Foco Económico
Recientes entradas en este blog, como las de Ignacio Munyo, Adriana Camacho y Dario Maldonado, han tratado de una u otra forma el tema de delincuencia juvenil. Todos han resaltado la tendencia creciente en las tasas de arrestos de jóvenes en el mundo, posibles factores que han influido en su aumento, los costos de largo plazo que el involucramiento a edades tempranas en actos criminales puede traer y algunas medidas que podrían llegar a ser efectivas para tratar el problema. Para Colombia este es un tema particularmente espinoso dado que, al igual que en Uruguay, existe un aumento importante en la participación de jóvenes en actos criminales. Por ejemplo, un caso bastante divulgado y bastante aterrador para mi punto de vista es el hecho que, el presunto responsable de colocar y activar la carga contra el vehículo del exministro Fernando Londoño en Bogotá a mediados de este año es un joven de tan solo 16 años de edad, identificado con el alias de ‘Piloto”.
Por tal motivo, hoy quiero complementar estas entradas resaltando dos estudios recientes para Colombia sobre el tema. El primero está relacionado con el posible impacto generado por los cambios en legislación que se han venido dando en la región. Países como Brasil, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Panamá entre otros (Beloff 2006) han reformado sus sistemas penales para poder incorporar los principios planteados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) aprobada en el año 1989. A través de estas reformas se busca, en diferentes grados, reconocer que los niños y jóvenes gozan tanto de derechos como de responsabilidades basadas en su estado de madurez. De acuerdo a Benavides (2012), los modelos de responsabilidad penal adolescente introducidos en América Latina asumen que “los adolescentes pueden ser responsables de sus actos y, por tanto, pueden ser sometidos a una investigación penal en la que se determine su responsabilidad con el respeto de todas las garantías y derechos que están previstos para las personas adultas. Sin embargo, se trata de un régimen especial dadas las diferencias de madurez entre las personas adolescentes y las personas adultas.”
La introducción de estos cambios se ha traducido en términos prácticos en la disminución de los costos en términos de castigo al que están sujetos los niños y jóvenes de nuestros países por involucrase en actos criminales. Para nosotros los economistas la implicación de medidas como esta son claras: al reducir el castigo, manteniendo todo lo demás constante, el crimen debe aumentar. Ibáñez et al. (2012) muestran que para Colombia existe evidencia que esta reducción en el castigo efectivamente se ha reflejado en un aumento en las tasas de crimen particularmente en municipios en donde existe una alta proporción de jóvenes residiendo en ellos. En particular, desde la introducción del sistema de responsabilidad penal de adolescentes (SRPA) en el 2006 la elasticidad de las tasas de robos a la proporción de jóvenes viviendo en las capitales de los departamentos aumento a valores entre 4 y 9. Por el contrario la elasticidad de homicidios a la proporción de jóvenes no cambio. Esto es de esperar dado que para crímenes como homicidio, secuestro y extorsión los castigos no variaron significativamente con la introducción del nuevo SRPA. De hecho, lo que parece estar ocurriendo en Colombia es que las bandas criminales están usando a los menores como trabajadores ideales dentro de los grupos para cometer delitos aprovechando el hecho que la ley no los castiga a ellos.
Implica esto que deberíamos retroceder y endurecer las medidas de castigo a jóvenes que comentan crímenes llegando incluso a incrementar el uso de medidas de privación de la libertad? La respuesta no es sencilla y yo me inclinaría por el no. Como lo mencionó Ignacio Munyo, algunos estudios en el mundo han mostrado que la cárcel es una escuela de ladrones, haciendo en muchos casos que el remedio sea peor que la enfermedad. También existe evidencia de esto para nuestra región. Romero (2012) muestra que para Colombia, aquellos jóvenes castigados con privación de libertad tienen una probabilidad entre un 11% y un 17% mas alta de reincidir que otros jóvenes, muy similares, que fueron castigados con otras medidas como trabajo en comunidad, multas u amonestaciones.
Así, aunque si existe un trade-off claro entre los niveles de castigo que debemos aplicar a jóvenes inmaduros y las tasas de participación en el crimen de este grupo, no considero que aumentar el castigo sea la solución. Creo que el problema fundamental que está ocurriendo en Colombia, y probablemente en otros países de la región, es que se introdujeron los cambios en los sistemas penales manteniendo todo lo demás constante. Es decir sin llevar a cabo políticas complementarias que de alguna forma incrementaran el castigo o redujeran el beneficio de participación juvenil en el crimen. Algunos ejemplos de políticas que tendrían efectos inmediatos del lado de los costos serían incrementar las penas a adultos que involucren a jóvenes en sus bandas criminales y/o asegurarse que testimonios de menores de edad puedan ser utilizados como pruebas en contra de los mayores de edad en sus bandas criminales. Es importante también fortalecer el sistema penal para que otro tipo de castigos o amonestaciones a jóvenes delincuentes sean efectivamente aplicados como por ejemplo trabajo comunitario. Las políticas que busquen disminuir los beneficios de involucrarse en el crimen son las sospechosas de siempre. Políticas educativas que disminuyan la deserción escolar o que busquen mantener a los jóvenes fuera de las calles por ejemplo con jornadas educativas completas (algo que al menos en Colombia es un privilegio mayoritariamente de jóvenes de estratos altos) reducirían las probabilidades del involucramiento de jóvenes en actividades criminales.
Referencias
Mary Beloff. “Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina”. En Justicia y Derechos del Niño No. 8 (2006).
Benavides (2012). “Política Criminal y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente” Ministerio de Justicia y del Derecho, Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano, Bogotá, febrero de 2012
Ibáñez, Ana Maria; Catherine Rodriguez y David Zarruk (2012) “Crime and Punishment: Evidence for Colombian Youth” Manuscrito CEDE, Universidad de los Andes.
Romero, German (2012). “Crimen y Castigo: Efectos de la privación de libertad sobre la reincidencia.” Tesis PEG, universidad de los Andes.
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