Marzo 26, 2011
Fortalecimiento de la institucionalidad pública: Propuesta del panel de Expertos
Ayer el panel de Expertos compuesto por José Pablo Arellano, Mariana Aylwin, Harald Beyer (coordinador), José Joaquín Brunner, Andrea Krebs, Patricia Matte, Sergio Molina, Jaime Pavez, Pilar Romaguera, Pedro Pablo Rosso y Pablo Zalaquett entregó al Ministerio de Educación su segundo y último informe sobre fortalecimiento de la institucionalidad pública.Bajar el texto aquí
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Información de prensa
Panel de expertos para una Educación de Calidad entregó segundo informe sobre alternativas a la educación municipal
MINEDUC: Comunicado oficial, 25 de marzo de 2011
El ministro de Educación Joaquín Lavín, junto al subsecretario Fernando Rojas recibieron esta tarde el informe final del Panel de Expertos para una Educación de Calidad sobre alternativas a la educación municipal.
Tras seis meses de trabajo, los 12 integrantes del panel liderados por el secretario ejecutivo de la comisión Harald Beyer, hicieron entrega de un documento que presenta propuestas al sistema de administración de la educación pública municipal.
Principales propuestas:
1. Mantener la descentralización: El panel propone mantener la descentralización de la educación municipal. Las razones son que la educación no pierde sus raíces y aportes locales; la necesidad de un control más preciso sobre los equipos responsables; la evidencia planteada por la experiencia internacional con sistemas educacionales descentralizados exitosos; y la importancia de lograr una separación entre el diseño de políticas, supervisión y apoyo, otorgándoselas al Estado, y la gestión, que quede en manos de los municipios.
2. Profesionalizar equipos responsables de la educación: El panel detecta que en algunos municipios hay una capacidad insuficiente de competencias administrativas y técnico-pedagógicas para gestionar la administración de la educación. La propuesta es profesionalizar a los equipos de las direcciones de educación, corporaciones y agencias que administren la educación, separando las funciones de administración y técnicopedagógicas.
Los nuevos directivos de educación debieran elegirse a partir de ternas propuestas por la Alta Dirección Pública para asegurar una óptima competencia y profesionalización de la gestión educacional.
3. Alternativas a la administración municipal: El panel propone alternativas respecto a la forma actual de la administración de la educación municipal. El modelo planteado se basa en organismos denominados Agencias Locales de Educación, las cuales podrían ser asociaciones de nivel comunal o supra comunal.
· Ellas dependerán de un directorio donde el alcalde nombre a la mayor parte de sus integrantes, en base a ternas propuestas por un sistema ADP.
4. Alianzas con Fundaciones u otras organizaciones educacionales de calidad. Estas agencias de dependencia municipal podrán delegar la provisión del servicio educativo a otras entidades similares en comunas aledañas o establecer convenios con otras agencias de comunas exitosas o fundaciones educacionales.
5. Establecimientos educacionales autogestionados: El Panel también sugiere la posibilidad de que las comunidades escolares locales autogestionen sus propios establecimientos.
6. Tamaño mínimo de colegios: El panel plantea la inquietud de que los establecimientos educacionales urbanos tengan un tamaño mínimo, a fin de que puedan ser sustentables financieramente.
El Ministerio de Educación analizará las propuestas de este segundo informe, además de otros estudios y opiniones de diversos sectores. Esta información se considerará para la elaboración de un proyecto de Ley que se enviará al Congreso en septiembre del presente año.
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Panel de Expertos entrega propuesta final de alternativas a la educación municipal
Que los colegios dependan de centros comunales en vez de la municipalidad y que los recintos urbanos con menos de 500 alumnos se disuelvan, son algunos de los consejos que recibió el Mineduc.
por La Tercera - 25/03/2011 - 18:17
Después de seis meses de trabajo, el coordinador académico del CEP y uno de los líderes del panel de expertos, Harald Beyer, le entregó en sus manos al ministro de educación, Joaquín Lavín, el último informe de recomendación para mejorar la educación municipal.
El documento propone distintas alternativas respecto a cómo se administra la educación municipal en el país. Los expertos plantean que ya no pertenezca al municipio y que los colegios sean administrados a través de agencias locales y centros comunales o supracomunales, dependiendo de la cantidad de alumnos matriculados. La idea es que en el futuro el sistema se asocie con fundaciones.
También, plantearon que las agencias locales dependan de un directorio que sea elegido - en su mayoría - por el alcalde en base a ternas propuestas por un sistema de alta dirección pública.
