La nueva institucionalidad educativa: en la mitad de la mitad del camino, José Weinstein

Tribuna , El Mercurio
Lunes 03 de Septiembre de 2012

José Weinstein 
Gerente del Centro de Innovación en Educación en Fundación Chile

El poderoso movimiento estudiantil del 2006, llamado la "revolución pingüina", consiguió remecer al país para terminar con la antigua institucionalidad educativa heredada de la dictadura (la LOCE) y dar paso a una nueva institucionalidad, expresada en la Ley General de Educación (LGE, 2009). Esta nueva promesa se basa en la construcción de un sistema de aseguramiento de la calidad, que permita garantizar, desde el Estado, que todos los proveedores del servicio escolar (sostenedores y escuelas, públicos y privados) brindarán una educación de calidad, resguardando este derecho para todos los alumnos. Ante las nuevas movilizaciones estudiantiles en curso, parece interesante preguntarse en qué punto estamos en esta materia.

Así puede constatarse que, muy lentamente, se han ido conformando las nuevas instituciones que vienen a poblar el sistema de aseguramiento en el nivel escolar. El Consejo Nacional de Educación se constituyó, finalmente, a principios de este año, y está por verse si tendrá la autonomía y buen criterio técnico necesario para resguardar que los cambios curriculares sean los que nuestro sistema escolar necesita. La Superintendencia se estableció recientemente y su labor fiscalizadora del correcto uso de los recursos fiscales y de las normas por parte de los establecimientos escolares ha logrado notoriedad pública. La Agencia de Calidad, cuyos miembros acaban de anunciarse, aún no se constituye formalmente, por lo cual la medición de la calidad educativa, partiendo por el Simce, sigue aún en manos del Mineduc, con el importante inconveniente de que éste es "juez y parte".

Recordemos que este andamiaje de distintas instituciones se articula, siguiendo a la LGE, en torno a un conjunto de estándares que las escuelas y liceos deben cumplir y que son los que especifican en qué consiste la anhelada calidad... pero estos estándares aún no son evacuados por el Mineduc para su aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación.

En una segunda mirada se puede ir más abajo que el nivel nacional, donde funcionarán estos organismos (Consejo, Superintendencia, Agencia, Mineduc), y vislumbrar la situación de los proveedores locales del servicio educacional, en particular la de los municipios.

En efecto, son ellos quienes pueden y deben materializar la entrega misma de educación pública hacia la ciudadanía y de poco servirán los organismos nacionales si ellos no tienen una adecuada gestión. Es sabido que existe un creciente cuestionamiento respecto de la capacidad de los municipios para ofrecer educación de calidad, lo que ha llevado a que el anterior gobierno enviara un proyecto de ley para "desmunicipalizarla" y que el actual enviase otro, que cambia el modo de gestión local, sin propiamente "desmunicipalizar". Pero este proyecto no presenta avances en su discusión en el Parlamento.

El resultado neto es que hay total incertidumbre sobre el futuro de la educación municipal, no existiendo claridad respecto de hacia dónde ella evolucionará (¿servicios provinciales de educación?, ¿agencias locales de educación?), lo que paraliza a los alcaldes en su gestión de un servicio que no saben si seguirán administrando.

Por último, la nueva institucionalidad educativa está también incompleta respecto de los niveles educacionales que abarca, dejando fuera de su radio a la educación preescolar, así como a la educación superior. En el caso de la preescolar, ésta sigue siendo una "tierra de nadie", en que se superpone la acción de distintos proveedores del servicio educativo (Junji, Integra, municipios), que operan sin estándares comunes y sin un ente público mayor que garantice la calidad de sus prestaciones.

Y en el caso de la educación superior, la situación de desregulación -en un escenario de creciente incorporación de alumnos, recursos e instituciones- se ha vuelto crítica. Hechos como el escándalo financiero de la Universidad del Mar, la corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación o los paupérrimos resultados de la prueba Inicia han evidenciado que estas instituciones definitivamente no se autorregulan y que se requiere de un nuevo marco institucional que garantice calidad para esos miles y miles de jóvenes que realizan enormes esfuerzos por acceder a una carrera técnica o universitaria.

En suma, estamos como país sólo en la mitad de la mitad del camino. Se requiere terminar la tarea ya iniciada en la educación escolar, pero también avanzar hacia los sostenedores y hacerse cargo de las dos puntas del sistema (preescolar y superior). Sólo acelerando el tranco, dándole prioridad política y construyendo los necesarios consensos, será posible dar el gran salto institucional que la educación chilena se merece.