La delgada línea de la droga

Argentina desafía el paradigma punitivo de Estados Unidos sobre el consumo. Pero avanza aún oscilante por temor a los costos políticos.

Por Mariano Beldyk

Revista Noticias La guerra contra las drogas es, en gran medida, una batalla de ideas. Son ellas las que definen la conceptualización del flagelo y, con ello, el alineamiento de cada Estado sobre la base de dos paradigmas alternativos que pugnan entre sí por volverse dominantes: el prohibicionista absoluto, que condena al consumidor tanto como al traficante, y la técnica europea de “reducción de daños” que, unida a un conjunto de iniciativas colaterales, tomó cuerpo de cosmovisión que apela a la contención del adicto y enarbola su descriminalización. La Argentina transita hoy la delgada línea que separa ambos campos, deseosa de cruzar hacia el más contemplativo y avanzando aún con paso oscilante sobre las medidas que implican un mayor costo político en materia penal.
En este camino, el denominado fallo Arriola de la Corte Suprema del 25 de agosto del 2009 por medio del cual se declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que reprime la tenencia para consumo personal, marcó el precedente más significativo. Y abrió el juego para el reclamo de la sociedad civil en pos de una nueva ley en este sentido. Sin embargo, también prestó a la confusión por parte de quienes entienden que los alcances de la resolución del máximo tribunal hablan de una liberalización total.
“No se puede legalizar de ninguna manera el consumo. Para ello, deberían ponerse de acuerdo todos los países de Naciones Unidas. De lo que se habla acá es de diseñar una serie de políticas conjuntas de contención, educación, terapia y, sobre todo, de enfocar el caso del consumidor hacia el derecho administrativo y de familia y sacarlo del ámbito penal”, aclaró a NOTICIAS la fiscal Mónica Cuñarro, coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad compleja creado en el 2008 por el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, como vanguardia del giro ideológico.
En tal sentido, el modelo a imitar es el de Portugal donde el consumo de drogas dejó de ser un delito por el que se va a la cárcel, pero el usuario no se libra de penas que pueden abarcar desde multas a servicios comunitarios, además de prepararse una policía especial no represiva para abordar la problemática y una campaña concientizadora sobre sus males.
Hasta el momento, de las 53 iniciativas presentadas como trabajo final del Comité para adecuar el cuerpo normativo en Argentina, el 45 por ciento de ellas han sido implementadas en diverso grado por los cuerpos administrativos y el Congreso. E incluso se han avanzado en algunas pruebas piloto comprendidas en la la "reducción de daños" como la creación de un pabellón especial para los consumidores de drogas en el penal de Marcos Paz que fue tomado como ejemplo por Naciones Unidas. Sin embargo, el Congreso aún no se decide a avanzar en el tema más álgido a nivel mediático: la adecuación de la Ley de Estupefacientes a la lectura de la Corte Suprema en materia de tenencia para consumo personal.
Raíces. El debate no es nuevo. El paradigma prohibicionista nació con la Convención de Viena de 1888 y con los gobiernos de Richard Nixon primero y Ronald Reagan después y su “guerra a las drogas”, se expandió por la región latinoamericana. Incluso Europa adecuó sus legislaciones a los diseños de Washington, pero el costo que pagó fue altísimo: la heroína hizo estragos en la clase media sin que las leyes más duras pudieran hacer nada a cambio y desató una epidemia de HIV por la reutilización de jeringas. Fue entonces, en el 2004, cuando el Consejo Europeo resolvió dar un vuelco y ordenó a los miembros de la Unión Europea seguir la nueva tesis de “reducción de daños”: buscar a los consumidores, relevarlos y atacar el problema desde la lupa de la salud pública.
La idea que desafiaba la ortodoxia estadounidense de inmediato repercutió en todo el mundo. Y la Argentina no estuvo ajena a su impacto. Ya en el 2005, el ex ministro de Justicia y entonces diputado Jorge Vanossi lanzó la pregunta-problema clave en medio de una sesión privada en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas: “¿La Argentina necesita replantear su política sobre drogas estupefacientes?” En su exposición, el constitucionalista daba voz a un pensamiento que ganaba adeptos conforme pasaba el tiempo: “El ataque al consumo –indiferenciado e indistintamente encarado– no condujo a los resultados esperados. Montañas de violencia y sobornos se acumulan sobre la frustración de políticas fracasadas. ¿Debemos esperar más tiempo? Con tribunales colapsados, cárceles convertidas en 'universidades del delito', funcionarios desmotivados hasta la abulia, no se pueden esperar frutos milagrosos”.
Años después, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que tiene a tres ex presidentes de países clave en la lucha contra los cárteles narcos como sus máximos representantes –el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo– levantó las banderas de la revisión de la línea punitiva para impulsarla en el continente.
Hoy la Argentina no es la excepción en voluntad política, pero, en la praxis, el camino sigue a medio transitar. Según los documentos del Comité liderado por Cuñarro, con una composición multidisciplinaria, la legislación vigente durante los últimos 20 años “no ha podido contener la realidad del aumento exponencial de la oferta y la demanda de sustancias legales e ilegales a partir de los años `90” generando tan solo “impunidad y, al mismo tiempo, la percepción social de que la sanción punitiva por excelencia alcanza a los más vulnerables y débiles, esto es, al consumidor”.

