11 de maio de 2012

Denuncian violación de derechos en cárceles de América Latina


 

EFE

La superpoblación, la corrupción y la falta de mecanismos de control y servicios básicos en las cárceles de América Latina fomentan una “violación sistemática” de los derechos humanos de los presos, denunció hoy la CIDH.
El primer informe sobre Personas Privadas de Libertad de 2011, publicado este jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destaca que el hacinamiento en las prisiones es el problema más grave, que afecta a “la absoluta mayoría de los países de la región”.
Ese problema se encuentra detrás de muchas de las tragedias que suceden en las prisiones latinoamericanas, como los incendios de los últimos meses en Honduras, aunque la violencia entre reclusos es también otro factor importante, como es el caso de Venezuela.
Ese tipo de incidentes se ven empeorados por una falta notable de prevención, que da como resultado altos números de muertes, denuncia el organismo de la OEA sin brindar cifras globales.
Así, en Honduras el 14 de febrero murieron 360 reos y una mujer que visitaba a su marido en la Granja Penal de Comayagua (centro) y otros trece en el presidio de San Pedro Sula (norte), el 29 de marzo, debido a incendios.
“La CIDH observa que un número importante de muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de la región se producen como resultado de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades”, detalla el informe de 245 páginas.
El documento llama también la atención sobre los altos índices de violencia carcelaria, como en Venezuela, donde los niveles llegan a ser “alarmantes” y desde el 2005 hasta el 2009 se registraron riñas y peleas que dejaron 1.865 muertos y 4,358 heridos.
En otros países, como Colombia, México, Guatemala, Honduras, Bolivia o Paraguay, existen prisiones fuera del control efectivo de las autoridades en las que los presos se autogestionan.
La tortura está también presente con fines de investigación criminal en países como Brasil, Ecuador, México y Paraguay, denuncia la Comisión, que no obstante expone al penal militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, como el “ejemplo paradigmático”.
El informe denuncia también problemas como la corrupción o la falta de servicios básicos, tras “décadas de desatención” por parte tanto de la sociedad como de los gobiernos.
La falta de políticas públicas y la especial situación de vulnerabilidad de los presos hace, según señala la CIDH, que “las condiciones en las que se mantiene a estas personas se caractericen por la violación sistemática de sus derecho humanos”.
La Comisión recomienda a los Gobierno adoptar políticas penitenciarias integrales que permitan investigar la corrupción, fomenten la rehabilitación de los presos y unas condiciones dignas que permitan controlar de manera eficiente los centros carcelarios.
El informe subraya que es “imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades”, hechos -dice- que se registran en la mayoría de los países de la región.
La CIDH subraya que el hecho de que la población carcelaria sea significativamente joven hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, ya que pueden tener “una vida productiva por delante”.
De no ser así, señala, ese segmento de la sociedad “corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal”.
Por otra parte, la CIDH advierte de las consecuencias del “trato denigrante o arbitrario” por parte de las autoridades hacia los familiares de los reclusos, ya que “es un factor que incrementa sensiblemente los niveles de tensión y estrés en la población reclusa, y ésto puede derivar en hechos de violencia o en manifestaciones de protesta.
El organismo de la OEA también insta a los Estados a promover una política de prevención de este tipo de actuaciones ”inhumanas y degradantes“, sobre lo cual propuso desarrollar ”campañas públicas de repudio a la tortura y a la cultura de violencia e impunidad“.

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