Además, Beyer – uno de los líderes del panel junto a José Joaquín Brunner – señaló que se puso en la mesa la inquietud de que los establecimientos urbanos tengan un número no menor de 500 alumnos matriculados para que puedan ser sustentables económicamente. En caso contrario, precisó, debiesen ser cerrados.
Ante la propuesta, el ministro Lavín dijo que estudiarán el documento y que antes del 30 de septiembre enviarán un proyecto de ley para mejorar la educación municipal tal como lo había prometido en 2010.
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Comisión entregó sus propuestas al Mineduc:
Panel de expertos plantea que municipios traspasen los colegios a agencias locales de educación
El grupo también pide establecer que los colegios públicos y subvencionados tengan un mínimo de alumnos para poder operar.
M. FERNÁNEZ Y A. MUÑOZ, El Mercurio, 26 de marzo 2011
Cambiar la forma en que se gestiona la educación, pero manteniendo su administración de modo descentralizado. Ese es el foco del informe final que el llamado "Panel de expertos para una educación de calidad" entregó ayer al ministro de Educación, Joaquín Lavín, con sus propuestas para fortalecer la institucionalidad de la enseñanza pública del país.
El grupo, presidido por el director académico del CEP, Harald Beyer, propone que los colegios públicos dejen de ser gestionados por las municipalidades. "Los municipios como sostenedores no han logrado construir, más allá de casos excepcionales, las suficientes competencias en sus organizaciones para asegurar una gestión técnico-pedagógica que busque dar respuesta a los desafíos de calidad y equidad que el país espera satisfacer para su educación", es el diagnóstico del informe de 86 páginas.
En su reemplazo, proponen crear Agencias Locales de Educación (ALE), de giro único y que cuenten con mayores grados de autonomía respecto del alcalde. Sus lineamientos los definirá un consejo directivo, integrado por una mayoría de miembros seleccionados vía Alta Dirección Pública, y una minoría de representantes de los apoderados y ex alumnos, escogidos por elección directa.
"Eso significa no sacar de la comuna a los establecimientos, pero sí sacarlos de la dependencia directa de los municipios", precisa Beyer. En el caso de las comunas pequeñas (con menos de 3.500 alumnos), la propuesta apuntan a que puedan agruparse por cercanía y conformar una ALE supracomunal. Ésta podría tomar la decisión de no administrar colegios y llegar a acuerdos con otras agencias para enviarles sus alumnos. En todo caso, deberá velar por el acceso de los niños a colegios, proveyéndoles, por ejemplo, transporte.
Piso mínimo
"Tiene que trabajarse muy cuidadosamente la fórmula de estas agencias y traspasos de personal, para que no se genere una segunda deuda histórica", señala el integrante del panel y presidente de la comisión de educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Pablo Zalaquett.
Por último, y a nivel de colegios municipales y particulares subvencionados, los expertos sostienen que hay un mínimo de alumnos que deben tener para ser capaces de proveer educación de calidad. Por ello, proponen que el Estado sólo financie colegios con más de 500 alumnos en zonas urbanas consolidadas, umbral que podría variar según la zona geográfica.
El ministro Lavín asegura que el informe será estudiado en detalle por la cartera, que tiene como fecha límite el 30 de septiembre para enviar un proyecto de ley al Congreso, que revise la institucionalidad de la educación pública y cumplir así con el protocolo firmado con la oposición para sacar adelante reformas en el sistema escolar. "Hay municipios en que la educación pública está bien administrada y tiene buenos resultados y hay muchos otros en que no. Pensamos que la fórmula va a ir por crear opciones y alternativas a la municipalización", sostiene, descartando que la cartera busque acabar de plano con el sistema de administración municipal.
En todo caso, el alcalde Zalaquett cree que lo mejor es probar este nuevo sistema en un plan piloto: "No se puede partir todo de una vez porque se podría terminar convirtiendo en un Transantiago de la educación".
''Esta propuesta tiene varios elementos que suponen avanzar hacia agencias locales de educación y retirar del municipio la dependencia directa de los establecimientos educacionales del sistema público".
RESUMEN EJECUTIVO
El país ha estado avanzando, como se desprende del último informe PISA, hacia una educación más equitativa y de mayor calidad. Sin embargo, esos avances son insuficientes para alcanzar el estado superior que requiere la etapa de desarrollo en que nos encontramos. En su primer informe, este Panel puso el acento en el fortalecimiento de las capacidades docentes y directivas. En este segundo y último informe, el énfasis está en el fortalecimiento de la institucionalidad de la educación pública. Por cierto, éstos no son los únicos ámbitos de reforma posible para avanzar en la calidad y equidad de la educación, pero el mandato que se le encomendó a esta comisión se refería a estas dos dimensiones.
