bienes de alta y media tecnología, que se situaba en más de 20.000 millones de euros a finales de la pasada década, lo que contribuye a situarnos en cuanto a competitividad por debajo de los primeros 40 países del mundo. Coincidiendo todos los analistas económicos que con la actual crisis se acrecienta la necesidad de un cambio de modelo productivo que debe dirigirse hacia un tejido empresarial más intensivo en el uso de conocimiento tecnológico.
Por otro lado, paradójicamente, nuestros indicadores de producción de conocimiento científico y tecnológico se han incrementado significativamente en los últimos años, situándonos donde nos corresponde por nuestro peso económico en el concierto mundial, pero no así en lo referente a la transferencia del mismo y su puesta en valor, que hoy sin duda es nuestra gran asignatura pendiente en ciencia y tecnología. La Association of University Technology Managers (AUTM) de EE UU, daba en 2010 como correspondiente a 155 universidades, 27 hospitales y empresas de inversión de entre sus asociados, la cifra de ingresos de explotación de licencias de patentes e I+D contratada con empresas de 4.660 millones de euros. Mientras que en España todas nuestras universidades y centros hospitalarios vinculados (77), según la Universidad Española en Cifras (CRUE 2010) apenas alcanzan por este concepto los 400 millones de euros.
Es bien claro que en este contexto no cabe otra opción que desarrollar políticas para poner en valor el conocimiento y no como se ha venido haciendo, la mera producción científica, al primar publicar en revistas situadas en los primeros cuartiles de impacto del Journal Citation Reports (base de datos que se conoce por sus siglas JCR), desarrollando la cultura de lo que se ha llamado JCRcentrismo.
Es verdad que la introducción, hace ya más de 20 años de la evaluación de la actividad investigadora de nuestros universitarios e investigadores (los conocidos sexenios de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), ha sido altamente positivo, aun con las deficiencias observadas en relación con algún campo de conocimiento —concretamente el campo 8, Economía— como recogía la moción presentada al Senado por el Partido Popular en febrero de 2009 y que finalmente fue aprobada por unanimidad con el acuerdo de revisión de criterios y procedimiento para su mejora. Con todo, como señalábamos, el incremento de nuestra producción científica según índices bibliométricos creció de forma importante muy animada por este modesto incentivo de gran rentabilidad en términos de coste/beneficio.
El Gobierno anterior, con buen criterio, se propuso aplicar tan efectivo instrumento en orden a incentivar la transferencia y la innovación, creando el llamado sexenio del campo 0 para evaluar la actividad que en transferencia e innovación desarrollan nuestros universitarios e investigadores, iniciativa que aplaudimos en su día, pero que fue y está —en nuestra modesta opinión— insuficientemente desarrollada y no demasiado bien planteada, como muestra el hecho que de las 7.000 solicitudes de evaluación que anualmente llegan a la CNEAI apenas 50 fueron por este concepto.
Precisamente por ello, ya varios rectores de universidad hemos señalado que el nuevo y polémico Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público que modifica, entre otros aspectos, la dedicación del profesorado en relación con su actividad investigadora, no puede hacerlo variar únicamente en función de ésta y menos atendiendo solo a los tramos de investigación que tienen carácter voluntario. Inexcusablemente debe incorporar también la transferencia, hoy sin duda nuestra gran asignatura pendiente, y como no, las tareas de gestión científica y académica no siempre bien reconocidas.
La actual secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, quien está dando muestras de su interés por impulsar la transferencia e innovación en nuestro país, hoy más necesaria que nunca, debería liderar una nueva formulación de este instrumento de valorización de la transferencia e innovación, más vinculado a resultados con las empresas y menos a índices de impacto bibliométrico. En este proceso de evaluación deberían estar miembros de la academia y ¡cómo no! de las empresas, ya que de lo que se trata es de reconocer y poner en valor transferencia e innovación, con el fin de mejorar sobre todo nuestra cifra —como en la AUTM— de ingresos por explotación de licencias de patentes y contratos por empresa, que por otro lado, no vendrá nada mal a las dolientes finanzas de nuestras universidades y sin duda agradecerá la competitividad de nuestras empresas.
