Cuatro de cada diez niños en edad de ir a la escuela primaria y sin escolarizar viven en países pobres afectados por conflictos. Lugares como
Congo,
Colombia,
Afganistán,
Chad,
Uganda,
Paquistán y una larga lista de 35 países. Son 28 millones de niños y niñas cuyo futuro se encuentra en primera línea de fuego, víctimas de ataques indiscriminados contra ellos, contra sus escuelas y contra sus maestros. No se trata de un simple daño colateral. Las
violaciones sistemáticas de escolares se han convertido en un arma habitual de guerra en países como la
RD del Congo, donde cerca de un tercio de las más de 200.000 mujeres violadas en 2009 eran niñas, muchas de ellas menores de 10 años. La violencia extrema que rodea a estos menores supone un obstáculo fundamental para su acceso a la educación, cargándoles con un peso psicológico y formativo que determinará el resto de sus vidas y las de sus familias.
No hay nada comprensible en esta situación. El informe
Educación para todos en el mundo 2011, que la
UNESCO presentará en
Nueva York dentro de pocas horas, pone negro sobre blanco una de las omisiones más graves en el esfuerzo por acabar con la pobreza. El desinterés con el que la comunidad internacional asume las violaciones masivas de mujeres y niñas en África, Asia y América Latina añade un insulto a la estupidez del desproporcionado gasto militar de países ricos y en desarrollo, que compite de forma directa con la financiación de la Educación Para Todos (EPT).
El País
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