Se está produciendo una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años fue una causa social, ahora la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad.
Nos cuenta Noami Klein, en su libro La Doctrina del Shock, que Milton Friedman, gran gurú y líder intelectual del capitalismo de libre mercado, afirmaba que las inundaciones y la catástrofe provocadas por el huracán Katrina en 2005 eran una tragedia, pero también “una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”: en lugar de reconstruir y mejorar el sistema de educación pública de Nueva Orleáns, entregar cheques escolares a las familias, para que estas pudieran dirigirse a escuelas privadas. La Administración de George W. Bush apoyó sus planes y en menos de 19 meses, en contraste con la parálisis con que se repararon los diques, las escuelas públicas de Nueva Orleans fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas chárter, escuelas originalmente creadas y construidas por el Estado que pasaron a ser gestionadas por empresas privadas según sus propias reglas. De 123 escuelas públicas, sólo quedaron cuatro. Los maestros y las maestras de la ciudad fueron despedidos. Algunos de los profesores más jóvenes volvieron a trabajar para las escuelas chárter, con salarios reducidos. La mayoría no recuperaron sus empleos.
Estos ataques organizados contra los servicios públicos, aprovechando crisis provocadas para generar “tales oportunidades de negocio”, es lo que Klein denomina capitalismo del desastre. En España, el PP está aprovechando la “oportunidad” de la crisis para consolidar el saqueo de la educación pública, siguiendo las propuestas de Friedman de actuar con rapidez, para imponer los cambios rápida e irreversiblemente. Estimaba que una administración disfruta de seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes generando un estado de shock en la población que facilite el “tratamiento de choque” del programa de ajuste. Aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo de salida a reformas económicas y sociales de corte radical, pues se tiende a aceptar esos “tratamientos de choque” creyendo en la promesa de que salvarán de mayores desastres.
El ministro Wert ha iniciado así una educación de desastre que apunta de forma persistente a recortar la extensión del derecho a la educación pública para toda la ciudadanía. Apuesta, como dice el profesor Viñao, por la exclusión de una cierta parte de quienes han sido incluidos, en el último medio siglo, en el proceso de escolarización creciente de la población. Mediante estrategias que están siendo reforzadas: el endurecimiento de las exigencias para promocionar, fortaleciendo así el carácter selectivo, incluso en los niveles obligatorios; la consolidación de itinerarios o ramas paralelas a edades cada vez más tempranas; la segregación en forma de grupos de clase según capacidades; el establecimiento de diferenciaciones competitivas relevantes entre centros docentes de un mismo nivel, etapa o ciclo obligatorio ―centros de excelencia, bilingües, etc.
Estrategias que se ven acompañadas simultáneamente de la reformulación del principio de gratuidad, mediante la extensión de los conciertos o subvenciones a la enseñanza privada, la implantación de los cheques o bonos escolares, introduciendo sistemas de re-pago, aduciendo que es necesario asumir la “responsabilidad” del coste real de la educación.
Debemos combatir este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda, reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de todos y todas
Por otra parte, se busca también consolidar y aumentar la diferenciación de las dos redes de educación. El sector público centrado en atender a quienes sean rechazados por el sector privado o no hallen acomodo en el mismo, y dar servicio en aquellas zonas, como las rurales, que no son rentables para la iniciativa privada. Permanecerá así la Educación Pública como una red subsidiaria de la privada, de cuya financiación se desentienden progresivamente el Estado y las Comunidades Autónomas, con progresivos recortes: reduciendo el número de profesorado e incrementando el número de alumnado por profesor, las horas lectivas del profesorado; la desaparición o reducción de programas de refuerzo o apoyo, desdobles y atención a la diversidad, tutorías, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, comedores y actividades extraescolares, etc. Recortes acompañados, ante la oposición de la comunidad educativa, de una campaña de criminalización de toda protesta y de descrédito del profesorado y de los sindicatos.
Mientras, se fomenta el proceso de privatización educativa, mediante la cesión de suelo público o la adjudicación directa a empresas de la explotación de centros públicos; la creación de zonas únicas de escolarización (eliminando el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de todo el alumnado a la hora de la matriculación), la ampliación de los criterios de los centros concertados para seleccionar a su alumnado, el establecimiento de mecanismos para financiar públicamente más tramos de la enseñanza privada como la educación no obligatoria (la concertación de todo el Bachillerato) o las desgravaciones fiscales para quienes lleven a sus hijos e hijas a colegios privados.
En paralelo se extienden medidas de privatización de la red pública mediante la introducción de técnicas de gestión de la empresa privada en la dirección y organización de los centros educativos, con sus indicadores de resultados medibles, lo cual permite establecer sistemas de “rendición de cuentas” y "rankings comparativos”, así como la gestión “flexible” desde la dirección/gerencia de los “recursos humanos” (facilitado con la actual reforma laboral) o el establecimiento de fórmulas contractuales (contratos-programa) de “gestión por objetivos” y “pago por resultados” para la financiación y sostenimiento de los centros (dar más a las escuelas o al profesorado que mejores resultados académicos obtienen). Medidas de comercialización que avanzan en la utilización de los centros por empresas privadas que llevan a cabo actividades lucrativas complementarias en horario escolar o fuera del mismo; el fomento de la financiación externa (publicidad, alquiler de locales, patrocinio privado, máquinas expendedoras de productos, etc.) que convierten al centro docente en un espacio más comercial que educativo; la externalización o subcontratación de actividades extraescolares, comedores, formación del profesorado, la evaluación de los centros, etc.
Se está produciendo así una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años la educación fue una causa social, ahora la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad. La formación y el conocimiento se convierten en un bien privado, en una ventaja competitiva para insertarse en el futuro mercado laboral. Las nociones de igualdad, emancipación y democracia han sido remplazadas por un discurso de excelencia, autonomía financiera y reducción de costes.
Debemos combatir este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda, reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el derecho a la educación de todos y todas, que cubra la necesidades de plazas escolares de todo el conjunto de la población y con la suficiente calidad en cada centro para que toda la población pueda recibir el máximo posible de oportunidades en su aprendizaje y desarrollo personal y profesional.
Todo esto no es posible con el brutal recorte de los Presupuestos en Educación al que estamos asistiendo a nivel estatal y autonómico de la mano de los últimos gobiernos. En cualquier caso es imprescindible que se garantice la suficiencia de recursos para afrontar las medidas planteadas, asegurando alcanzar el 7% del PIB en gasto público educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Ahora, más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de lo público como garante de nuestros derechos sociales. Y en ese empeño, debemos construir colectivamente un discurso sólidamente fundamentado que se contraponga y contrarreste el lenguaje neorwelliano dominante de PP, que con su ambigua retórica (libre elección de centro, gobernanza…) oculta intereses neoliberales puramente mercantilistas, buscando convertir este derecho en una oportunidad de negocio (mueve dos billones de euros anuales a nivel mundial, según datos de la UNESCO), a la vez que perpetúa un modelo social neoconservador segregador y excluyente, que refuerza los aspectos más autoritarios, competitivos, academicistas y religioso-confesionales.
Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León y coordinador Federal del Área de Educación de IU
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