Los miembros del Panel coinciden que es necesario ocuparse en forma especial de la educación pública, tanto por razones de orden conceptual como práctico, y han llegado al convencimiento de que el actual modelo de organización de la educación de gestión pública, salvo excepciones, no asegura su buen desempeño.
No obstante, el panel considera que los cambios en la institucionalidad no deben hacer perder a esta educación sus raíces locales, ya que ello debilitaría los vínculos con otras políticas complementarias que se ejecutan localmente; se afectarían los aportes que hacen los gobiernos locales a la educación; se produciría un distanciamiento entre las comunidades que se benefician con la educación y los responsables de proveer educación. Además, formas más centralizadas de la educación pública no permitirían lograr una clara separación entre el diseño de políticas, supervisión y apoyo, por un lado, y gestión por otro.
A su vez, las desventajas que presenta la educación municipal –debilidades del propio municipio, falta de competencias técnico-pedagógicas, orientación de corto plazo, insuficiente escala, entre otras– pueden ser reparadas, a juicio del Panel, sin abandonar del todo los vínculos con las comunidades locales que actualmente están en la base de esa educación.
El Panel considera muy preocupante la reducción del número de alumnos por establecimiento que se ha producido en los últimos años, los que en algunos casos han reducido su tamaño a niveles que no permiten financiar los equipos directivos y docentes mínimos para asegurar estándares aceptables. Esto ha llevado al panel a proponer un nuevo requisito para el reconocimiento oficial de establecimientos subvencionados, el cual consiste en establecer un número mínimo de quinientos alumnos por establecimiento, al menos en las áreas urbanas. Dada la complejidad que puede tener este proceso, se propone que exista un periodo de transición y que el Estado apoye en una primera etapa este proceso de consolidación.
Respecto de la organización de la educación pública, el Panel propone la creación de agencias locales de educación de giro único. El gobierno superior de estas agencias sería un Consejo Directivo de al menos cinco integrantes, al cual le correspondería designar un Director Ejecutivo, seleccionado a partir de una terna elaborada por el sistema de la alta dirección pública.
Las Agencias Locales de Educación (ALE) deberán contar con las suficientes competencias administrativas y técnico-pedagógicas, reunidas en divisiones separadas. El personal de la ALE deberá ser seleccionado por el Director Ejecutivo, pero basado en concursos públicos. Al igual que este, se regirá por el Código del Trabajo.
En general las ALE serán comunales siempre que la matrícula sea suficiente para sostenerla. El panel estima que un número razonable de alumnos sería alrededor de tres mil quinientos. En la actualidad, hay 120 de las 346 comunas que tienen una matrícula equivalente o superior a este número. Estas reúnen al 78 por ciento de la matrícula municipal. Para las 226 comunas restantes, se propone que se agrupen en ALE supracomunales, es decir, en agencias cuya cobertura supere la frontera de la comuna. La conformación de éstas debe ser definida por estudios técnicos.
El Consejo Directivo de las ALE se deberá conformar a través de dos vías. La mayoría de sus miembros serán seleccionados por el alcalde (o alcaldes), a partir de ternas elaboradas por el Sistema de la Alta Dirección Pública. Los directores minoritarios serán elegidos por votación. Los postulantes no podrán ocupar otro cargo de elección popular y deberán ser padres o apoderados con hijos o pupilos en los establecimientos escolares de dependencia de las agencias locales de educación.
Las ALE supracomunales no tendrán la obligación de proveer directamente la educación de los niños y jóvenes que son objeto de su atención. Así, podrán, por ejemplo, establecer convenios con agencias vecinas o fundaciones para asegurar la provisión de educación. También podrán organizar asociaciones de comunas que den origen a nuevas agencias locales de educación.
Los Consejos Directivos de las Agencias Locales de Educación, ente otras tareas, tendrán que nombrar al Director Ejecutivo de la agencia, aprobar el Plan Educativo y Estratégico de la ALE propuesto por el Director Ejecutivo, conocer de los resultados educativos de los establecimientos bajo su responsabilidad, validar los estados financieros, ratificar las políticas de remuneraciones y los convenios colectivos, votar la rendición pública de cuentas preparada por el Director Ejecutivo y aprobar el Plan Anual de Educación (PADEM) que, entre otros aspectos, deberá definir la apertura, fusión o cierre de establecimientos.