En efecto, según las estadísticas del Poder Judicial, del total de ingresos al sistema penal, casi el 70 por ciento corresponde a tenencia y consumo personal de drogas, por lo general, resultado de decomiso en pequeñas cantidades mientras “se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales” donde impera “una enorme corrupción que facilita los negocios”. En otras palabras, se persigue al consumidor pero se libera el accionar de los grandes traficantes.
“Hay una amplia gama de proyectos polémicos cuyo tratamiento estaba calculado para este año pero que ningún bloque se anima a poner en discusión a fondo a meses de las elecciones. Por un lado se avanzó con paso firme en proyectos relacionados al tema del tabaco o el control de medicamentos, pero hay otras iniciativas más sensibles como la modificación de la Ley de Estupefacientes pedida por la Corte que si bien nacen como reclamos concretos de un gran espectro social, también generan resistencias. Esta evaluación de costos políticos sumado a que muchos legisladores se encuentran de campaña en sus provincias hace que, aún aquellas reuniones convocadas por el tema, se caigan por falta de quórum”, comentó Lorena Zapata, directora del Área Actualidad de la Fundación Directorio Legislativo, una ONG que sigue de cerca estos y otros proyectos en el Congreso Nacional y las provincias.
A Dos Voces. Quien mantiene una activa política a favor de la línea no punitiva es la diputada del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que no solo encabezó marchas a favor hacia el Congreso (ver recuadro) sino también una audiencia pública en junio donde chocaron las dos posturas que asoman en el mundo y en Argentina sobre el tema. “Es urgente que el Congreso discuta las modificaciones a la actual política de drogas. No podemos permitir que se siga criminalizando a los consumidores mientras los narcotraficantes siguen libres. Según las estadísticas, de doce mil causas por drogas, solo tres fueron por narcotráfico lo que demuestra que la ley actual es ineficaz para combatir este flagelo”, aseguró Donda.
Pero también hay voces en el Congreso que se hacen eco del rechazo de estas ideas por parte de otras organizaciones de la sociedad civil como las denominadas Madres contra el Paco y la Asociación de Familiares de Víctimas de las Drogas, y que encontraron en la diputada Cynthia Hotton una de sus representantes predilectas en la Cámara baja. “En países donde la droga se ha despenalizado, la sociedad sufrió un impacto negativo. Cualquier accionar en este sentido constituye una marcha atrás frente a un problema social muy grande. Hay chicos que mueren por el paco sin contar los efectos que provocan en terceros por la violencia de los robos para conseguir dinero para más drogas o porque están bajo efecto de ellas”, explicó la legisladora de Valores para mi país durante el debate convocado por Donda.
Según el especialista en temas de seguridad Marcelo Saín, un viraje a fondo en esta dirección solo puede conseguirse mediante un doble juego de estrategias diferenciadas pero complementarias: una integral de prevención del uso de drogas ilícitas y tratamiento de las adicciones inscriptas en las áreas de salud y desarrollo social en sintonía con una nueva línea de acción sobre control del narcotráfico asentada en la labor preventiva del sistema policial y judicial. Solo así puede evitarse una caída al estilo de Suecia, uno de los primeros países en aceptar el uso de estupefacientes en los '60, donde el estado debilitó en demasía su papel de control y dio paso a un incremento desmedido del consumo que congestionó el sistema de salud obligando a restablecer fuertes penas para consumidores tanto como para traficantes.
En tal sentido, lo que Saín y otros analistas sugieren es anclar la estrategia escogida bajo la forma de una política de Estado que trasciendan los gobiernos de turno. De este modo, se evitarían la superposición de jurisdicciones que abren fricciones entre funcionarios como los recientes choques entre Fernández y el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, quien acusó al jefe de Gabinete de mentir a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al decir que no había muertos por sobredosis en la Argentina. En el mismo sentido se expresó el Comité especial con su trabajo.
“Cada vez estoy más convencido de que, con la represión, no se está disminuyendo el daño. Es el momento de plantear un nuevo enfoque, una estrategia más consistente en disminuir el consumo de estupefacientes”, aseguró Cardoso en una entrevista con el diario El País en julio del 2010. Y añadió: “lo más importante es abrir un debate y no delegar este difícil asunto a la Policía, cerrando los ojos a un problema que está contaminando a toda la sociedad y que llega a poner en jaque la democracia”.
Hoy la Argentina vive este debate. Resta definir qué idea ganará la batalla al final.