La eficiencia analiza la cantidad de recursos empleados para la fabricación de un bien o la provisión de un servicio, la eficiencia competitiva compara la eficiencia entre dos empresas u organizaciones para la fabricación de un bien o la provisión de un servicio, equivalentes.
Recientemente, el señor Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha trasladado a la opinión pública (y suponemos que a la ya constituida Comisión de Expertos) su tesis de que la universidad pública española es manifiestamente ineficiente. Encaja su discurso a las mil maravillas con ese dogma de algunos liberales, llenos de fe y escasamente analíticos, respecto al funcionamiento de lo público y lo privado: lo público es, por definición, ineficiente, y lo privado eficiente, aunque haya, en muchos casos, datos que lo desmientan. O, lo que es lo mismo, si la ineficiencia se gestiona privadamente, ya se repercutirá en los precios a los usuarios o en los cánones al sector público -¡y aquí no ha pasado nada!-. Hay bastantes ejemplos y muy recientes: conciertos de sanidad hospitalaria, concesiones de autopistas, gestión de festejos deportivos varios, etcétera.
En nuestro caso, hace más de 20 años –desde la extensión del estado del bienestar en España- que nos interrogamos críticamente sobre la necesidad de que el acceso a los servicios fundamentales para los ciudadanos que configura el Estado del bienestar, requiera necesariamente su provisión pública. En nuestra opinión, no es imprescindible, y estamos convencidos de que la introducción de señales claras sobre la eficiencia y la eficacia a los provisores de los servicios públicos mejoraría enormemente su funcionamiento, como por ejemplo: la introducción de la libre elección de muchos servicios básicos por los ciudadanos y el desarrollo de mecanismos de competencia interna entre unidades públicas de provisión, e incentivos asociados a la productividad institucional o individual.
Pero lejos de abordar este debate con rigor, como en muchos países europeos, preferimos el campo mediático, que la política maneja a la perfección y donde la repetición suficiente del “argumentario” interesado, desde una u otra de las dos orillas y sus sucesivas replicas en los medios, acaba convirtiéndose en la realidad en si misma. Es un juego peligroso y atroz, que viene esterilizando la política española en temas cruciales, de Estado, desde hace demasiados años: la realidad importa poco, importa como la contemos para que favorezca a nuestros intereses, hasta deformarla. En cualquier caso, somos de los que pensamos que la realidad es muy tozuda y acaba siempre sacando la cabeza. Y esta crisis es un buen ejemplo de ello.
Analicemos algunos datos del vapuleado Sistema universitario español. España tiene matriculados aproximadamente 1.240.000 estudiantes universitarios presenciales, de los que 1.115.000 estudian en 47 universidades públicas presenciales y 125.000 en 23 universidades privadas presenciales. Curioso, en los últimos 15 años, no se ha creado en España ninguna universidad pública y sin embargo se han creado más de una decena de privadas, con un tamaño que en ningún caso superan los 13.000 estudiantes. ¿Les dice esto algo a los que opinan que sobran universidades en España?
Las universidades públicas presenciales recibieron en 2011 unos ingresos por subvenciones anuales y tasas, que agregadamente ascendieron a 6.984 millones de euros (un 1,75% más que en 2008), las universidades privadas cobraron en concepto de honorarios académicos por los servicios de educación superior que proporcionaron a sus alumnos 966 millones de euros (un 26% más que en 2008). Si queremos calcular los recursos que las universidades públicas presenciales reciben para prestar servicios educativos, debemos excluir de la financiación total, la asociada a la capacidad investigadora del profesorado de la universidades públicas (un 33% de la capacidad laboral de los profesores con categoría de doctor), si hacemos esa operación las universidades públicas presenciales han recibido en 2011, 5.707 millones de euros para prestar servicios de educación superior.
No hablamos de “costes de producción”, hablamos de recursos públicos o privados requeridos a los usuarios y a las administraciones educativas para prestar un servicio de educación superior (en todo caso, hablamos del coste para los usuarios y los financiadores públicos). Los “costes de producción” son necesariamente diferentes en cada organización/empresa productiva, y han de ser inferiores a los precios (o a los precios, más la subvención por alumno, en las públicas) si no se quiere incurrir en déficit o en pérdidas.
