Carlos A. Moreno
Río de Janeiro, 9 dic (EFE).- Las protestas que sacudieron Brasil este año obligaron al Gobierno y al Congreso a modificar sus planes para atender las exigencias de millones de brasileños que salieron a las calles para reclamar mejores servicios públicos.
Las manifestaciones comenzaron el 10 de junio en Sao Paulo y Río de Janeiro, las mayores ciudades del país, en protesta por el aumento de 20 centavos de real (unos 9 centavos de dólar) en los pasajes de autobús, finalmente revocado.
Pero en pocos días se extendieron a cientos de ciudades y llegaron a movilizar hasta 1,3 millones de personas en una sola jornada, en una demostración de que habían dejado de ser actos espontáneos convocadas por las redes sociales.
"No es sólo por 10 centavos", decían las pancartas para dejar claro que las exigencias se habían ampliado y que las marchas reclamaban mejores servicios públicos, principalmente de salud, educación y transportes, pero también medidas contra la corrupción y el despilfarro de recursos públicos en eventos como el Mundial 2014.
"La causa fue la insatisfacción reprimida, la frustración...una suma de factores que hizo que un grupo grande de población reclamara de forma sorprendente y espontánea mejoras en los servicios públicos", dijo a Efe el sociólogo Jorge Werthein, presidente del Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (Cebela).
Las protestas tomaron por sorpresa a Brasil, visto como modelo por sus programas contra la pobreza, generaron temores entre los inversores y dejaron maniatados a los políticos, rechazados por los manifestantes con pancartas como "no nos representan".
La presidenta Dilma Rousseff las atribuyó a una política que en diez años ha permitido que 36 millones de brasileños salieran de la pobreza y que 40 millones llegaran a la clase media.
Esa nueva clase media, ahora mayoritaria según la gobernante, dejó de reclamar empleo y medidas contra la pobreza y ahora tiene otra prioridad, como mejores servicios de salud y educación.
Las protestas demostraron que "salir de la miseria da inicio a otras demandas", dijo Rousseff en una entrevista con el diario español El País.
Los gobiernos regionales respondieron al clamor de las calles con medidas concretas, como la reducción del precio de los pasajes de autobús, y la jefe del Estado tardó algunos días para reaccionar.
El 24 de junio, tras reunirse con los gobernadores regionales, alcaldes de las mayores ciudades y líderes del Congreso, Rousseff anuncio cinco pactos nacionales para responder a las demandas.
El Gobierno aprovechó para incluir entre las medidas algunas que estudiaba desde meses antes, como la contratación de médicos extranjeros para atender áreas carentes de asistencia, y otras que el Congreso se negaba a discutir, como la reforma política y electoral.
"Propusimos acciones concretas y hasta ahora hemos cumplido", dijo recientemente Rousseff al hacer un balance de las medidas.
Sobre el pacto para el transporte urbano, la presidenta citó las inversiones por valor 140.000 millones de reales (unos 63.640 millones de dólares) en proyectos para el metro, los trenes metropolitanos y corredores de autobuses.
En cuanto al pacto por la educación, recordó que el Gobierno convenció al Congreso para aprobar un proyecto de ley que destina el 75 % de las regalías petroleras a la educación, lo que garantiza recursos adicionales por valor de 112.000 millones de reales (50.900 millones de dólares) para el sector en los próximos diez años.
Las medidas del pacto para la salud son las que más han avanzado, según ella, con la contratación hasta ahora de 6.600 médicos para un programa que prevé el envío hasta marzo del próximo año de 12.996 profesionales de la salud a las áreas más pobres y aisladas del país para atender a 22,7 millones de personas.
El pacto con menos avances es el de la reforma política, que quedó en manos de una comisión del Congreso, ya que Rousseff no pudo imponer su idea de promover estos cambios por plebiscito.
Pese a la lentitud para discutir la reforma política, el Congreso prácticamente fue obligado por los manifestantes a aprobar leyes de transparencia y lucha contra la corrupción, como la que pone fin al voto secreto en el Parlamento.
Para Werthein, esas respuestas demostraron la fuerza de las manifestaciones y "el descubrimiento de la sociedad de una nueva forma de hacer política y luchar por sus reivindicaciones".
El presidente del Cebela admitió que algunos actos de violencia de grupos infiltrados restaron legitimidad a las protestas, pero agregó que no cree que las manifestaciones como nueva forma de hacer política sean algo pasajero en Brasil. EFE
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