Los Directores Ejecutivos asumirán, entre otras, las siguientes funciones: diseñar junto a su equipo, y en colaboración con los establecimientos, los planes de mejoramiento de los establecimientos; definir los presupuestos de los establecimientos en respuesta a las solicitudes de los directores; planificar con su equipo las políticas de formación continua a propuesta de los directores de establecimientos; aprobar las contrataciones y despidos propuestos por los directores de establecimientos; establecer reuniones periódicas con los equipos directivos para analizar la marcha de los distintos establecimientos; evaluar a los directores y solicitar rendiciones de cuenta de ellos; y desarrollar un plan de evaluación docente con el apoyo de los directores.
El Panel estima que para el proceso de transición e implementación de estos cambios, es imprescindible crear una unidad especial en el Ministerio de Educación que cuente con las suficientes capacidades y recursos para supervisar y promover estos cambios. Además, de los estudios indispensables para afinar los detalles de las propuestas aquí sugeridas, se requerirán, seguramente, ajustes y negociaciones particulares para materializar los cambios propuestos. En ausencia de esta unidad, se hará más difícil avanzar en estas soluciones. La experiencia que se acumule durante este proceso permitirá evaluar si esa unidad debe mantenerse una vez producidos los cambios o si debe disolverse.
La nueva institucionalidad propuesta por el Panel para la educación de gestión pública es suficientemente flexible para introducir, en caso de necesidad, correcciones al diseño propuesto. Además, tiene la virtud de mantener un vínculo local, de entregar a la educación de gestión pública una orientación de largo plazo y de aportar competencias que en la actualidad no están presentes en los sostenedores. Este cambio permitirá validar y potenciar las propuestas que el Panel hiciese en su primer informe sobre fortalecimiento de las capacidades docentes.
Por último, teniendo presente que en la educación de gestión pública existe una serie de liceos de tamaño apropiado y de aceptable calidad, el panel sugiere, a vía experimental, asignar a esas comunidades educativas las responsabilidades y decisiones sobre la operación. En estos casos habría que definir con precisión las atribuciones de los directores y sus responsabilidades, considerando que con esta descentralización adicional no se pierdan las ventajas del funcionamiento en redes.
El país ha estado avanzando, como se desprende del último informe PISA, hacia una educación más equitativa y de mayor calidad. Sin embargo, esos avances son insuficientes para alcanzar el estado superior que requiere la etapa de desarrollo en que nos encontramos. En su primer informe, este Panel puso el acento en el fortalecimiento de las capacidades docentes y directivas. En este segundo y último informe, el énfasis está en el fortalecimiento de la institucionalidad de la educación pública. Por cierto, éstos no son los únicos ámbitos de reforma posible para avanzar en la calidad y equidad de la educación, pero el mandato que se le encomendó a esta comisión se refería a estas dos dimensiones.
Los miembros del Panel coinciden que es necesario ocuparse en forma especial de la educación pública, tanto por razones de orden conceptual como práctico, y han llegado al convencimiento de que el actual modelo de organización de la educación de gestión pública, salvo excepciones, no asegura su buen desempeño.
No obstante, el panel considera que los cambios en la institucionalidad no deben hacer perder a esta educación sus raíces locales, ya que ello debilitaría los vínculos con otras políticas complementarias que se ejecutan localmente; se afectarían los aportes que hacen los gobiernos locales a la educación; se produciría un distanciamiento entre las comunidades que se benefician con la educación y los responsables de proveer educación. Además, formas más centralizadas de la educación pública no permitirían lograr una clara separación entre el diseño de políticas, supervisión y apoyo, por un lado, y gestión por otro.
A su vez, las desventajas que presenta la educación municipal –debilidades del propio municipio, falta de competencias técnico-pedagógicas, orientación de corto plazo, insuficiente escala, entre otras– pueden ser reparadas, a juicio del Panel, sin abandonar del todo los vínculos con las comunidades locales que actualmente están en la base de esa educación.
El Panel considera muy preocupante la reducción del número de alumnos por establecimiento que se ha producido en los últimos años, los que en algunos casos han reducido su tamaño a niveles que no permiten financiar los equipos directivos y docentes mínimos para asegurar estándares aceptables. Esto ha llevado al panel a proponer un nuevo requisito para el reconocimiento oficial de establecimientos subvencionados, el cual consiste en establecer un número mínimo de quinientos alumnos por establecimiento, al menos en las áreas urbanas. Dada la complejidad que puede tener este proceso, se propone que exista un periodo de transición y que el Estado apoye en una primera etapa este proceso de consolidación.
Respecto de la organización de la educación pública, el Panel propone la creación de agencias locales de educación de giro único. El gobierno superior de estas agencias sería un Consejo Directivo de al menos cinco integrantes, al cual le correspondería designar un Director Ejecutivo, seleccionado a partir de una terna elaborada por el sistema de la alta dirección pública.