Juan Julià es rector de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por otro lado, paradójicamente, nuestros indicadores de producción de conocimiento científico y tecnológico se han incrementado significativamente en los últimos años, situándonos donde nos corresponde por nuestro peso económico en el concierto mundial, pero no así en lo referente a la transferencia del mismo y su puesta en valor, que hoy sin duda es nuestra gran asignatura pendiente en ciencia y tecnología. La Association of University Technology Managers (AUTM) de EE UU, daba en 2010 como correspondiente a 155 universidades, 27 hospitales y empresas de inversión de entre sus asociados, la cifra de ingresos de explotación de licencias de patentes e I+D contratada con empresas de 4.660 millones de euros. Mientras que en España todas nuestras universidades y centros hospitalarios vinculados (77), según la Universidad Española en Cifras (CRUE 2010) apenas alcanzan por este concepto los 400 millones de euros.
Es bien claro que en este contexto no cabe otra opción que desarrollar políticas para poner en valor el conocimiento y no como se ha venido haciendo, la mera producción científica, al primar publicar en revistas situadas en los primeros cuartiles de impacto del Journal Citation Reports (base de datos que se conoce por sus siglas JCR), desarrollando la cultura de lo que se ha llamado JCRcentrismo.
Es verdad que la introducción, hace ya más de 20 años de la evaluación de la actividad investigadora de nuestros universitarios e investigadores (los conocidos sexenios de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), ha sido altamente positivo, aun con las deficiencias observadas en relación con algún campo de conocimiento —concretamente el campo 8, Economía— como recogía la moción presentada al Senado por el Partido Popular en febrero de 2009 y que finalmente fue aprobada por unanimidad con el acuerdo de revisión de criterios y procedimiento para su mejora. Con todo, como señalábamos, el incremento de nuestra producción científica según índices bibliométricos creció de forma importante muy animada por este modesto incentivo de gran rentabilidad en términos de coste/beneficio.
El Gobierno anterior, con buen criterio, se propuso aplicar tan efectivo instrumento en orden a incentivar la transferencia y la innovación, creando el llamado sexenio del campo 0 para evaluar la actividad que en transferencia e innovación desarrollan nuestros universitarios e investigadores, iniciativa que aplaudimos en su día, pero que fue y está —en nuestra modesta opinión— insuficientemente desarrollada y no demasiado bien planteada, como muestra el hecho que de las 7.000 solicitudes de evaluación que anualmente llegan a la CNEAI apenas 50 fueron por este concepto.
Precisamente por ello, ya varios rectores de universidad hemos señalado que el nuevo y polémico Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público que modifica, entre otros aspectos, la dedicación del profesorado en relación con su actividad investigadora, no puede hacerlo variar únicamente en función de ésta y menos atendiendo solo a los tramos de investigación que tienen carácter voluntario. Inexcusablemente debe incorporar también la transferencia, hoy sin duda nuestra gran asignatura pendiente, y como no, las tareas de gestión científica y académica no siempre bien reconocidas.
La actual secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, quien está dando muestras de su interés por impulsar la transferencia e innovación en nuestro país, hoy más necesaria que nunca, debería liderar una nueva formulación de este instrumento de valorización de la transferencia e innovación, más vinculado a resultados con las empresas y menos a índices de impacto bibliométrico. En este proceso de evaluación deberían estar miembros de la academia y ¡cómo no! de las empresas, ya que de lo que se trata es de reconocer y poner en valor transferencia e innovación, con el fin de mejorar sobre todo nuestra cifra —como en la AUTM— de ingresos por explotación de licencias de patentes y contratos por empresa, que por otro lado, no vendrá nada mal a las dolientes finanzas de nuestras universidades y sin duda agradecerá la competitividad de nuestras empresas.
Juan Julià es rector de la Universidad Politécnica de Valencia.
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