La Nación, 1/8/2012
La última vez que Nicholas Negroponte visitó el país hizo una broma sobre el precio de su computadora portátil. El fundador del célebre Media Lab, del MIT, y creador del programa One Laptop per Child(una computadora por chico), comentó: "Cuesta dos millones de dólares". Y enseguida aclaró: "El equipo no tiene nada especial, lo valioso son las ideas que guardo adentro".
La anécdota ilustra el valor del conocimiento en el siglo XXI. Hoy ya es un lugar común decir que aunque los bienes materiales siguen siendo importantes en la riqueza de las naciones, cada vez más es el conocimiento el que permite avanzar a zancadas. Tal vez por eso los crecientes costos de las publicaciones que hacen circular la información están en el centro de un debate internacional, y son numerosas las iniciativas para liberar el acceso a la producción científica.
La Universidad de Harvard ya se manifestó "exasperada" por los costos crecientes de las revistas académicas y estimula a sus docentes a dar a conocer sus estudios en revistas "de acceso libre", como la pionera PloS ONE. No hace mucho, advirtió en un comunicado a sus 2100 investigadores que no podría seguir pagando las cuentas: su presupuesto anual para publicaciones científicas asciende a 3.500.000 dólares anuales. El documento acusa a muchos editores de haber creado una situación "fiscalmente insostenible".
En países como el nuestro, el Estado no sólo paga la enorme mayoría de las investigaciones, sino también el acceso a éstas a través de las revistas científicas. Se calcula que mantener al día la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia, que presta servicios a 57 nodos de todo el país, y a través de la cual se informan un millón y medio de estudiantes, más profesores, investigadores del Conicet y personal de organismos de ciencia y tecnología, cuesta casi 18 millones de dólares anuales...
Este escenario es el que le confiere una importancia especial al proyecto de ley de repositorios digitales, impulsada por la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, recientemente aprobada sin objeciones por la Cámara de Diputados y respaldada por todos los organismos de ciencia y tecnología. La norma garantiza el acceso libre y gratuito a las investigaciones financiadas por el Estado, con excepción de las que requieran confidencialidad o sean producto de acuerdos con compañías privadas. Adicionalmente, una red integrada por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y México prepara un gran repositorio digital de acceso abierto para América latina. Con la sanción de esta ley, la Argentina sería el primer país de la región en avanzar hacia una ciencia sin barreras..
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