Las Agencias Locales de Educación (ALE) deberán contar con las suficientes competencias administrativas y técnico-pedagógicas, reunidas en divisiones separadas. El personal de la ALE deberá ser seleccionado por el Director Ejecutivo, pero basado en concursos públicos. Al igual que este, se regirá por el Código del Trabajo.
En general las ALE serán comunales siempre que la matrícula sea suficiente para sostenerla. El panel estima que un número razonable de alumnos sería alrededor de tres mil quinientos. En la actualidad, hay 120 de las 346 comunas que tienen una matrícula equivalente o superior a este número. Estas reúnen al 78 por ciento de la matrícula municipal. Para las 226 comunas restantes, se propone que se agrupen en ALE supracomunales, es decir, en agencias cuya cobertura supere la frontera de la comuna. La conformación de éstas debe ser definida por estudios técnicos.
El Consejo Directivo de las ALE se deberá conformar a través de dos vías. La mayoría de sus miembros serán seleccionados por el alcalde (o alcaldes), a partir de ternas elaboradas por el Sistema de la Alta Dirección Pública. Los directores minoritarios serán elegidos por votación. Los postulantes no podrán ocupar otro cargo de elección popular y deberán ser padres o apoderados con hijos o pupilos en los establecimientos escolares de dependencia de las agencias locales de educación.
Las ALE supracomunales no tendrán la obligación de proveer directamente la educación de los niños y jóvenes que son objeto de su atención. Así, podrán, por ejemplo, establecer convenios con agencias vecinas o fundaciones para asegurar la provisión de educación. También podrán organizar asociaciones de comunas que den origen a nuevas agencias locales de educación.
Los Consejos Directivos de las Agencias Locales de Educación, ente otras tareas, tendrán que nombrar al Director Ejecutivo de la agencia, aprobar el Plan Educativo y Estratégico de la ALE propuesto por el Director Ejecutivo, conocer de los resultados educativos de los establecimientos bajo su responsabilidad, validar los estados financieros, ratificar las políticas de remuneraciones y los convenios colectivos, votar la rendición pública de cuentas preparada por el Director Ejecutivo y aprobar el Plan Anual de Educación (PADEM) que, entre otros aspectos, deberá definir la apertura, fusión o cierre de establecimientos.
Los Directores Ejecutivos asumirán, entre otras, las siguientes funciones: diseñar junto a su equipo, y en colaboración con los establecimientos, los planes de mejoramiento de los establecimientos; definir los presupuestos de los establecimientos en respuesta a las solicitudes de los directores; planificar con su equipo las políticas de formación continua a propuesta de los directores de establecimientos; aprobar las contrataciones y despidos propuestos por los directores de establecimientos; establecer reuniones periódicas con los equipos directivos para analizar la marcha de los distintos establecimientos; evaluar a los directores y solicitar rendiciones de cuenta de ellos; y desarrollar un plan de evaluación docente con el apoyo de los directores.
El Panel estima que para el proceso de transición e implementación de estos cambios, es imprescindible crear una unidad especial en el Ministerio de Educación que cuente con las suficientes capacidades y recursos para supervisar y promover estos cambios. Además, de los estudios indispensables para afinar los detalles de las propuestas aquí sugeridas, se requerirán, seguramente, ajustes y negociaciones particulares para materializar los cambios propuestos. En ausencia de esta unidad, se hará más difícil avanzar en estas soluciones. La experiencia que se acumule durante este proceso permitirá evaluar si esa unidad debe mantenerse una vez producidos los cambios o si debe disolverse.
La nueva institucionalidad propuesta por el Panel para la educación de gestión pública es suficientemente flexible para introducir, en caso de necesidad, correcciones al diseño propuesto. Además, tiene la virtud de mantener un vínculo local, de entregar a la educación de gestión pública una orientación de largo plazo y de aportar competencias que en la actualidad no están presentes en los sostenedores. Este cambio permitirá validar y potenciar las propuestas que el Panel hiciese en su primer informe sobre fortalecimiento de las capacidades docentes.
Por último, teniendo presente que en la educación de gestión pública existe una serie de liceos de tamaño apropiado y de aceptable calidad, el panel sugiere, a vía experimental, asignar a esas comunidades educativas las responsabilidades y decisiones sobre la operación. En estos casos habría que definir con precisión las atribuciones de los directores y sus responsabilidades, considerando que con esta descentralización adicional no se pierdan las ventajas del funcionamiento en redes.
Publicado por: jjbrunner
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