La OEA afirmó que en la región se cometen dos tercios de los plagios del mundo. Y agregó que en 2010 asesinaron a 130 mil personas, es decir, una cada tres minutos
"El crimen y la violencia matan en nuestra región a más gente que el sida o cualquier otra epidemia conocida y destrozan más hogares que cualquier crisis económica que hayamos sufrido", sentenció el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, durante un foro regional.
"La situación ha llegado a tales extremos que hoy debemos reconocer que la falta de seguridad no sólo afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino que constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al estado de derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas", insistió.
En sintonía, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Canton, recordó que, de acuerdo con las estadísticas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con peores datos recogidos de homicidios por cada 100 mil habitantes. Y aprovechó la ocasión para cuestionar la tendencia a recurrir a la "mano dura" y advirtió de que "esta política está concentrando el tema de seguridad ciudadana en los aspectos represivos y de prevención del delito".
Por su parte, el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, recalcó además las tendencias que se evidencian en las encuestas nacionales y regionales, en las que se ha identificado que el tema de la inseguridad y la delincuencia pasó a ser "el principal problema de la región, por encima incluso del desempleo".
"La combinación de factores constituyen el circulo de riesgo de la inseguridad pública para la democracia", señaló Rico, coincidiendo con el embajador de Costa Rica ante la OEA, José Enrique Castillo, quien opinó que sin seguridad ciudadana no puede haber pleno goce de los derechos humanos ni puede haber democracia o desarrollo.
"La inseguridad puede poner en riesgo los pilares de la gobernabilidad democrática, abriendo las puertas a posturas autoritarias, al desconocimiento de los mecanismos institucionales y a la emergencia de frentes políticos que basan su discurso y apoyo popular en la mano dura o el populismo punitivo", concluyó Rico
En tanto, Luis Menéndez, embajador alterno de El Salvador ante la OEA, afirmó que su país pretende que la Declaración de San Salvador que se aprobará en la 41 Asamblea General, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la capital salvadoreña, obtenga "un balance entre las políticas públicas y las acciones de prevención, el combate del delito, la rehabilitación y la reinserción, la asistencia a víctimas y el fortalecimiento institucional".
"La situación ha llegado a tales extremos que hoy debemos reconocer que la falta de seguridad no sólo afecta directamente a la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino que constituye también una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al estado de derecho y al desarrollo de todos los países de las Américas", insistió.
En sintonía, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Canton, recordó que, de acuerdo con las estadísticas, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con peores datos recogidos de homicidios por cada 100 mil habitantes. Y aprovechó la ocasión para cuestionar la tendencia a recurrir a la "mano dura" y advirtió de que "esta política está concentrando el tema de seguridad ciudadana en los aspectos represivos y de prevención del delito".
Por su parte, el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, recalcó además las tendencias que se evidencian en las encuestas nacionales y regionales, en las que se ha identificado que el tema de la inseguridad y la delincuencia pasó a ser "el principal problema de la región, por encima incluso del desempleo".
"La combinación de factores constituyen el circulo de riesgo de la inseguridad pública para la democracia", señaló Rico, coincidiendo con el embajador de Costa Rica ante la OEA, José Enrique Castillo, quien opinó que sin seguridad ciudadana no puede haber pleno goce de los derechos humanos ni puede haber democracia o desarrollo.
"La inseguridad puede poner en riesgo los pilares de la gobernabilidad democrática, abriendo las puertas a posturas autoritarias, al desconocimiento de los mecanismos institucionales y a la emergencia de frentes políticos que basan su discurso y apoyo popular en la mano dura o el populismo punitivo", concluyó Rico
En tanto, Luis Menéndez, embajador alterno de El Salvador ante la OEA, afirmó que su país pretende que la Declaración de San Salvador que se aprobará en la 41 Asamblea General, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la capital salvadoreña, obtenga "un balance entre las políticas públicas y las acciones de prevención, el combate del delito, la rehabilitación y la reinserción, la asistencia a víctimas y el fortalecimiento institucional".
Nenhum comentário:
Postar um comentário