El gráfico muestra el resultado de los recursos anuales requeridos por las universidades públicas y privadas por alumno y rama de enseñanza, en universidades públicas y privadas presenciales:
Fuente: MEC (2012), Presupuestos Universidades Públicas (2011) y Webs Universidades Privadas (2012).
De ello se derivan algunas conclusiones relevantes:
-Para proveer conjuntamente servicios educativos y de I+D+i, las universidades privadas presenciales utilizan por término medio un 24% más de recursos anuales por alumno que las públicas presenciales. Estas últimas producen además el 96,7% (IUNE, 2012) de la producción científica universitaria española.
-Para proveer servicios educativos equivalentes, las universidades privadas presenciales, utilizan por término medio un 53 % más de recursos anuales por alumno que las universidades públicas presenciales.
-Desde un análisis de eficiencia, es también necesario considerar que las universidades privadas tienen una tasa de rendimiento docente (créditos aprobados/matriculados) que es un 19% superior (CRUE, 2010) a la de las universidades públicas, aunque también es cierto que desconocemos si los niveles de exigencia académica de públicas y privadas son equiparables, aunque podemos intuir diferencia notables entre universidades.
Insistiremos, dado que el “argumentario Wert” se sigue repitiendo machaconamente en los medios, que las estadísticas internacionales disponibles (OCDE, 2011) sobre rendimiento académico en los estudiantes de educación superior revelan que un 79% de los universitarios españoles obtienen su diploma en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE, y que la tasa de abandono universitaria, en las estadísticas regionales disponibles no supera el 12%. (no sabemos de donde sale el dato nacional del 30% de abandono del sistema universitario, y del 16% en la media de los países europeos). Como ya explicamos en su día, el cálculo del profesor Dolado, que es el que ha puesto números a ese pretendido “despilfarro” de 2.960 millones en el sistema universitario español, es erróneo pues se refiere al abandono de titulaciones por los estudiantes, no de la universidad, e incorpora el coste por el alargamiento de la presencia de los estudiantes para culminar sus estudios, más allá de la duración teórica de los planes de estudio.
En conclusión, y volviendo al núcleo de la cuestión, la eficiencia competitiva de las universidades públicas presenciales en la provisión de servicios de educación superior tiene ventaja comparativa respecto a las de las universidades privadas, sin entrar a valorar los niveles de calidad formativa comparativa entre ambas. Las universidades públicas presenciales son, hoy por hoy, unidades organizativas más eficientes que las privadas para proveer de servicios educativos, utilizan de menos recursos de la sociedad (públicos y privados) para gestionar la organización docente que requiere la prestación de la educación universitaria. Y esto es así, son los datos.
Esta situación pone de manifiesto algo que no es irrelevante: la actual gobernanza de las instituciones públicas universitarias, consigue proporcionar a la sociedad servicios de educación superior con menos recursos por alumno que las universidades privadas. ¿Es por ello todavía peor la gobernanza de las universidades privadas, que la de las públicas? ¿No resulta paradójica esa fama de malos gestores que tienen los rectores de las universidades públicas, con estos resultados de eficiencia comparativa? Y ello, sin poder contratar libremente al profesorado y al resto de personal, ni fijar sus retribuciones e incentivos, teniendo una regulación rigidísima para manejar las obligaciones laborales, la movilidad, los contratos de servicios, suministros y obras, la gestión económica, etc.
Creemos que hay muchas cosas que reformar en la universidad española, la gobernanza también, pero necesitamos un análisis racional, preciso, objetivo y lúcido de los problemas, soportado con estadísticas, no con impresiones, con datos, no con opiniones ocurrentes. Y no necesitamos para nada una descalificación general del sistema, que no se corresponde objetivamente con el balance de recursos/resultados que muestran las estadísticas internacionales, ni los estudios ya existente de rentabilidad social y económica de la universidad españolas (IVIE, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012). Y es imprescindible que esto sea así de coherente y riguroso, porque estamos hablando de educación y de universidad: educación superior + investigación + transferencia del conocimiento, y en ello nos va el futuro como sociedad.
Juan Hernández Armenteros (Universidad de Jaén) y José Antonio Pérez García(Universidad Politécnica de Valencia), son economistas y expertos en financiación universitaria.
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